La decisión fue adoptada por la fiscal Graciela Peraza y comunicada oficialmente al ministerio el 16 de diciembre de 2025.

El dictamen cuestiona además aspectos de la investigación administrativa realizada previamente por el propio MIDES y señala dificultades para establecer responsabilidades penales a partir de la información aportada.

La Fiscalía establece como uno de los fundamentos centrales que “el derecho penal sanciona conductas individuales subjetivas referidas a personas”, por lo que “no procede frente a una organización social” como la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por una Vida Digna. El documento agrega que el colectivo “ni siquiera tiene autoridades constituidas”, sino que cuenta con “algunos referentes que distribuyen tareas”.

La resolución también cuestiona que el MIDES haya realizado una investigación administrativa antes de presentar la denuncia penal y que sus resultados fueran divulgados públicamente. Según la fiscal, esa difusión “frustró diligencias que podrían haber sido útiles en la investigación”, ya que permitió que las personas involucradas conocieran previamente las actuaciones que podía desarrollar el Ministerio Público.

La investigación fiscal constató, además, una “deficiente organización tanto desde” el MIDES “como de la propia” coordinadora de ollas. Entre las dificultades detectadas se señaló que “la mercadería entregada no presenta numeración ni distintivo alguno que permita diferenciarla de otra mercadería que existiera en el mercado”, por lo que no resultaba posible realizar un seguimiento preciso de los alimentos una vez entregados.

El dictamen también señala que “tampoco se estableció una especie de protocolo de actuación de modo de llevar un registro de todos y cada uno de los usuarios y de los locales, con sus responsables identificados, de modo de efectuar un efectivo contralor del funcionamiento del servicio”.

En cuanto a la documentación sobre la distribución, la fiscalía estableció que la registración de la entrega de alimentos “solo contiene remitos genéricos, amplios”. A su vez, para determinar las cantidades de mercadería que correspondían a cada olla, el MIDES se basaba en “declaraciones de personas asistidas por cada olla, sin requerirse ninguna documentación acreditante”.

Según el dictamen, el ministerio comenzó a exigir documentación recién después de iniciada la investigación administrativa.

La Fiscalía también verificó la existencia de las ollas populares que figuraban en el registro de la Intendencia de Montevideo. La resolución señala que se constató “coincidencia en cuanto a la existencia al menos” de las iniciativas referidas. La denuncia presentada durante la administración de Lema había cuestionado la existencia y funcionamiento de decenas de ollas populares, incluyendo 68 casos que, según las afirmaciones realizadas entonces, no funcionarían o nunca habrían funcionado. Sin embargo, la investigación fiscal encontró que las ollas incluidas en el registro de la Intendencia de Montevideo efectivamente existían.

Otro de los aspectos señalados en el dictamen refiere a los testimonios utilizados como fundamento de la denuncia penal presentada en 2022.La Fiscalía sostuvo que “de los testimonios aportados por el MIDES en la denuncia penal de 2022 no se cuenta con ningún tipo de documentación que pueda acreditar sus dichos”.

De esta manera, las declaraciones recogidas durante la investigación administrativa no contaban, según el Ministerio Público, con elementos documentales suficientes que permitieran respaldar una acusación penal.

La Fiscal también consignó que “en algún caso se detectan desinteligencias o desavenencias personales basadas en otros aspectos diversos a la distribución de alimentos”, introduciendo así otro elemento de cautela respecto de los testimonios utilizados para sustentar las acusaciones.

Por otra parte, la resolución señala que la mercadería distribuida a las ollas provenía de “donaciones que provienen de organismos públicos”, entre ellos el propio MIDES y las intendencias.

En función de los elementos reunidos, la Fiscalía de Flagrancia dispuso el archivo definitivo de la denuncia, sin establecer responsabilidad penal contra la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por una Vida Digna.

Ollas por una Vida Digna cuestionó la denuncia de Lema y reivindicó su tarea comunitaria

Por su parte, la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por una Vida Digna se pronunció sobre el archivo de la denuncia penal y sostuvo que "la resolución de la Fiscalía confirmó la falta de consistencia de los testimonios y de pruebas que sustentaran las acusaciones".

La organización señaló que el archivo de la causa permitió confirmar lo que consideró una operación destinada a desacreditar a las ollas populares. “El Uruguay se enteró que la mentira, la doble cara, el uso de los medios de comunicación para imponer relatos fraudulentos, que acosar y hostigar a las organizaciones populares son actitudes de patas cortas”, expresó.

La Coordinadora recordó que había sido denunciada penalmente a fines de noviembre de 2022 y afirmó que el objetivo de aquella acción había sido desviar la atención de la situación de hambre y precariedad que denunciaban en los barrios. “Se inventó una causa penal contra nuestra organización mediante una acusación presentada en Fiscalía a fines de noviembre de 2022. El único fin pareció ser sacarse de encima la denuncia, que todavía persiste, sobre la precariedad y el hambre que vemos en nuestros barrios. Esa operación miserable ha quedado archivada por la justicia. Inconsistencia de los testimonios y falta de pruebas son parte de los argumentos”, sostuvo.

“El tiempo pone las cosas en su lugar”, afirmó la organización, que cuestionó al equipo ministerial encabezado por el entonces ministro y actual senador Martín Lema (Partido Nacional). En particular, recordó el respaldo dado durante esa administración a Uruguay Adelante para intermediar en la entrega de insumos a ollas y merenderos.

“El equipo ministerial de la época encabezado por el hoy senador Martín Lema, ya había mostrado su falta de escrúpulos cuando respaldó y apoyó el contrato con su organización de amigos, Uruguay Adelante, para intermediar aportes de insumos a las ollas y merenderos”, manifestó.

La Coordinadora también hizo referencia a las irregularidades que, según sostuvo, fueron posteriormente conocidas en relación con esa organización. “Tiempo después se demostró que bajo la vista gorda del entonces secretario de Estado, éste contubernio triangulaba exoneraciones impositivas con una cadena de supermercados para recibir aportes económicos de esa empresa a cambio de compras hechas a la misma. Estos chantas se presentaban como una inocente ONG, pero se autopagaban de forma ilegal sueldos suculentos para sus directivos al tiempo que siguen sin aparecer facturas por 63 millones de pesos pagados por el MIDES”, afirmó.

La organización cuestionó especialmente las declaraciones realizadas en aquel momento contra el movimiento de las ollas populares y recordó que había sido acusado de construir un relato sobre la existencia de hambre. “Es lamentable y habla de la total falta de referencias éticas de quien fuera ministro y trabajó junto a esa gavilla de la hipocresía, integrada entre otros por Carolina Murphy, Karina Goday y Fernanda Auersperg, y haber acusado en su momento al movimiento de las ollas de inventar un relato sobre el hambre”, señaló.

“Hoy, es lo más parecido a una burla escuchar al ex ministro hablar en tono indignado sobre la ‘inseguridad alimentaria’”, cuestionó la organización. 

La Coordinadora recordó además que sus integrantes habían sido señalados como operadores vinculados a una disputa partidaria. “Se nos trató de operadores a favor de una supuesta puja partidaria, como si para nosotros fueran más importantes los tristes objetivos políticos del señor Lema y su equipo de funcionarios arribistas de segundo orden, que el tener que hacernos cargo de las consecuencias de un modelo de sociedad que empuja a miles de niños y niñas a la pobreza y al hambre”, sostuvo.

La organización se refirió también al relevamiento realizado por el equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República que da cuenta de que “al menos 415 iniciativas de ollas populares y merenderos siguen compartiendo 162.000 porciones de comida semanalmente”.

“Después de seis años de presencia ininterrumpida, el desgaste de realizar esta tarea totalmente voluntaria ha mermado la cantidad de iniciativas, pero sabemos y somos testigos que no ha disminuido la necesidad. La demanda de una alimentación saludable, completa y de calidad sigue vigente. En una sociedad profundamente desigual se continúa castigando sobre todo a nuestras niñas, niños y a nuestra juventud”, afirmó.

La Coordinadora también cuestionó a quienes, según señaló, habían participado de la intermediación de recursos destinados a las ollas. “Los que se dieron a la fuga son los mercaderes del hambre, desaparecidos después de llenarse sus bolsillos a costa de nuestro trabajo solidario. Tampoco están los que desde el Ministerio tejieron con violencia esa trama infame que ahora se derrumba”, manifestó.

A pesar del desgaste, la organización reivindicó la continuidad de su trabajo. “Seguimos estando presentes, seguimos siendo necesarias, ya no sólo compartiendo el alimento, también apostando a una trama comunitaria de solidaridad que enfrente la necesidad de trabajo, formación, encuentro y que también sea una respuesta colectiva y solidaria a las violencias que existen en nuestros barrios”, sostuvo.

La Coordinadora consideró que el proceso de denuncia y exposición pública había generado consecuencias que excedieron la discusión judicial. “El telón de la mentira se corre, pero nadie nos va a quitar la angustia y la incertidumbre que sentimos cuando de forma inhumana se persiguió y buscó criminalizar la labor solidaria de las ollas y merenderos”, afirmó.

En el mismo sentido, cuestionó la estigmatización de las organizaciones populares. “Estigmatizar, usando todos los medios de quienes están en una situación de poder, a colectivos populares que en su mayoría realizan su trabajo en contextos sociales complejos, en medio de todo tipo de situaciones extremas y violentas, fue una actitud cobarde que además puso en riesgo a nuestras compañeras y compañeros”, expresó.

La organización reivindicó los valores que, según sostuvo, guiaron durante estos años la actividad de la Coordinadora Popular y Solidaria. “En un mundo donde la violencia, la agresión a los más frágiles, el genocidio y la hipocresía quieren imponerse como norma, los colectivos organizados en la Coordinadora Popular y Solidaria continuamos apostando a que los valores de humanidad sigan funcionando”, señaló.

Añadió que “el compromiso, la ayuda mutua, la autogestión, las respuestas comunes frente a problemas comunes siempre han sido las herramientas de los pueblos para salir de cualquier crisis con la perspectiva de un futuro donde la solidaridad sea la medida de todas nuestras acciones”.

“Nuestras hijas e hijos se lo merecen”, afirmó la Coordinadora y remarcó que “seis años cargados de barrio, solidaridad y lucha no son poca cosa y han enseñado que ninguna mentira desde el poder va a resistir el calor de nuestros abrazos compañeros”.

El comunicado finalizó con una reivindicación de la continuidad de la tarea de las ollas y merenderos. “Seguimos estando presentes construyendo comunidades solidarias”.