El abogado especializado en derechos humanos y coordinador jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Dr. Pablo Chargoñia, analizó el alcance de la condena al militar retirado Walter Díaz Tito por torturas durante la dictadura y cuestionó las declaraciones del expresidente Julio María Sanguinetti, a las que vincula con una persistencia de discursos de impunidad y negacionismo. A continuación publicamos el texto íntegro de la columna de opinión del doctor Pablo Chargoñia publicada originalmente en la diaria:

La directora del Observatorio Luz Ibarburu y secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, afirmó que en Uruguay persisten “tácticas dilatorias” por parte de los defensores de quienes cometieron delitos durante el terrorismo de Estado, para “garantizar la impunidad de represores condenados por delitos de lesa humanidad” y cuestionó la falta de una política estatal “que posibilite acceder a toda la verdad para impartir justicia”. Además, denunció la “pasividad” de la comunidad internacional frente al “genocidio del pueblo palestino” y reclamó que los gobiernos condenen con firmeza las violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel y Estados Unidos.

Según las autoridades iraníes, en el ataque murieron entre 165 y 180 niñas. Una portavoz de ONU Derechos Humanos recuerda que los bombardeos de instalaciones civiles suponen graves violaciones del derecho internacional humanitario y podrían considerarse crímenes de guerra.

Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron como “regresivos, negacionistas y promotores de impunidad” los proyectos de ley que buscan otorgar prisión domiciliaria automática o excarcelación a condenados por crímenes de lesa humanidad. Advirtieron que las iniciativas constituyen una “afrenta a la memoria de las víctimas, violan obligaciones internacionales del Estado uruguayo y reabren, por otras vías, la lógica de la Ley de Caducidad”.

El presidente de COFE y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, sostuvo que la iniciativa que propone habilitar la prisión domiciliaria para personas de edad avanzada, está "hecho a la medida" para beneficiar a los represores de la dictadura. 

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, el PIT-CNT reafirmó su “compromiso en la defensa y el pleno respeto de los derechos humanos” y remarcó que continúa “exigiendo verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985)”.

La defensora de los derechos humanos, integrante del nodo Uruguay de la Red por el Derecho a la Identidad y ex parlamentaria, Macarena Gelman, destacó la importancia de “sostener la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos humanos frente a los nuevos embates autoritarios”. Sus declaraciones se enmarcan en la presentación de la campaña conjunta entre organizaciones de DDHH de Argentina y Uruguay para encontrar en nuestro país a nietos apropiados durante las dictaduras del Cono Sur. Asimismo, Gelman está participando de distintas actividades reflexivas a 50 años del Plan Cóndor.

En un encuentro desarrollado en el Teatro Solís de Montevideo, la organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció ayer la iniciativa para impulsar el trabajo conjunto entre Argentina y Uruguay para encontrar nietos nacidos entre 1975 y 1983, víctimas del accionar de las fuerzas represivas durante la dictadura cívico-militar.

La abogada especializada en derechos de la infancia y corredactora de la Ley 19.580, señaló que el Estado ignora las obligaciones establecidas por la Ley de Violencia de Género y denunció la falta de presupuesto y voluntad política para su cumplimiento. Rechazó, además, los discursos de odio que pretenden presentarse como “otra campana” frente al feminismo. “No se puede debatir con la ideología del odio”, sostuvo.

La Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT denunció este jueves en conferencia de prensa la “expulsión arbitraria y sin garantías” del ciudadano uruguayo Juan Pedro Martínez Piedrahita desde Argentina, y reclamó al Estado uruguayo la creación de dispositivos de contención ante situaciones de vulneración de derechos humanos a compatriotas en el exterior.

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, reafirmó el compromiso del Gobierno de avanzar decididamente en la búsqueda de verdad y justicia frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Aseguró que conocer el paradero de los detenidos desaparecidos “es un compromiso que, para este Gobierno, no es letra muerta”.

A 40 años del retorno democrático, la lucha por memoria, verdad y justicia sigue más viva que nunca. Ignacio Errandonea, integrante de la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, se refirió a la 30ª Marcha del Silencio, al traspaso generacional de la causa, al compromiso creciente de la juventud, a la importancia del gesto del presidente, Yamandú Orsi, el 1º de marzo, y a las expectativas sobre el nuevo gobierno. Desde las marchas virtuales hasta las margaritas en Japón, su testimonio celebra la siembra de las «viejas» y un futuro que toma la posta con creatividad, dignidad y esperanza.

El abogado especializado en derechos humanos y coordinador jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Dr. Pablo Chargoñia, aseguró que el reciente fallo de la jueza penal Verónica Pena, quien dictó sentencia contra los militares uruguayos Ricardo Arab, José Fernández, Ernesto Soca, Jorge Silveira y Ricardo Medina Blanco, como autores de reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de lesiones graves y de violencia privada especialmente agravada, reviste la importancia de ser “un nuevo pronunciamiento judicial contra uno de los capítulos más horrendos del Plan Cóndor” de coordinación represiva de las dictadura del Cono sur, en la década de los años 70 y 80.