Como es de público conocimiento, oportunamente el SUNCA denunció la estafa contra el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (FOSVOC), pero terminó siendo objeto de una investigación que buscó determinar si parte de los fondos desviados había sido destinada al propio sindicato o al Partido Comunista del Uruguay (PCU).

Un año y medio después, esa hipótesis quedó sin respaldo probatorio. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, archivó la investigación al concluir que no se pudieron determinar vínculos transaccionales entre el FOSVOC, el SUNCA y el PCU, ni acreditar que el dinero desviado hubiera llegado a esas organizaciones. La decisión tampoco encontró elementos suficientes para responsabilizar penalmente a los dirigentes que habían sido señalados a partir de las declaraciones de los autores de la estafa. 

Según explicó al Portal del PIT-CNT, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, "desde el inicio de este proceso respaldamos al SUNCA en su decisión de expulsar del sindicato a los implicados en la estafa, así como también apoyamos la decisión de poner todos los antecedentes del caso a disposición de la Justicia, y en ese momento, solicitamos una investigación que fuera hasta el fondo".

Abdala afirmó que mientras el SUNCA padeció la estafa y formalizó la denuncia ante la justicia, al mismo tiempo comenzó "un ataque sistemático contra el sindicato" y que ahora con el archivo del caso, queda evidenciado que las acusaciones fueron falsas. 

"Creo que de este proceso se pueden sacar distintas conclusiones y me parece central destacar la transparencia con la que se maneja el movimiento sindical uruguayo. Todo lo que hacemos, nuestra militancia, nuestro trabajo sindical es para aportarle y no para quitarle a las y los trabajadores, y esa es la ética característica que nos viene desde el fondo de la historia, más aún en momentos en que conmemoramos los 60 años de la unidad sindical. Esta ética hay que recrearla día tras día porque tiene que ver con nuestro compromiso con la clase trabajadora de aportar nuestra vida a la causa del movimiento sindical, al margen de cualquier tipo de beneficio personal".

Asimismo, el presidente del PIT-CNT subrayó que quedó claro que hay sectores formadores de opinión que ante cualquier hecho aprovechan para denostar y emprender contra la organización sindical". 

Abdala dijo al Portal que de este episodio triste de la estafa contra el FOSVOC, "sale un SUNCA fortalecido, y estamos hablando de un sindicato clave en la negociación colectiva para mejorar la vida de las y los trabajadores de la construcción, en el marco de un movimiento obrero que persiste en sus principios y en la lucha por el bien común, que es lo que nos motiva día a día a adoptar cada acción cotidiana que tomamos desde el movimiento sindical".

Otras voces

Para Daniel Diverio, exsecretario general del SUNCA y actual parlamentario, el archivo confirma lo que el sindicato había planteado desde el comienzo, “no existió ninguna relación entre la estafa, el SUNCA y el PCU”. 

A su entender, “la investigación terminó concentrándose en quienes habían denunciado el desfalco, mientras quedaba pendiente profundizar en el destino de los fondos efectivamente robados”.

“El resultado fue lo que dijimos desde el principio, no había ningún elemento que vincule las finanzas del SUNCA con las del PCU y la estafa. Teníamos que tener paciencia y ahora la Fiscalía archiva el caso porque no encontró ningún elemento que pueda vincular, como lo indicamos en el origen de este asunto”, afirmó Diverio.

Condenados 

De este modo, el archivo de la investigación sobre la eventual vinculación del SUNCA y el PCU con la maniobra se produjo luego de que la Justicia ya hubiera condenado a un total de ocho personas por su participación en el desvío de fondos, mediante procesos abreviados. La maniobra había sido denunciada en su momento por el propio SUNCA.

El desvío de fondos alcanzó aproximadamente 1.200.000 dólares, equivalentes a unos 35,6 millones de pesos uruguayos, además de 17.500 dólares en efectivo. La maniobra se concretó mediante 193 transferencias bancarias irregulares y la emisión de cheques falsos entre 2023 y 2024.

Bruno Bertolio, Víctor Rivero y Santiago Bernaola fueron condenados por el delito de “estafa” contra el FOSVOC mediante procesos abreviados. Para acceder a este mecanismo, los tres imputados debieron admitir los hechos denunciados, a cambio de una reducción de hasta un tercio de la pena.

Bertolio fue condenado a dos años y tres meses de penitenciaría, mientras que Stella Rey, exempleada administrativa que ejecutó las transferencias utilizando las claves de banca electrónica del FOSVOC, recibió una pena de dos años y cuatro meses de prisión.

Rivero y Bernaola fueron condenados a penas superiores a dos años de cárcel. Otras cuatro personas fueron sentenciadas a penas de libertad a prueba por actuar como “mulas financieras”, al prestar sus cuentas bancarias para canalizar el dinero desviado.

Fue precisamente a partir de las declaraciones de algunos de los condenados que apareció la hipótesis que involucró al SUNCA y al PCU, línea de investigación a la que se abrazó de manera cuasi eufórica el fiscal Gilberto Rodríguez, que llegó a brindar declaraciones temerarias ante los medios de comunicación. Los delincuentes afirmaron que “parte del dinero que recibían era desviada hacia esas organizaciones y que los fondos eran utilizados para actividades políticas, entre ellas la campaña vinculada al plebiscito de la seguridad social”. También señalaron a Laura Alberti, secretaria de Finanzas del SUNCA y vinculada al PCU, como “eventual nexo”.

Esa versión de los delincuentes fue calurosamente incorporada a la investigación fiscal y llevó a indagar a dirigentes como Óscar Andrade, Daniel Diverio y Alberti.

Sin embargo, el dictamen de Rodríguez concluyó que “no pudo determinarse la existencia de vínculos entre el FOSVOC, el SUNCA y el PCU, ni la existencia de desvíos entre esas instituciones”. Asimismo, la SENACLAFT no pudo establecer que las personas sospechadas de haberse apropiado del dinero hubieran realizado operaciones para esas organizaciones.

Para Diverio, ese recorrido constituye uno de los aspectos centrales del caso. El SUNCA había presentado la denuncia luego de detectar las irregularidades en el FOSVOC y aportó información a la Fiscalía para intentar determinar quiénes habían cometido la maniobra y dónde había terminado el dinero.

“Se perdió una oportunidad muy importante de investigar a fondo adónde fueron a parar los dineros estafados a FOSVOC, porque el SUNCA aportó datos de que las tres personas condenadas mediante juicio abreviado adquirieron nuevas propiedades que no se investigaron”, señaló.

El exdirigente sindical mencionó, entre otros elementos, la adquisición de propiedades y bienes por parte de algunos de los condenados, así como movimientos de dinero que, a su entender, podían justificar una investigación más profunda sobre un eventual blanqueo.

Diverio también cuestionó que la investigación hubiera puesto bajo la lupa al sindicato que había realizado la denuncia. En su interpretación, la hipótesis construida a partir de las declaraciones de los condenados terminó “desplazando el foco” desde los autores de la estafa hacia las organizaciones que, precisamente, habían denunciado la existencia del desfalco.

Diverio remarcó que tanto el sindicato como los dirigentes señalados quedaron sin responsabilidad penal luego de la investigación. “Dijimos que no teníamos relación con la estafa, ni el senador del PCU, Óscar Andrade, ni Diverio ni Laura Alberti, secretaria de Finanzas del SUNCA y del PC, que permanentemente fue hostigada como responsable de recibir ese dinero”, señaló.

“Investigó la SENACLAFT, la Fiscalía, que revisó números del PCU, fundamentalmente de la campaña. No faltó un solo peso y ningún vínculo se conoce entre la estafa, el PCU y el SUNCA”, afirmó.

El abogado denunciante, Óscar López Goldaracena, también señaló que la investigación penal no logró establecer la trazabilidad del dinero desviado y que no existían indicios que vincularan al PCU con la maniobra.