En ese marco, se desarrolló una actividad de reivindicación y camaradería en Santa Rosa, con la presencia de representantes de todas las gremiales del sector, trabajadores rurales de todo el país, así como también de autoridades nacionales, departamentales y legisladores. 

En ese contexto, la responsable de Organización de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) y presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de Tambos y Anexos (SUTTA), María Flores, advirtió sobre la necesidad de “evaluar cuántos femicidios han ocurrido en el ámbito rural” y planteó que las asalariadas rurales deben ser partícipes reales de la policía rural.

“Si es que tenemos una policía que es rural, que trabaja y se reúne con las diferentes gremiales, debe tener a representantes de los sindicatos para que den su visión. El sindicato es la primera herramienta a la que recurre el trabajador si está cerca y en la zona, así como también a la comisaría. Y no es lo mismo para una trabajadora o un trabajador rural que su vecino esté a 20 kilómetros que una situación en la ciudad, donde hay otros mecanismos que se activan. En el Uruguay profundo es muy diferente, por las distancias”, señaló.

“Hay que imaginar la situación de una asalariada rural, por ejemplo en un caso de violencia de género. Esa trabajadora está en el medio de la nada, no tiene dinero para un boleto y, además, depende del salario de su esposo. O puede ocurrir que vaya a una comisaría local y quien la atienda sea su cuñado, que le diga que minimice la situación. Por eso necesitamos una policía rural de cercanía y capacitada, que sepa cómo actuar”, agregó.

En relación con la seguridad laboral, Flores también se refirió a la necesidad de evitar riesgos para quienes deben trabajar en condiciones climáticas adversas, así como a la falta de controles e inspecciones en los lugares de trabajo. En ese sentido, indicó que las trabajadoras del sector del arándano -que son zafrales- incluyen en su plataforma reivindicativa la propuesta de que el Ministerio de Trabajo realice recorridas en territorio y descentralice las reuniones de gabinete. “Sacar las reuniones de gabinete de Montevideo y hablar sobre seguridad en territorio. Que se recorra y se tomen iniciativas, tales como talleres de capacitación en territorio”, planteó.

Asimismo, Flores sostuvo que en el sector agropecuario en general la situación de los trabajadores continúa siendo “muy precaria”, con reuniones de Consejos de Salarios extensos, excesivos y desgastantes. “No se logran acuerdos o se avanza muy lentamente y aún seguimos con la reivindicación de que el trabajador y la trabajadora cobren presentismo y antigüedad. No se reconoce al trabajador rural que maneja un capital desde que amanece hasta que anochece”, cuestionó.

La Ley 19.000, de noviembre de 2012, declara el 30 de abril de cada año como el “Día del Trabajador Rural”, estableciéndolo como feriado no laborable pago para quienes desempeñan esta actividad. Además, dispone que el Poder Ejecutivo organizará y promoverá, durante esa jornada, actividades y medidas destinadas a difundir la importancia de la labor del trabajador rural en Uruguay. La normativa también establece que el Estado debe crear una comisión encargada de controlar su cumplimiento. “Sin embargo, esa comisión nunca se creó y ni siquiera el Estado realiza una difusión del Día del Trabajador Rural”, cuestionó Flores.

Un campo con derechos, dignidad y futuro

Por su parte, Julio Méndez representante de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (UTRAU) dijo al Portal del PIT-CNT que la consigna en el Día del Trabajador Rural es “por un campo con derechos, dignidad y futuro”.

Señaló que la plataforma del sector “arranca por salario y trabajo digno”, e incluye también el acceso a la vivienda y el derecho a ser dueño del propio lugar. Asimismo, reclamó “respeto por los derechos laborales y sindicales”, que –afirmó- en este sector “hay que lucharlos, y mucho”.

Méndez también planteó la necesidad de “mejorar la protección en salud, la seguridad laboral y la prevención social”, así como “fortalecer la capacitación y el desarrollo”, en un contexto donde “hay mucha gente sin preparación”. A su vez, abogó por el acceso a una “seguridad social integral y a un seguro de paro equitativo para todos los trabajadores”.

“Queremos un campo industrializado y soberano, donde la riqueza se procese en el lugar donde nace, para que el interior sea un verdadero motor de desarrollo”, expresó.

La plataforma reivindicativa de UTRAU reúne los ejes fundamentales para fortalecer los derechos de las y los trabajadores rurales, integrando las necesidades históricas del sector con los desafíos actuales de la seguridad social y la industrialización nacional.

En materia de salario y trabajo digno, el sindicato afirmó que “no hay producción de primera con salarios de tercera” y sostuvo que el jornal debe permitir que la familia rural viva con dignidad. En ese sentido, exigió “aumentos salariales” que superen la inflación y reflejen el verdadero costo de vida en el campo. Asimismo, planteó como “imperativo” el pago efectivo de horas extras y nocturnidad, junto con el combate frontal y la erradicación del trabajo informal o “en negro”.

“El campo es nuestro hogar, no solo nuestra fábrica”, planteó UTRAU en cuanto a vivienda y calidad de vida. En ese marco, el sindicato reclamó viviendas dignas para que las familias rurales puedan “echar raíces de forma segura”. 

El sindicato propuso la implementación de programas específicos de vivienda para trabajadores rurales, con acceso prioritario a planes como MEVIR. También consideró “urgente” garantizar el acceso a servicios básicos indispensables, como agua, luz y conectividad, en todas las zonas de trabajo, con el objetivo de “terminar con la precariedad habitacional”.

Respecto a los derechos laborales y sindicales, la organización sostuvo que la negociación colectiva es “la garantía absoluta de la democracia en las relaciones laborales” y afirmó que no dará “ni un solo paso atrás” en la defensa de sus delegados y en la protección de la libertad sindical. En esa línea, exigió el fortalecimiento “innegociable” de los Consejos de Salarios y el cese inmediato de cualquier tipo de persecución hacia quienes se organizan.

En el capítulo de salud, seguridad y protección social, UTRAU subrayó que la salud y la integridad física del trabajador “no son negociables” y demandó políticas de prevención real frente a accidentes y enfermedades profesionales. También planteó como “obligatoria y urgente” la entrega de elementos de seguridad adecuados, incluyendo ropa de abrigo e indumentaria impermeable. A su vez, reclamó el “acceso garantizado y la mejora en la atención de las policlínicas rurales en las zonas donde viven los trabajadores”.

En relación con la capacitación y el desarrollo rural, el sindicato destacó que la formación es “la principal herramienta” para generar arraigo y evitar que la juventud deba emigrar a la ciudad por falta de oportunidades. En ese sentido, reivindicó el “acceso a formación técnica, tecnológica y agroecológica gratuita”, adaptada a las nuevas realidades del mundo del trabajo, con un enfoque prioritario en la inclusión y el desarrollo de jóvenes y mujeres rurales.

Sobre seguridad social, UTRAU exigió un sistema “verdaderamente solidario” que proteja a quienes ya no pueden trabajar, y sostuvo que “nadie debería percibir ingresos por debajo del Salario Mínimo Nacional tras una vida de trabajo”. Además, señaló que “el cuerpo en el campo se gasta antes”, por lo que defendió el derecho a la jubilación a los 60 años y la eliminación de las AFAP.

En ese mismo eje, el sindicato reclamó el “acceso justo y equitativo” al seguro de paro, sin distinciones ni filtros excluyentes. Consideró “inadmisible” que, al momento de cumplir obligaciones, los trabajadores rurales sean medidos como cualquier otro trabajador, pero enfrenten requisitos discriminatorios cuando deben ampararse en sus derechos, lo que -según señalaron- “perpetúa la injusticia de tratarlos como trabajadores de segunda clase”.

En materia de industrialización y soberanía, UTRAU reafirmó su consigna. “Queremos un campo industrializado y soberano, donde la riqueza se procese en el lugar donde nace, para que el interior sea un verdadero motor de desarrollo”. En ese sentido, exigió políticas que fomenten la instalación de plantas procesadoras de materia prima en el interior del país, al considerar que esto es “clave para generar empleo estable, calificado y que trascienda la dependencia de la zafra”.