AFUL compareció este viernes 4 de septiembre ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que estudia la Rendición de Cuentas. 

Durante la reciente votación en particular de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, se rechazó el artículo vinculado al LATU que refería a una reasignación de fondos para financiar al INALE. Sin embargo, AFUL compareció ante la Comisión del Senado debido a que el Poder Ejecutivo volvería a plantear en la actual Rendición de Cuentas o a través de otro proyecto de ley.

En ese marco, AFUL aclaró a los legisladores que no comparecían ante la Comisión respectiva en nombre del Directorio del LATU, ni que fueran la voz de las autoridades del organismo. Remarcaron que la presentación es una iniciativa de sus trabajadores, nacida por la preocupación por el presente y el futuro de la institución.

Los trabajadores remarcaron que el planteo de fondo es “cuidar al LATU, valorar su aporte al país y evitar que las decisiones presupuestales o de gestión debiliten sus capacidades técnicas y humanas”.

En ese marco AFUL se refirió a la transferencia de recursos del LATU al INALE. “AFUL no se opone al INALE ni desconoce las necesidades del sector lechero. Por el contrario, entendemos que el país necesita un instituto lechero fuerte, con financiamiento estable y suficiente”.

Lo que sí cuestionaron es que “ese fortalecimiento se pretenda financiar retirando recursos de otra institución que también cumple funciones importantes para la cadena láctea, sin que se haya presentado previamente una evaluación completa de las consecuencias”.

“No hace falta suponer qué ocurre cuando se le reducen los ingresos al LATU, porque ya ocurrió tres veces en los últimos años. En 2021 se rebajó el impuesto a las exportaciones no tradicionales, de 3 por mil a 2,5 por mil. En 2022 se redujo a un tercio la tarifa del control de alimentos importados y en el 2026 nuevamente una reducción en el impuesto a las exportaciones, esta vez fue del 2,5 por mil al 2 por mil”, detallaron los dirigentes sindicales.

Remarcaron, asimismo, que ninguna de esas tres decisiones fue evaluada después. “Nadie midió qué pasó con los controles, ni con el equipamiento, ni con los precios al consumidor, que se dijo que iban a bajar”.

AFUL aseguró que sí pudo verificarse que “cuando bajaron los ingresos, se redujeron los controles y la inversión en los laboratorios”.

En ese marco, el gremio recordó que en diciembre del año pasado, las autoridades del LATU informaron ante el Parlamento que tenían por delante una reducción de ingresos de unos “3,5 millones de dólares anuales a partir del año próximo, ya aprobada, y que con esa quita su resultado operativo pasa a ser negativo”. A ello, AFUL agregó que el artículo referido ahora de la Rendición de Cuentas agrega, sobre ese mismo escenario, “otros 850.000 dólares por año”.

Por otro lado, los trabajadores remarcaron que el LATU aporta análisis, ensayos, metrología, certificación, seguimiento de requisitos técnicos, innovación de productos, mejora de procesos y transferencia tecnológica. “Por eso entendemos que no corresponde analizar el financiamiento del INALE y del LATU como si se tratara simplemente de elegir entre una institución y otra. Fortalecer una parte de la cadena debilitando otra puede terminar trasladando el problema, en lugar de resolverlo”.

También remarcaron que buena parte de lo que hace el LATU no son servicios que la institución elige prestar, sino cometidos que la ley le impone. “El artículo 164 de la Ley 13.640 le encomienda certificar la calidad de los productos industriales que se exportan y verificar los importados en admisión temporaria. El Decreto-Ley 15.298 lo hace responsable de custodiar y calibrar los patrones nacionales de medida, en metrología legal no hay en el país un segundo organismo que pueda hacerlo. Y el Decreto 338/982 dispone que los alimentos y bebidas importados con destino al mercado interno quedan sujetos, al entrar al país, a su inspección; no es una prestación que el importador contrate si quiere, es una condición de ingreso al mercado en resguardo de la salud de la población”.

AFUL manifestó que ninguno de esos cometidos fue derogado, lo que cambió en estos años fue el procedimiento con que se verifican y el dinero disponible para cumplirlos. “Por eso el problema no es solamente financiero, se está reduciendo el financiamiento de una institución sin tocar ninguna de las obligaciones que la ley le sigue exigiendo”.

El trabajo del LATU para el sector lácteo 

También detallaron las tareas que realiza el instituto vinculadas al sector lácteo. “A veces, cuando se habla de certificados de exportación, puede parecer que se trata únicamente de emitir un papel. Pero el certificado es solamente el resultado final de un proceso técnico. Detrás puede haber inspecciones, toma de muestras, análisis y ensayos de laboratorio, evaluación de resultados y verificación del cumplimiento de las exigencias del mercado de destino. Solo después de ese proceso se decide si corresponde emitir el certificado”.

Para realizar este trabajo se necesitan “laboratorios equipados, métodos validados, acreditaciones vigentes y personal especializado”. También se requiere “conocer y seguir los cambios en las normas y exigencias internacionales, para que los productos uruguayos puedan ingresar y mantenerse en distintos mercados”.

Indicaron que “el LATU inspecciona plantas cuando corresponde, desarrolla y adapta métodos analíticos, atiende problemas de calidad e inocuidad y acompaña a las empresas cuando aparecen nuevas exigencias comerciales o técnicas”. También participa en “innovación, desarrollo de productos y mejora de procesos”.

En ese marco, AFUL remarcó que esas capacidades no benefician solamente a una empresa, sino que “forman parte de la infraestructura técnica que sostiene la producción y la inserción internacional del país”.

Además, el LATU ya realiza un aporte económico al sector. “Exonera el costo de certificados de exportación y aplica bonificaciones en otros servicios. Por tanto, una reducción de sus ingresos podría afectar no sólo al organismo, sino también las condiciones en las que esos servicios son prestados.

“Si el LATU debe mantener las mismas tareas con menos recursos, tendrá que absorber la diferencia. Podría recurrir a reservas, postergar inversiones, reducir actividades, revisar bonificaciones o aumentar el precio de otros servicios. Y algunas de esas decisiones podrían trasladar nuevamente el costo a la industria que se pretendía apoyar”, alertó el sindicato.

Los delegados gremiales indicaron que las cuentas del organismo no admiten una conclusión tan simple como decir que “le sobra dinero”.

Asimismo, la AFUL manifestó que un resultado anual positivo no equivale necesariamente a dinero libre y disponible. “Puede incluir resultados financieros, variaciones contables y actividades cuyos costos no se presentan de manera separada. Del mismo modo, los ingresos por arrendamientos del Parque Tecnológico son relevantes, y están cuantificados, pero la información pública no permite conocer cuánto dejan una vez descontados todos los costos asociados a ese predio, tales como mantenimiento, servicios, amortizaciones y administración”. Es decir, se conoce el ingreso bruto, no el resultado neto. “Y una decisión de este tipo no debería tomarse sobre un ingreso bruto”.

AFUL dijo que durante años han cuestionado que se priorizaran edificios y terrenos mientras quedaban postergados equipos de laboratorio, personal y capacidades técnicas. “Esa crítica se mantiene”.

“Defender el financiamiento del LATU no significa convalidar su gestión. Significa exigir que se administre mejor y advertir que una mala asignación de recursos no se corrige retirándolos sin determinar previamente qué funciones quedarán afectadas”, remarcó el sindicato.

Esta discusión debe superar dos afirmaciones enfrentadas de que “al LATU le sobra dinero o que inevitablemente cerrará con pérdidas. Ninguna de esas expresiones, tomada de forma aislada, alcanza para decidir una transferencia permanente”, aclaró AFUL.

Propuestas de AFUL

“Nuestro pedido a esta Comisión es, por tanto, preciso. Solicitamos que la transferencia al INALE no sea aprobada en su redacción actual hasta contar con una evaluación previa, integral e independiente. Esa evaluación debería determinar qué efectos tendría sobre las funciones y capacidades del LATU; analizar las necesidades y fuentes de financiamiento de las instituciones vinculadas con la cadena láctea; establecer la rentabilidad neta del Parque Tecnológico; identificar qué inversiones o actividades podrían verse afectadas; y explicar cómo se absorbería la pérdida de ingresos”, planteó el sindicato.

AFUL también pidió a los legisladores que “se estudie una fuente estable y suficiente para el INALE, construida con participación de productores, industria, trabajadores e instituciones involucradas, sin deteriorar las capacidades que el LATU aporta a la misma cadena”.

Y si aun así la Comisión entendiera necesario avanzar, pidieron al menos dos resguardos. “Primero, que la asignación no se establezca con carácter permanente, sino por un plazo determinado, vencido el cual deba revisarse con información a la vista. Segundo, que quede condicionada a que ese informe de impacto se realice y se remita al Parlamento”. Porque entienden que una transferencia a perpetuidad, decidida sin evaluación previa, “es una decisión que después nadie está obligado a revisar”.

“No venimos a pedir mejoras salariales, creación de cargos ni beneficios particulares para los trabajadores. Venimos a plantear una preocupación institucional. El LATU cumple funciones que muchas veces pasan inadvertidas precisamente porque sostienen procesos que el país da por descontados, como la confiabilidad de una medición, la validez de un ensayo, el cumplimiento de una norma, el control de un producto o la posibilidad de acceder a un mercado. Esas capacidades llevan años en construirse. Requieren conocimiento, experiencia, equipamiento e instituciones confiables. Si se debilitan, no se recuperan de un día para otro”, remarcó el sindicato.

Por ello, para AFUL, cuidar al LATU también significa “exigir que sus recursos se administren con responsabilidad, que sus prioridades se discutan y que sus resultados puedan evaluarse”. A la vez, aseguraron que “financiar adecuadamente al INALE es necesario, perohacerlo debilitando al LATU no lo es”.