Este viernes 28 de noviembre se realizó el último encuentro del año de la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT, instancia en la que se hizo un balance, se presentaron perspectivas para 2026 y se analizó la situación de la infancia y la pobreza en Uruguay. También se discutió la propuesta de aplicar una sobretasa del 1% al Impuesto al Patrimonio para el 1% más rico del país, con el objetivo de destinar esos recursos al combate de la pobreza infantil y adolescente.

Participaron Carolina Spilman, vicepresidenta adjunta del PIT-CNT y responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad; Paula Baleato, socióloga e integrante de la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS); Hugo Dufrechou, economista y asesor del Equipo de Representante de los Trabajadores en el BPS (ERT-BPS), y Alejandra Pico, economista del Instituto Cuesta Duarte. El cierre estuvo a cargo de Lorena Luján, integrante del ERT-BPS, con un informe sobre “Balance y perspectivas”, y de Carlos Clavijo, director representante de los trabajadores en el BPS, quien expuso sobre “Diálogo social y los desafíos del 2026”.

La apertura estuvo a cargo de Carolina Spilman, quien señaló que 2025 será un año "complejo", debido a que el Presupuesto Nacional “si bien tiene los objetivos bien planteados, resulta insuficiente frente a las emergencias sociales que tiene Uruguay”. Recordó además que el año estuvo marcado por rondas de Consejos de Salarios “complicadas” porque “pocas han cerrado favorablemente para trabajadores y trabajadoras, dado que las patronales están envalentonadas”.

Spilman destacó que fue también un año de alta conflictividad, con múltiples conflictos en sectores como pesca, lácteos e industria cárnica. En este contexto, remarcó la pertinencia de la propuesta sindical de establecer una sobretasa del Impuesto al Patrimonio al 1% más rico, “unas 25.000 personas que acumulan el 40% de la riqueza del país”, para atender la emergencia social que implica que “uno de cada tres niños nace en hogares pobres”. Subrayó además la necesidad de avanzar hacia una verdadera justicia tributaria.

La dirigente cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien afirmó que tras aprobarse el Presupuesto -que entrará en vigencia el 1º de enero de 2026- ya no se discutiría sobre impuestos. Frente a esto Spilman sostuvo: “La clase obrera y el pueblo seguirán discutiendo lo que entienden que deben discutir, sin pedir permiso a nadie”.

Paula Baleato: “En Uruguay, la pobreza tiene cara de niño y cara de mujer”

A continuación, la socióloga Paula Baleato, integrante de PIAS , desarrolló una documentada reflexión sobre el sistema de protección social, afirmando que la infancia y la adolescencia en Uruguay son “un bien escaso a preservar”.

Recordó que Uruguay es históricamente una sociedad “adultocéntrica” y de “baja natalidad”, tendencia que se profundizó en la última década. “En diez años la natalidad bajó a más de la mitad, un 60%. En 2024 no llegaron a 29.000 los nacimientos; en 2015 habían sido 49.000. Son cerca de 20.000 nacimientos menos”.

Respecto a la pobreza -tanto monetaria como multidimensional- advirtió que su impacto es mayor en las infancias y adolescencias. 

“La pobreza total en Montevideo es del 13% en hogares, y la multidimensional del 10%. Pero entre menores de 18 años, ese 13% casi se duplica, llega al 25%. La pobreza infantil -concepto acuñado hace más de 40 años por Juan Pablo Terra- es un problema crónico en el país”.

Indicó que “del 100% de la pobreza en Uruguay, cerca del 40% se explica por la pobreza concentrada en menores de 18 años; otro porcentaje corresponde a adultos a cargo de niños; y solo un 12% a personas pobres no vinculadas a infancias”. Por eso insistió en que combatir la pobreza exige focalizar en niños, niñas y adolescentes. “En Uruguay, la pobreza tiene cara de niño y cara de mujer”.

Baleato explicó la importancia de incorporar la medición de pobreza multidimensional como complemento a la monetaria, al permitir una mirada más estructural y menos dependiente de fluctuaciones coyunturales. “Sabemos que es un problema que no se soluciona solo con plata, pero sin plata no se soluciona”. Por eso se necesita reforzar ingresos y, al mismo tiempo, abordar otras dimensiones como vivienda, salud, educación y protección social.

Señaló también que en 2024 se registraron cerca de 9.000 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes -24 por día-, según datos oficiales. La mitad de los casos corresponde a mujeres, mayoritariamente adolescentes de entre 13 y 17 años. El maltrato emocional fue la forma más frecuente, seguido por negligencia, violencia sexual y maltrato físico. “El 90% de las personas agresoras pertenece al núcleo familiar”, dijo, y detalló que en violencia sexual tres de cada cuatro agresores son familiares o convivientes directos.

Agregó que casi cuatro de cada diez niños de 12 a 14 años fueron sometidos a disciplinamiento violento, y proporciones similares se observan en cuidadores de adolescentes de 15 a 17 años. Uruguay, además, tiene casi 8.000 niños y adolescentes institucionalizados, el nivel más alto de América Latina pese a no sufrir grandes catástrofes ni conflictos armados. Entre mayo de 2023 y noviembre de 2024, 34 niños y adolescentes fueron asesinados y 60 resultaron heridos de bala en contextos de violencia territorial.

Baleato también advirtió sobre el impacto del crecimiento de la población carcelaria -“hoy son unas 17.000 personas”- en las familias y en los niños y adolescentes que conviven con referentes privados de libertad.

En educación, señaló que en 2023 solo la mitad de los jóvenes de 21 y 22 años culminó el bachillerato, pese a que desde 2008 la educación media es obligatoria. Las brechas son profundas: en el quintil más pobre apenas el 25% culmina, frente al 85% del quintil más rico. En ciclo básico, el 70% del quintil uno lo completa, frente al 100% del quintil cinco.

Expuso datos sobre gasto público social por edad, señalando que su distribución se ha mantenido relativamente estable desde 2016 y que existe un pico en los primeros años de vida y otro a partir de los 60 años.

Tras presentar este panorama, Baleato enfatizó que para cualquier país, la calidad del desarrollo de las infancias impacta en el desarrollo del país en su conjunto. En un Estado democrático, dijo, “el bienestar surge de la articulación entre Estado, mercado y sociedad. Por eso reclamó un debate amplio sobre los modelos de protección social”.

Sostuvo que es necesario avanzar hacia una sociedad democrática donde “la cuna no siga determinando el futuro de las personas”, recordando que, pese a la Convención de Derechos del Niño, aún persiste un sistema que reproduce desigualdades desde el nacimiento.

Reivindicó la necesidad de un Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, articulado entre leyes, políticas, ciudadanía e instituciones. Subrayó que garantizar derechos no es responsabilidad exclusiva del INAU, sino también de áreas como salud, educación, vivienda, alimentación, agua y protección social.

Propuso ubicar a la niñez en el centro de las políticas públicas, fortalecer la coordinación intersectorial, asignar recursos suficientes con el interés superior del niño como guía, promover la participación de la sociedad y de los propios niños y adolescentes, y mejorar la formación de recursos humanos e infraestructura de información y evaluación.

Recordó que las transformaciones necesarias exceden un periodo de gobierno: “Se requiere un consenso social amplio, un acuerdo interpartidario y respaldo de la sociedad”. Para este período, la agenda debe incluir integralidad, intersectorialidad, interseccionalidad, universalidad, territorialidad, participación ciudadana, presupuesto adecuado, legitimación social y perspectiva de derechos.

Advirtió que Uruguay tiene “más niños internados y más personas presas”, lo que revela una cultura de “encerrar los problemas” en lugar de resolverlos comunitariamente. Reclamó políticas de cuidados con equidad de género, garantía del derecho a la participación de niños y adolescentes, democratización del acceso a la justicia, reformas en el sistema penal juvenil, acceso a cultura, fortalecimiento de la defensoría de niños y adolescentes y creación de un sistema integral de protección.

Propuso metas quinquenales; la declaración de emergencia nacional en infancias y adolescencias; aumento y unificación de transferencias; revisión de condicionalidades; ampliación de educación inicial de 0 a 3 años; mayor inversión en educación y salud; mecanismos garantistas para denuncias de violencia institucional; regulación de entornos digitales; fortalecimiento de políticas familiares y licencias parentales; participación de niños y adolescentes; y revisión de impactos de la LUC.

Reclamó políticas culturales para infancias y adolescencias, la creación de unidades especializadas en infancia en todos los ministerios; un presupuesto estatal con perspectiva de derechos, protegido por los principios de no regresividad y progresividad; una defensoría nacional; un observatorio estatal con participación del INE y la UDELAR; y un fondo de innovación social para nuevas políticas.

Hugo Dufrechou: “Erradicar la pobreza exige más esfuerzo intelectual, organizativo y político”

Por su parte, Hugo Dufrechou, economista y asesor ERT-BPS, advirtió que la erradicación de la pobreza es un desafío “de enorme complejidad práctica”, que no debe desanimar sino promover “un mayor esfuerzo intelectual, organizativo, político y reivindicativo” para avanzar hacia “una sociedad más justa, más amable y más solidaria”. En su exposición, subrayó la importancia de comprender críticamente los datos y alertó que “el dato no mata relato” si no se analiza el modo en que esos indicadores son construidos.

Dufrechou dedicó buena parte de su intervención a explicar cómo se mide la pobreza en Uruguay y por qué los métodos tradicionales -en especial el basado en ingresos- pueden subestimar la realidad, al dejar por fuera a personas que no integran hogares formales, como quienes viven en la calle o están privados de libertad. Señaló que la pobreza es un fenómeno “multidimensional”, donde inciden factores como educación, vivienda, servicios básicos, condiciones laborales y protección social. En ese marco, valoró el nuevo indicador de pobreza multidimensional elaborado por el INE y enfatizó que las privaciones relativas -ligadas a la desigualdad y a los estándares sociales contemporáneos-también deben ser consideradas.

Sobre los costos de reducir la pobreza infantil, Dufrechou presentó distintos escenarios armados por equipos técnicos y organismos internacionales. Recordó que Uruguay destina actualmente alrededor de medio punto del PIB a transferencias monetarias para hogares vulnerables, un monto “muy bajo”. Según estimaciones del Instituto de Economía de la UDELAR, llevar esas transferencias a niveles equivalentes a una canasta básica alimentaria implicaría triplicar el gasto, hasta unos 1.300 millones de dólares, lo que permitiría bajar la pobreza del 17% al 10%. Otras propuestas analizadas en estudios para el BID plantean esquemas que van desde aumentos modestos hasta modelos universalistas, con costos superiores a 600 millones de dólares.

El planteo más integral citado fue el de UNICEF, que concibe la pobreza desde un enfoque multidimensional y propone un paquete de políticas que incluye transferencias, mejoras en licencias parentales, cuidados y alimentación escolar. El costo estimado asciende a tres puntos del PIB, unos 2.500 millones de dólares anuales, para reducir a la mitad la pobreza infantil que hoy afecta al 31% de niños, niñas y adolescentes.

Dufrechou recordó que entre 2006 y 2017 Uruguay logró reducir la pobreza en 35 puntos porcentuales, pero 26 de esos puntos fueron resultado directo de mejoras en el mercado laboral -salarios, empleo y formalización- más que de las transferencias monetarias. Por eso insistió en que las transferencias son necesarias pero insuficientes. “Mover la aguja de verdad exige políticas de vivienda, educación, cuidados y la creación de empleo de calidad”. Dejar este proceso “solo en manos del mercado”, advirtió, conduce a reproducir desigualdades y a generar “población descartada”, especialmente entre quienes llegan a la adultez cargando con las privaciones de la pobreza infantil.

Alejandra Pico: “Gravar a los más ricos no es una idea radical, es una discusión mundial”

En tanto que la economista Alejandra Pico, del Instituto Cuesta Duarte expuso en detalle la propuesta de aplicar una sobretasa del Impuesto al Patrimonio al 1% más rico de la sociedad con el objetivo de generar recursos adicionales para políticas de combate a la pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes. 

Pico subrayó que se trata de una propuesta “abierta, no cerrada”, pensada para el debate público y para que trabajadores y organizaciones de todo el país puedan apropiarse de ella y discutirla en sus territorios y ámbitos de trabajo.

Durante su intervención -una síntesis del documento presentado días atrás en el Paraninfo de la Universidad-, Pico explicó que la propuesta se construyó desde una comisión integrada por técnicos del Cuesta Duarte, especialistas de la Universidad y del Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), quienes trabajaron a título personal y de forma honoraria.

Pico remarcó que una de las definiciones centrales fue avanzar en un instrumento tributario que alcance específicamente al 1% más rico, es decir, a quienes hoy concentran mayor capacidad de pago. Señaló que “esta orientación está alineada con debates internacionales sobre cómo gravar de manera más justa la riqueza acumulada, especialmente en un contexto en el que la concentración del patrimonio creció tanto en Uruguay como en el mundo, incluso después de la pandemia”.

Según la economista, ese 1% más rico “termina pagando relativamente menos que el resto de la sociedad”, lo que refuerza la necesidad de diseñar un impuesto “más progresivo”. En Uruguay, recordó, “el 1% de mayores ingresos se apropia del 15% del total, la misma proporción que el 50% más pobre, y concentra entre el 37% y el 39% del patrimonio acumulado”.

El equipo técnico optó por “no crear un tributo desde cero, sino acoplar una sobretasa al actual Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas, un tributo existente pero que recauda muy poco (apenas el 0,01% del PIB y el 0,05% del total recaudado por DGI)”. 

El deterioro del impuesto, explicó Pico, “se debe a que los valores inmobiliarios están desactualizados, el control es escaso y las tasas se han reducido desde la reforma de 2007”.

La sobretasa propuesta contempla tres escenarios posibles, “todos ellos con un mínimo no imponible de 1 millón de dólares por persona, lo que deja fuera a hogares cuyo patrimonio elevado está principalmente en la vivienda, y también a los activos productivos”. La idea, subrayó Pico, es “gravar especialmente el patrimonio que genera rentas pasivas, no el asociado a actividades productivas”. Remarcó que entre los que más tienen también existen personas que tienen un patrimonio de más mil millones de dólares por eso las tasas son progresivas. 

Pico señaló que, aunque modernamente los impuestos se destinan a Rentas Generales, en este caso se propone que la recaudación vaya a un fondo exclusivo para políticas de reducción de la pobreza en hogares con menores, dada la urgencia social y la necesidad de generar legitimidad en la ciudadanía. 

“Los impuestos no gozan de aceptación social. Pero si esta contribución se orienta a un fin compartido por todo el sistema político, eso ayuda a construir consenso”.

La economista recordó que la pobreza afecta hoy al 17,3% de la población, pero llega al 32% entre los niños de 0 a 6 años, lo que significa que uno de cada tres vive en hogares pobres. El nuevo indicador de pobreza multidimensional eleva la proporción total de personas pobres a casi 20%.

Pico insistió en que la pobreza infantil es persistente y que su origen está directamente vinculado a la desigualdad de ingresos. “No se puede reducir la pobreza sin reducir la desigualdad”. Añadió que las soluciones requieren políticas de empleo para los adultos, mejoras en vivienda, entornos barriales y acompañamiento, además de transferencias económicas.

Recordó que Uruguay redujo la pobreza en forma considerable entre 2008 y 2014 gracias a una combinación de crecimiento económico fuerte (5% anual) y reformas estructurales, incluyendo cambios tributarios y ampliación de las transferencias. Pero cuando llegaron crisis o shocks externos, esos avances retrocedieron.

“Disminuir la pobreza infantil es un imperativo ético y una señal política necesaria”, dijo. Pico afirmó que la propuesta de gravar a los más ricos es una iniciativa relevante pero que por sí sola no resolverá la pobreza. Sin embargo, ante las restricciones fiscales actuales, la sobretasa permitiría generar recursos significativamente mayores a los asignados por el presupuesto -menos de 60 millones de dólares destinados a infancias en 2026-.

Además, sostuvo que constituye una señal política clara, la pobreza infantil debe enfrentarse con aportes provenientes de quienes tienen mayor capacidad de contribuir. La literatura económica moderna, agregó, “muestra que los impuestos a la riqueza pueden ser eficientes si están bien diseñados y si incentivan a que los patrimonios pasen de rentas pasivas a actividades productivas”.

Pico enfatizó que el documento no es una propuesta final sino un punto de partida abierto a la discusión, con distintos escenarios de tasas y múltiples aspectos a definir colectivamente. La invitación, dijo, es a que los trabajadores y organizaciones de todo el país “se apropien de la propuesta, la discutan y la trasladen a cada territorio”.

Carlos Clavijo y la cultura de la Seguridad Social

El cierre de la actividad estuvo a cargo Carlos Clavijo, director representante de los trabajadores en el BPS, quien manifestó que es un gran desafío tratar de avanzar en el diálogo social. Remarcó que hay que generar la “cultura de la seguridad social”, lo que significa que cada vecino y vecina sepa de lo que está hablando el movimiento sindical.

“Tenemos que comenzar a discutir los temas que no se quieren discutir, porque para nosotros es crucial y, además, sin plata no hay transformaciones. Discutir y plantear los temas es la única manera de cambiar y transformar la realidad social”, puntualizó Clavijo.

Clavijo recordó que “en los últimos cinco años aumentó la cantidad de ricos en Uruguay, pero también creció la cantidad de pobres” y esto es consecuencia a que “hubo una mala redistribución que generó una desigualdad más grande. En un país tan rico no debería haber pobres, y la pobreza tiene cara de niños y niñas, porque uno de cada tres niños nace en hogares pobres”.

Clavijo afirmó que además  de la Seguridad Social, es necesario impulsar políticas de protección social, educación, empleo y desarrollo productivo, con una fuerte participación del Estado. “Tenemos que generar políticas de desarrollo productivo para generar más empleo, que el Estado sea garante, y para eso debe realizar una fuerte inversión en empleo, obra pública y construcción de escuelas y liceos”, expresó.

También dijo que es imprescindible un cambio en el aporte empresarial, recordó que el aporte patronal en Uruguay "es muy bajo, los trabajadores aportan el doble que los empresarios y, además, todos los empresarios aportan diferente”. Explicó que uno de los problemas es que, cuando se crea un puesto de trabajo, se incrementa el aporte a la Seguridad Social; mientras que si el aporte fuera vinculado a las ganancias, “se amortiguaría el impacto de las nuevas tecnologías, a las que muchos empresarios recurren para disminuir la mano de obra y aumentar sus ganancias”.

Indicó además que toda mejora en la Seguridad Social “se reinvierte en la sociedad, porque una prestación no es para invertir en el exterior, sino para destinarla al mercado interno, en servicios, alimentos, consumo en pequeños comercios y generación de empleo”. En particular, destacó que el fortalecimiento del Sistema de Cuidados podría generar entre 7.000 y 12.000 empleos.

Clavijo afirmó que “se debería eliminar el sistema de ahorro individual e ir hacia un sistema solidario”, cuestionó la altísima rentabilidad de las AFAP y si bien consideró que la realidad no se podrá cambiar "de un día para el otro", se deberán dar pasos en ese sentido. 

Además, mencionó que a nivel mundial los sistemas de Seguridad Social vienen trabajando en un impuesto a las nuevas tecnologías, debido a que estas generan desempleo. “La propuesta que estamos desarrollando es sustituir el impuesto patronal vinculado a la masa salarial por uno vinculado a las ganancias, lo que también va de la mano de las nuevas tecnologías”, explicó.

Por último, el director en representación de los trabajadores en el BPS recordó que "también es posible reducir la jornada laboral" y flexibilizar la accesibilidad a los seguros de desempleo, "dos elementos que también forman parte del debate que el movimiento sindical llevará al diálogo social".