Este martes 27 de enero se firmó un convenio marco de cooperación mediante el cual jóvenes en conflicto con la ley, bajo la responsabilidad del INISA, accederán a talleres de capacitación del Ministerio de Defensa Nacional. El acuerdo habilita un cupo de entre 20 y 30 plazas en cursos que ofrecen las escuelas técnicas de esa secretaría de Estado.

En ese marco, representantes del Ejército Nacional concurrirán en febrero a la Colonia Berro con el objetivo de informar a los jóvenes sobre las oportunidades de capacitación en áreas tan diversas como la participación en la banda militar, carpintería y mantenimiento, entre otras instancias que ofrece el Ejército.

Tras los anuncios realizados por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el presidente del INISA, Jaime Saavedra, tanto la FUM-TEP como el SIDFE manifestaron públicamente su rechazo a la iniciativa.

En ese sentido, la FUM-TEP emitió una declaración en la que manifiesta su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que se concreten decisiones de este tipo sin haber desarrollado los imprescindibles diálogos amplios, profundos y cuidadosos con el conjunto de la sociedad, tal como viene proponiendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

Asimismo, la federación señala que durante el año en curso se desarrollará el Congreso Nacional de Educación, una instancia privilegiada para procesar debates y elaborar propuestas en materia educativa.

“Democratizar la educación supone que todas y todos los actores implicados puedan participar de la toma de decisiones. Es imprescindible escuchar a cada uno de los colectivos respecto a qué educación proyectan, pero principalmente a las y los jóvenes, porque la educación se construye en el intercambio y en el diálogo, no en la imposición”, sostiene la declaración.

La FUM-TEP expresa también que “para la formación de niñas, niños y jóvenes existen organismos estatales específicamente encargados de esa tarea -ANEP, UDELAR y UTEC-, los cuales cuentan con formación específica, amplia experiencia y presencia en todo el territorio nacional”.

Además, reiteran que desde dichos organismos se viene reclamando desde hace años un incremento presupuestal que no se ha concretado y que resulta imprescindible para cumplir y mejorar las funciones de la educación pública.

La federación considera, asimismo, que “la formación de las y los jóvenes del INISA no debe ser abordada desde las Fuerzas Armadas”. Al respecto, señala que “se trata de una institución que mantiene deudas profundas con el pueblo, que continúa ocultando información y en la que existen criminales que no han respondido por sus actos durante la última dictadura cívico-militar”.

Por lo tanto, sostienen que “no cuentan ni con el conocimiento específico -formación pedagógico-didáctica- ni con la confianza del pueblo para involucrarse en la educación de menores”.

Los docentes también indican que la propuesta es “contextualizada en relación con la situación de violencia a la que están sometidas niñas, niños y jóvenes en nuestro país, franja etaria en la que se concentran los índices más altos de pobreza”.

“Contextos de injusticia, necesidades básicas insatisfechas, inseguridad alimentaria, falta de fuentes de trabajo y el incremento de la incidencia del narcotráfico en las comunidades, entre otros factores, generan las condiciones para el aumento de la violencia”, expresan los docentes y trabajadores de Primaria.

Aseguran que La realidad de los menores en situación de privación de libertad “obliga a profundizar el análisis de las causas y no a impulsar medidas sin ningún tipo de fundamento”. Desde su perspectiva, se trata de “víctimas de una sociedad desigual, producto de la falta de políticas estatales que prioricen erradicar las desigualdades de origen”.

“Porque la pobreza y la marginalidad son el resultado de la acumulación ilimitada de quienes se apropian de los frutos del trabajo de otras y otros”, afirma la declaración.

Por ello, consideran imprescindible comenzar a adoptar otras medidas, como la iniciativa de gravar al 1% más rico con una sobretasa del 1% en el impuesto al patrimonio de las personas físicas.

Retroceso

En el mismo sentido, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (SIDFE) expresó su profundo rechazo al convenio firmado entre el INISA y el Ministerio de Defensa Nacional, al que calificó como un “claro retroceso en las concepciones pedagógicas de nuestro país, que buscó durante décadas la inclusión social y el desarrollo de las potencialidades del estudiantado”.

Según el sindicato, este convenio muestra a “un Estado que se deslinda de las acciones educativas para vigilar y castigar a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, en lugar de promover un enfoque integral de la educación”. A su entender, se trata de “acciones más acordes al siglo XIX que al actual, que refuerzan el estigma social y la idea de que la mano dura es el único camino”.

También genera una profunda “preocupación” el silencio y/o la falta de involucramiento de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), órgano encargado y responsable de la educación pública, bajo cuya órbita deberían estar los y las adolescentes a quienes está destinado este acuerdo, manifiestan.

“Como formadores de docentes para todos los subsistemas, reivindicamos siempre el derecho a la educación de la totalidad de los niños, niñas y adolescentes, y a una enseñanza que debe ser crítica, de calidad y enmarcada en los derechos humanos”, sostiene el SIDFE.

En ese marco, consideran inadmisible que el gobierno ceda la educación de un sector de la población a una institución cuyo cometido y lógicas de funcionamiento están claramente alejados de los principios pedagógicos y educativos. Asimismo, señalan que se trata de una institución que “nunca realizó una autocrítica sobre su papel en la última dictadura cívico-militar y que mantiene la complicidad y el silencio frente a la violación de los derechos humanos”.

Consideran que una institución con esa impronta no puede tener la responsabilidad de educar a adolescentes.

El sindicato recuerda además que el liceo militar “continúa sin estar bajo la órbita de la ANEP y que sus trabajadores y trabajadoras son contratados en función de perfiles poco claros, por fuera de los ámbitos de elección de horas del resto de los liceos públicos del país, y con condiciones laborales diferentes a las del resto del colectivo docente de la educación pública.

Asimismo, advierten que el liceo militar es un ámbito exclusivo del Ministerio de Defensa Nacional, sobre el cual la ANEP no tiene control respecto a los conocimientos, estrategias didácticas y valores que allí se imparten.

Finalmente, el SIDFE exige que las autoridades revisen este accionar, que -según afirman- desvirtúa las funciones de las distintas instituciones del Estado y refuerza los estigmas sociales sobre las adolescencias en conflicto con la ley.