La Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) llevó adelante un paro nacional de actividades este miércoles 23 de julio, entre las 9:00 y las 13:00 horas, en reclamo de ingreso de personal genuino y eliminación de tercerizaciones, recuperación del salario real, desarrollo de la carrera funcional, inversión en las empresas públicas y aumento del presupuesto destinado al sector.

A las 10:00 horas tuvo lugar una concentración en Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, que culminó con una movilización hacia la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, en la intersección de las calles Paraguay y Colonia.

La consigna central de la jornada fue: “Defender a las empresas públicas es poner al pueblo primero. Los servicios públicos son un derecho”. Participaron delegaciones sindicales de todo el país, que respaldaron los reclamos de la MSCE.

Durante el acto hicieron uso de la palabra Carolina Spilman, vicepresidenta del PIT-CNT con especial atención a la agenda de género y representante del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL), y Georgy Martínez, secretario general de la Unión Ferroviaria.

Spilman: “Cada derecho se defiende con lucha”

Carolina Spilman sostuvo que, ante el ajuste y la precarización del patrimonio público, “la clase trabajadora responde con organización y lucha colectiva”.

Afirmó que para la MSCE defender las empresas públicas es defender el país, los derechos y el futuro. “No estamos dispuestos a seguir viviendo en un país para pocos. Paramos porque las empresas públicas son del pueblo y se defienden”.

La dirigente sindical reivindicó el rol estratégico de las empresas del Estado, al señalar que “no son una carga”, sino “una herramienta fundamental para garantizar derechos, generar empleo de calidad y sostener la soberanía nacional”. “Cuando hablamos de empresas públicas, hablamos de patrimonio colectivo”, agregó.

También rechazó el nuevo sistema de certificaciones médicas impuesto por ley, al que calificó de autoritario y sin negociación colectiva. “Es una ley que castiga a los funcionarios públicos cuando están enfermos, recortando su salario en el momento de mayor vulnerabilidad. No aceptamos que se siga ajustando a costa de la salud”, subrayó, y exigió su derogación inmediata.

Abogó por un Estado fuerte y presente, con empresas públicas en el territorio, ingreso genuino de personal, inversión pública y condiciones laborales dignas. “No queremos más tercerizaciones, ni contratos precarios, ni vaciamiento de funciones. Cuando el Estado se retira, crecen las desigualdades”, advirtió.

Reafirmó que las empresas públicas son “inversión social, desarrollo estratégico y soberanía”, y aseguró que el pueblo no está dispuesto a entregarlas. “Queremos una estrategia nacional de desarrollo construida con la clase trabajadora, con diálogo social real, justicia tributaria y mirada de futuro. Basta de ajuste a las y los trabajadores”, reclamó.

“Atravesamos los ‘mejores cinco años de nuestras vidas’”, ironizó y remarcó que “los trabajadores terminaron pagando una crisis que no generaron”.

“Perdimos salario real y nos cambiaron las reglas con una fórmula que nos hizo perder contra la inflación. Hoy decimos que queremos recuperar lo perdido y avanzar, porque la crisis no puede ser eterna para unos y de bonanza para los mismos de siempre”, expresó.

Entre los principales reclamos, mencionó concursos, desarrollo de la carrera funcional, estabilidad laboral y salarios dignos. “Cada sindicato tiene sus batallas, pero el enemigo es el mismo: un modelo de desigualdad que prioriza el lucro de unos pocos por encima de las necesidades del pueblo”, denunció.

Spilman alertó sobre la situación crítica en varios organismos estatales. En la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), señaló que “es urgente cubrir vacantes y frenar la pérdida de puestos de trabajo que está desmantelando una herramienta clave para garantizar el derecho a la vivienda”. En FANCAP, reafirmó la exigencia de ingreso de personal y el fin de las tercerizaciones. “Refinar en Uruguay es soberanía. Necesitamos un nuevo buque tanque, inversión en el área de portland y recuperación ferroviaria. Todo esto no es gasto, es desarrollo”, sostuvo.

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Carolina Spilman.- Foto: Gianni Schiaffarino

También destacó el logro de los trabajadores de OSE, que “gracias a la lucha organizada y al apoyo social, derrotaron el proyecto Neptuno”, aunque advirtió que la empresa sigue enfrentando “precarización, persecución sindical y falta de inversión”. “No nos olvidamos que regalaron el puerto”, afirmó en referencia al contrato con Katoen Natie, y saludó la presencia del Sindicato Único Portuario (SUPRA), que exige su derogación por inconstitucional.

En defensa de ANTEL, remarcó el papel estratégico de la empresa pública de telecomunicaciones. “Cuando se entregó a privados parte del patrimonio de los uruguayos, no solo perdieron los trabajadores, perdió el país. Necesitamos inversión, ingreso de personal y una nueva Ley de Medios que garantice el pluralismo y el acceso democrático a la comunicación”, planteó.

Cuestionó que se diga que “no hay plata”, cuando en realidad -dijo- “el problema son las prioridades”. “La clase trabajadora tiene propuestas. Queremos un Estado fuerte, democrático, eficiente y justo. Queremos políticas públicas que miren al pueblo, y para eso hay que salir de los despachos y conocer las realidades de quienes no soportan tanta desigualdad. Mientras ajustan a los de abajo, ¿quiénes se están llevando todo? Es hora de gravar al 1% más rico”, reclamó.

Denunció que la pobreza infantil en Uruguay es “escandalosa” y que no se combate sin una real voluntad de redistribución de la riqueza. “Que paguen más los que tienen más”, dijo. Y agregó que “cuando se ve esa pobreza, también se ve el rostro de muchas compañeras que crían solas a sus hijos, sosteniéndose con salarios bajos, haciendo malabares entre el trabajo remunerado y el no remunerado”. Por eso dijo que “la justicia tributaria también es justicia de género”.

“Paramos porque estamos de pie, tenemos memoria y sabemos que cada derecho que hoy reivindicamos se defiende con lucha”, cerró su intervención Spilman.

Georgy Martínez: “La unidad para defender el patrimonio del pueblo”

Por su parte, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Georgy Martínez, afirmó que los trabajadores del sector público “están en la calle en defensa de los servicios públicos y del patrimonio del pueblo”.

“Hoy estamos marcando un camino a seguir. En los tiempos que corren, la unidad no es solo una aspiración, sino una necesidad”, sostuvo Martínez. En ese marco, llamó a profundizar la unidad sindical para enfrentar el avance de las privatizaciones y los recortes.

Recordó que en 1992, junto al pueblo, el movimiento sindical logró derrotar mediante un plebiscito los intentos privatizadores impulsados por el neoliberalismo. Sin embargo -advirtió- “la victoria no fue total”, ya que “aunque no pudieron entrar por la puerta, las privatizaciones se metieron por la ventana”, dando paso a la enajenación de PLUNA y a la tercerización de servicios como limpieza y seguridad en casi todas las empresas públicas.

Martínez denunció que este proceso no solo generó precariedad, sino que abrió camino al acomodo, a la falta de control por parte del Tribunal de Cuentas y el Parlamento, y al derroche de recursos públicos. “Los resultados están a la vista”, sentenció.

También alertó sobre la situación regional, al señalar que en Argentina, bajo el actual gobierno, “se han incrementado hasta en un 200% las tarifas de servicios básicos”, mientras se persigue a los trabajadores públicos “con represión y cárcel”, como ha denunciado la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE).

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Georgy Martínez.- Foto: Gianni Schiaffarin

A su juicio, en este contexto, “la herramienta de la MSCE se vuelve imprescindible para coordinar esfuerzos en defensa de la soberanía y el bienestar del pueblo uruguayo”.

Martínez saludó la reciente victoria de FFOSE con la caída del proyecto Neptuno, al que calificó de “infame y privatizador”, y exigió la revisión de la ley de riego, que -dijo- “privatiza el agua, favorece a los grandes productores y contamina nuestras fuentes”.

Criticó que, cuando “la frazada es corta”, los servicios públicos sean siempre los primeros en ser recortados, mientras no se tocan “los privilegios de las patronales ni del aparato represivo”. Denunció que el sistema mantiene intactos los privilegios militares, como una Caja Militar que consume más de 600 millones de dólares anuales, mientras se destinan fondos a los cargos de confianza y a la represión, y no a asegurar servicios públicos de calidad.

“Quieren convencernos de que el Estado necesita un ajuste, y que para procesarlo hay que recortar funcionarios, disminuir inversión y políticas sociales, mientras los patrones se enriquecen y el pueblo padece”, señaló. Y recordó que fue el movimiento sindical quien sostuvo las ollas populares durante la pandemia, con firmeza y responsabilidad.

“Mientras los niños pasan hambre, barcos repletos de mercancías salen por el puerto con ganancias extraordinarias, construidas sobre la rebaja salarial”, denunció. También criticó el modelo capitalista global, que “ha empujado a la humanidad a una crisis que genera inequidad, concentración de la riqueza y exclusión”.

“El 0,1% de la población mundial se apropia del 50% de la riqueza, mientras el 71% solo accede al 3%. Es un modelo salvaje que profundiza la marginación, destruye el medioambiente y convierte a la humanidad en rehén del consumismo”, alertó el dirigente sindical. Agregó que Uruguay no está ajeno a esta infamia. “Se pasa hambre en un país que exporta alimentos, mientras se entrega soberanía a grandes empresas transnacionales”.

Martínez puso como ejemplo el contrato con UPM, firmado durante el gobierno anterior, que privatizó 250 kilómetros de vías férreas, dejó a AFE al borde del cierre y otorgó concesiones extraordinarias como la venta de energía eléctrica con precios asegurados por UTE, exoneraciones fiscales y régimen de zona franca. “Un acuerdo de entrega y genuflexión supina”, calificó.

Advirtió que el mismo modelo busca ahora apropiarse del hidrógeno verde, tras haber capturado sectores como la fibra óptica, las torres de telefonía y la energía eólica. “Vienen sin poner un peso y se llevan todas las ganancias en nombre de la libre competencia”, criticó.

Asimismo, reclamó la derogación del decreto 242/023, que permite la compraventa de energía eléctrica entre privados, lo cual perjudica a UTE al perder clientes grandes como Coca-Cola. “Uruguay tiene un crecimiento sostenido del 5% en la demanda eléctrica. Es urgente invertir en UTE para garantizar un servicio de calidad”.

También mencionó la situación del Correo, donde la Asociación de Funcionarios Postales reclama ingreso de personal genuino para atender la demanda actual. “La estrategia es siempre la misma: desabastecer para justificar la tercerización”, denunció.

Reclamó la recuperación de recursos genuinos para el Instituto Nacional de Colonización, afectados por la LUC, y una distribución de tierras “transparente y equitativa, orientada a quienes realmente trabajan la tierra”.

En cuanto al Banco de Previsión Social, Martínez lamentó el vaciamiento de personal que impide procesar los 58.000 expedientes de jubilación atrasados. “Después de trabajar toda una vida, se deja a la gente de rehén”.

Cuestionó la reforma jubilatoria, que eleva la edad de retiro a los 65 años, y criticó el rol de las AFAP, “que ganan millones pero pagan jubilaciones miserables”.

Denunció además la campaña propagandística que, con grandes sumas de dinero, impulsaron las AFAP para impedir la aprobación del plebiscito promovido por el PIT-CNT. “Gente que no sabe lo que es laburar desde hace años se unió como clase para operar contra la voluntad popular”, dijo.

El dirigente ferroviario destacó la lucha de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) por el ingreso de personal y por un presupuesto que permita cumplir con su rol como centro de atención para los sectores más vulnerables.

A su vez, informó que la Unión Ferroviaria ha presentado varios proyectos de renovación del ferrocarril estatal sin comprometer al país con deudas millonarias. Denunció que, en lugar de fortalecer AFE, se la desmanteló mediante excedencias y retiros anticipados, mientras se monopolizó el ramal de salida de Montevideo.

“Quedamos 200 trabajadores, de los cuales 120 llevan más de tres años esperando ser trasladados al Ministerio de Transporte. Se pasan la pelota entre gobiernos, pero el objetivo común es desaparecer el ferrocarril público”, advirtió. “Que demuestren lo contrario invirtiendo para que la gente no quede tirada en el campo con trenes de 45 años que ya no dan más”.

El dirigente gremial exigió que el tren de pasajeros vuelva a la zona metropolitana y que el transporte de combustible y portland siga en manos de Servicios Logísticos Ferroviarios (SELF).

Reclamó la derogación de la ley de certificaciones médicas, que -según dijo- “empareja para abajo y perjudica a trabajadores con enfermedades congénitas o profesionales”.

Martínez cerró su intervención con un llamado a mantener la independencia de clase. “Sigamos por el mismo camino, sin importar quién gobierne. La clase obrera somos nosotros”.