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Fundación UNTMRA y DINALA refrendaron acuerdo
Inclusión y segundas oportunidades
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UNTMRA y DINALA

Este martes 28 de octubre, la Fundación UNTMRA y la Dirección Nacional de Medidas Alternativas a la Prisión (DINAMA), firmaron un acuerdo de capacitación laboral que beneficiará a unas 500 personas que cumplen medidas alternativas o fueron liberadas del sistema penitenciario. La directora de DINAMA, Patricia Peralta, advirtió que “la cárcel fracasó como sistema” y destacó la necesidad de construir “nuevos caminos de inclusión y segundas oportunidades”.

El proyecto permitirá la capacitación de medio millar de personas en herrería, soldadura, panadería y Sistemas Constructivos No Tradicionales (SCNT), con el objetivo de que poblaciones históricamente expulsadas del mercado laboral puedan acceder a oportunidades de trabajo y avanzar en su inserción social.

El representante de la Fundación UNTMRA y coordinador del proyecto de formación para personas que cumplen medidas alternativas a la prisión, Gerónimo Rodríguez, explicó que la iniciativa implica “brindar talleres de capacitación en distintos rubros como herrería con soldadura, Sistemas Constructivos no Tradicionales, yeso, eléctrica y sanitaria”, entre otros.

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Gerónimo Rodríguez

Rodríguez dijo que se está gestando un taller enfocado en “gastronomía básica, es decir, los fundamentos de seguridad e higiene alimentaria, bromatología y algunos conocimientos prácticos sobre manejo de masas, para la elaboración de productos de pizzería, bollería, chivitería y catering básico”.

El referente de UNTMRA destacó que estas instancias formativas buscan preparar a las personas para el mercado laboral, brindándoles herramientas concretas para acceder a empleos en un contexto social hostil, especialmente para quienes han atravesado situaciones de vulnerabilidad o cargan con el estigma de haber pasado por el sistema penal.

Rodríguez valoró también el trabajo interinstitucional que sustenta el proyecto. “Hay una buena disposición para trabajar en esto y existe una sinergia de actores que fortalece la propuesta. 

La Fundación UNTMRA, un aliado fundamental 

Por su parte, Patricia Peralta, directora de la DINAMA (Dirección Nacional de Medidas Alternativas) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), recordó que durante su gestión al frente del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados se generaron múltiples acuerdos con distintos gremios, destacando el compromiso social del movimiento sindical.

Al referirse a la situación actual, Peralta señaló que el sistema penal uruguayo cuenta con tres grandes etapas: “las medidas alternativas, la prisión y la posterior liberación”, con todas las dificultades que ello implica. 

“Los recursos que tienen las instituciones involucradas no son los que quisiéramos. Siempre hay otras prioridades, pero cuando la sociedad reclama por seguridad, debemos equilibrar la balanza y entender que la cárcel fracasó como sistema. La cárcel no rehabilita, y menos aún en las condiciones actuales, donde Uruguay es el país de América con mayor porcentaje de personas privadas de libertad. Si siempre lo hicimos mal, es hora de hacer las cosas de otra manera”, expresó.

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Patricia Peralta

Peralta informó que unas 10.000 personas cumplen actualmente medidas alternativas a la prisión, de las cuales alrededor de 1.000 utilizan dispositivos electrónicos y son fiscalizadas según lo dispone la justicia. La DINAMA, explicó, tiene la responsabilidad de supervisar al resto de la población, realizando un trabajo individualizado con los técnicos de la institución.

“El objetivo es construir un plan de trabajo acordado con la persona. No creemos en las medidas impuestas. Aunque exista una pena que cumplir, nuestro propósito es generar acuerdos personales y de confianza, para que quienes pasen por nosotros encuentren un camino de inserción real”, sostuvo.

Agregó que el enfoque institucional apunta a superar la lógica del mero control. “Hasta ahora, las personas asistían y no se llevaban nada. Queremos darle un plus a ese paso, porque sentimos una gran responsabilidad. No podemos solos. El Ministerio del Interior, por sí mismo, no tiene las herramientas necesarias para lograr que estas personas desistan del delito y se inserten en la sociedad. Necesitamos aliados, y la Fundación UNTMRA es uno fundamental. También estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, ASSE, la Junta Nacional de Drogas, la Dirección Nacional de Empleo, INEFOP y con empresarios”.

Peralta subrayó que el objetivo es que quienes pasen por la institución “realicen un trabajo concienzudo, analicen su historia de vida y construyan lazos de confianza con los técnicos”. Aclaró que no se obliga a nadie a participar de los cursos. “No forma parte de la pena. Lo que hacemos es trabajar para que las personas comprendan la importancia de aprovechar la capacitación, que no son unas horitas, sino una formación con carga curricular y una herramienta laboral concreta”.

En ese sentido, consideró fundamental atender las problemáticas de consumo, y reclamó mayor coordinación con Salud Pública. “Si no tenemos espacios para derivar a las personas, el trabajo se vuelve imposible. Muchos de nuestros usuarios deben esperar meses para ver a un médico. Esta población necesita aprender a administrar la frustración y la espera. Es un proceso diario”.

Peralta enfatizó que la mayoría de las personas que llegan al sistema penal “no han tenido oportunidades previas, han fracasado la escuela, los centros educativos, la familia y, en definitiva, todos como sociedad”. Por eso, destacó, este tipo de convenios representan “un puntapié inicial”.

“Conocemos las fortalezas del movimiento sindical y valoramos su compromiso. Nuestra institución atiende a 10.000 personas con apenas 150 funcionarios, de los cuales solo 21 son técnicos. Por eso este trabajo conjunto es tan necesario. Si no logramos que la sociedad en su conjunto intervenga, seguiremos reproduciendo los mismos errores”.

Peralta agradeció el apoyo recibido y pidió mayor visibilidad para la tarea de la DINAMA. “Necesitamos voces que ayuden a mostrar lo que hacemos, porque muchas veces no tenemos recursos, ni móviles, ni personal suficiente. Además de nuestra función policial, trasladamos a las personas al médico, a cobrar o a audiencias judiciales. También trabajamos con mujeres con prisión domiciliaria, que no pueden salir de sus casas. Ellas son presos libres bajo tutela del Estado, y debemos pensar cómo capacitarlas y acompañarlas”.

“Estamos convencidos de que este trabajo interinstitucional puede marcar un cambio. La gente somos nosotros. Todos podemos equivocarnos, y todos tenemos la responsabilidad de construir una sociedad que dé segundas oportunidades”, sentenció.