Días pasados, el Gobierno presentó el proyecto de ley surgido del Diálogo Social para habilitar una causal de jubilación anticipada para trabajadores de 60 años o más que acrediten al menos 30 años de servicios reconocidos.

La propuesta establece una opción voluntaria de retiro a partir de los 60 años, sin eliminar los 65 años como edad general de jubilación. Quienes opten por esta modalidad no podrán volver a trabajar en la actividad formal mientras perciban la prestación, mientras que quienes continúen trabajando hasta los 65 años o más mantendrán incentivos para acceder a una jubilación de mayor monto.

El proyecto también prevé medidas de protección para los trabajadores de menores ingresos y modificaciones en el cálculo del suplemento solidario, vinculadas al Índice Medio de Salarios (IMS) y al Índice de Precios al Consumo (IPC).

En ese marco, el integrante del Equipo de Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social (ERT-BPS), Carlos Clavijo, manifestó que el movimiento sindical respalda las propuestas que impliquen avances en materia de derechos. “El proyecto va en el camino de contemplar lo que se discutió en el Diálogo Social, más allá de que queríamos otra cosa, pero es un avance”.

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Entre los aspectos que destacó del proyecto del Poder Ejecutivo, mencionó la revisión de los plazos para el reconocimiento de servicios anteriores al inicio de la historia laboral en 1996 y los cambios relativos a la jubilación por incapacidad total, un derecho que, según señaló, “había sido recortado por la Ley 20.130”.

Al respecto, explicó que, bajo las condiciones previstas en esa norma, si una persona tenía causal de jubilación común, continuaba trabajando y luego se incapacitaba, debía jubilarse por la causal común y no por incapacidad física. Esta última modalidad, agregó, “puede representar un incremento de entre un 20% y un 25% respecto de la jubilación común, según las condiciones correspondientes”.

En cuanto a la causal que habilitaría la jubilación a los 60 años, Clavijo consideró que la propuesta se aproxima a lo que se pudo acordar en el Diálogo Social. “El movimiento sindical había planteado volver todas y todos a las mismas condiciones que antes de la Ley 20.130. De todas formas, va a dar la libertad para jubilarse a los 60 años para todas y todos en diferentes condiciones; un 30% va a tener una jubilación igual o superior al régimen anterior, por lo que es un avance”, señaló.

Clavijo adelantó que, cuando el PIT-CNT comparezca ante el Parlamento para expresar su posición sobre la iniciativa, procurará “enriquecer el texto”. Entre otros planteos, la central sindical propondrá que “el trabajo sea compatible con el acceso a la causal anticipada”, una posibilidad que no contempla el proyecto del Gobierno, pero que sí existe para quienes se jubilan a los 65 años.

Asimismo, durante la discusión parlamentaria en comisión, el PIT-CNT planteará “aumentar la tasa de reemplazo”, es decir, el porcentaje de los ingresos laborales que se percibe como jubilación, “fundamentalmente en algunos colectivos que son los más postergados”.

“Queremos enriquecer este proyecto, pero en realidad ya es un avance para lo que hay, porque la Ley 20.130 nos expropió cinco años de nuestra vida y recortó derechos”, remarcó.

Derecho a elegir

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, valoró positivamente la propuesta de habilitar la jubilación anticipada a los 60 años, con 30 años de aportes.

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“El trabajador tiene el derecho a elegir si así le conviene, dependiendo de su situación de salud y de su propia vida laboral, jubilarse a los 60 años. Esto es una conquista y un principio general que amplía la libertad de decisión de cada trabajador”, afirmó.

Abdala destacó que esta causal resulta especialmente relevante para quienes tienen entre 60 y 65 años y se encuentran en seguro de paro o desocupados, ya que suelen quedar al margen del mercado laboral y sin ingresos estables.

Sostuvo que los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social “están para cumplirse” y recordó que las propuestas surgieron de una instancia de negociación entre el Gobierno, los trabajadores y las cámaras empresariales.