El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ–Uruguay) manifestó su “enorme preocupación” por la firma del convenio entre el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (INISA) y el Ministerio de Defensa Nacional, que prevé la incorporación de jóvenes privados de libertad a talleres de capacitación del Ejército Nacional como parte de las políticas de rehabilitación. “No es tarea de las Fuerzas Armadas la formación de adolescentes privados de libertad”, aseguró SERPAJ.
El convenio de cooperación entre INISA y el Ministerio de Defensa, que contempla un cupo de entre 20 y 30 plazas en cursos ofrecidos por las escuelas técnicas del Ejército, generó el rechazo de distintos sindicatos de la educación y también de organizaciones de derechos humanos, entre ellas SERPAJ.
En ese sentido, la organización señaló que en la formación militar en Uruguay “persiste una cultura institucional autoritaria, que utiliza el temor y la fuerza como herramienta de disciplina, y ha registrado situaciones de humillación que han sido denunciadas”.
“No creemos que estos sean un conjunto de valores y una forma de hacer las cosas que beneficie la formación de los adolescentes”, expresó SERPAJ en un comunicado.
El servicio también manifestó su enorme preocupación por la decisión adoptada por el actual directorio del INISA de firmar este acuerdo, “en lugar de avanzar en convenios orientados a promover el ejercicio de derechos, fortalecer la ciudadanía y la participación, y ofrecer oportunidades educativas diversas, que contemplen distintas identidades”.
“La educación en INISA consta de una fragilidad estructural e inestable en términos de acceso a un derecho fundamental para las y los adolescentes. En lugar de fortalecer y ampliar los convenios educativos ya existentes, por ejemplo con Educación Secundaria, UTU y educación no formal, se opta por generar nuevos acuerdos que no atienden el problema de fondo”, manifestó SERPAJ.
Asimismo, la organización indicó que “no es tarea de las Fuerzas Armadas la formación de adolescentes privados de libertad”. SERPAJ sostiene también que el Estado cuenta con instituciones específicas y especializadas en materia educativa y pedagógica, que pueden no solo aportar conocimiento, sino también promover el desarrollo del pensamiento crítico.
El proceso educativo de los adolescentes privados de libertad debe permitir que “adquieran herramientas favorables a su desarrollo integral, promoviendo la inserción socioeducativa y laboral”.
A esto se suma “la introducción de las Fuerzas Armadas en espacios destinados a adolescentes privados de libertad, en un contexto donde persisten múltiples vulneraciones de derechos fundamentales”. En ese marco, SERPAJ plantea la necesidad de pensar en una formación “democrática no autoritaria” que conduzca realmente a una verdadera integración social.