Gonzalo Castelgrande, presidente de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE), confirmó la participación activa del sindicato en el paro general convocado para el próximo 12 de agosto, fecha que calificó como “emblemática” para los trabajadores del sector.

“Este paro coincide con el Día del Funcionario de UTE. Para nosotros, el 12 de agosto siempre será un día de lucha; así nació en 1959, con una huelga de los compañeros de AUTE que bajaron la palanca en la Central Batlle, dejando únicamente los servicios esenciales encendidos. Hoy, este nuevo 12 de agosto nos va a encontrar nuevamente en la calle, movilizados, y con un paro de 24 horas, porque las razones sobran”, expresó Castelgrande.

Entre los principales reclamos que sustentan la medida se encuentra la crítica al modelo de desigualdad vigente.

La plataforma reivindicativa del paro abarca una serie de demandas que apuntan a transformar el modelo de desarrollo actual. Reclaman un presupuesto público orientado a garantizar derechos para toda la población, con especial énfasis en la educación, la salud y la inversión estatal. Exigen el fortalecimiento de las empresas públicas, la reducción de la jornada laboral, el compromiso firme con la erradicación de la pobreza infantil, una seguridad social solidaria y sin fines de lucro, y la implementación de una estrategia nacional de desarrollo que permita reducir la dependencia económica y la desigualdad. También expresan su solidaridad con los gremios que atraviesan conflictos laborales, se pronuncian contra el genocidio del pueblo palestino y reafirman su lucha por la verdad y la justicia.

En el marco específico del sector público, AUTE reclama mayor presupuesto para las empresas estatales. “Estamos enfrentando recortes. Hay sindicatos en conflicto y nosotros exigimos a UTE que realice inversiones públicas genuinas que generen empleo de calidad. Pero para eso se necesita presupuesto”, señaló.

Castelgrande también cuestionó duramente las pautas salariales del gobierno, tanto para públicos como para privados.

“Lamentablemente, las señales que se están dando son muy malas. Las pautas salariales son totalmente insuficientes y ya fueron rechazadas tanto en el ámbito privado como por nosotros, a través del Departamento de Públicos y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. No garantizan el mantenimiento del salario real ni el poder de compra. Nos empujan a una disputa directa con las cámaras empresariales y el gran capital”.

El dirigente planteó que un gobierno progresista debería tener otra actitud. “En el período pasado, la mayoría de las veces el Ministerio de Trabajo votó con los empresarios. Este gobierno tiene que demostrar otra sensibilidad, otra justicia social y laboral en los Consejos de Salarios. Estamos movilizados esperando señales, que hasta ahora no llegaron”.

Otro punto central de la agenda sindical es la oposición al decreto 242, emitido por el gobierno anterior, que AUTE considera “una herramienta de privatización del mercado energético”.

“Ese decreto permite a los empresarios comprar y vender energía entre ellos, generando un subsidio millonario para el 1% más rico del sector energético. Es un beneficio para unos pocos y un perjuicio para la mayoría, porque esos costos terminarán trasladándose a las tarifas que paga el pueblo”, advirtió el dirigente sindical. 

Recordó que AUTE mantiene un juicio en curso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra este decreto, en el que involucra al Estado uruguayo, el MIEM, UTE y las cámaras privadas generadoras de energía.

“El miércoles 5 y jueves 6 vamos a presentar testigos en este juicio. Queremos hacer entender a los jueces del TCA -que son jueces administrativos y no expertos en energía- lo nefasto e ilegítimo de este decreto”, explicó Castelgrande.

Respecto a la actual gestión de UTE y el MIEM, lamentó que no se hayan dado señales de cambio, a pesar de que la ministra Fernanda Cardona, en el pasado, había expresado su oposición al decreto cuando integraba el directorio de UTE como representante de la oposición.

“Esperábamos otra actitud de su parte. Hasta el año pasado, incluso, llevaba adelante un juicio paralelo al nuestro contra ese decreto. Pensamos que, con su llegada al Ministerio, el tema iba a tener otro tratamiento. Pero no solo no se derogó el decreto, sino que ni siquiera se nos convocó a discutirlo. No se hizo absolutamente nada, por eso seguimos presionando, porque este decreto es nefasto”, dijo.

“Gravar al 1% más rico es una cuestión ética y moral”

Por último, Castelgrande respaldó la propuesta del PIT-CNT de aplicar un gravamen del 1% al 1% más rico del país, con el objetivo de combatir la pobreza infantil.

“Este no es un tema económico, es un tema ético y moral. Los números muestran que es perfectamente viable sin afectar en lo más mínimo a quienes más tienen. No se van a fundir si se les grava un 1%. Es una responsabilidad histórica de esta generación poner fin a esta vergüenza nacional que significa tener a uno de cada tres niños en situación de pobreza”, expresó.

“Lo que no se puede permitir es que, apenas se mencione que no se quieren nuevos impuestos, se cierre la discusión. En una economía dependiente y primarizada como la nuestra, no hay muchas formas de redistribuir si no es a través de la tributación. No hay grandes recetas: o se cambia el sistema -que no van a querer- o se utilizan las herramientas disponibles. Y esta es una de ellas”, puntualizó Castelgrande.

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