Este lunes 10 de noviembre, maestros y profesores nucleados en ADEMU y ADES-Montevideo se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva para exigir mayor inversión en educación, mejoras edilicias y políticas integrales que garanticen condiciones seguras de trabajo en los centros educativos. En el marco de la movilización, el presidente de la República recibió a los sindicatos lo que fue valorado a nivel sindical como un "gesto político" y "un avance".
En el marco de la discusión del Presupuesto Nacional y tras un nuevo episodio de violencia ocurrido días atrás en la Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo, docentes de enseñanza primaria y secundaria se movilizaron y entregaron cartas al presidente de la República, Yamandú Orsi, y a las autoridades del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (CODICEN - ANEP), en las que plantearon la necesidad de fortalecer la infraestructura educativa y asegurar las condiciones pedagógicas necesarias para el desarrollo de su labor.
El hecho violento -ocurrido el pasado miércoles 5 de noviembre, cuando una madre y un grupo de jóvenes irrumpieron en la escuela agrediendo al personal- motivó que la Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU) decretara un paro de 24 horas al día siguiente, conforme a lo establecido por el sindicato para estos casos. En las últimas horas, los docentes de secundaria se sumaron a los reclamos.
La presidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES-Montevideo), Verónica Méndez, explicó al Portal del PIT-CNT que la asamblea del sábado anterior resolvió realizar un paro de 24 horas este lunes, en continuidad con la lucha por alcanzar el 6 + 1% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación.
“Cuando hablamos del 6 + 1 parece un número abstracto, pero tenemos que bajarlo a la realidad y ver qué significa. Ese incremento permitiría atacar los problemas de infraestructura, crear nuevos liceos, reducir los grupos a un máximo de 25 estudiantes, y conformar equipos multidisciplinarios en todos los centros. Hoy vivimos situaciones de violencia dentro y fuera de los liceos que requieren más apoyo profesional y recursos”, afirmó.
Méndez señaló que la falta de equipos multidisciplinarios agrava las desigualdades que enfrentan niños y adolescentes, muchos de los cuales provienen de hogares vulnerables. “Hay estudiantes que llegan tarde o deben irse antes de clase porque cuidan a un hermano o a un abuelo enfermo, o porque se quedaron sin boletos. La violencia también se manifiesta en esas carencias y en la falta de oportunidades. Cuando un adolescente se preocupa más por conseguir pasajes que por estudiar, se está vulnerando su derecho fundamental a la educación”, subrayó.
Méndez también se refirió a la discusión presupuestal. “La ANEP elaboró su presupuesto, pero lo que presentó el Poder Ejecutivo cubre apenas el 28%. En Diputados se sumaron algunos fondos y se llegó al 31%, pero sigue faltando muchísimo para UTU, Primaria, Secundaria y la Universidad. Debemos cambiar el discurso, no se trata de gasto, sino de inversión en el futuro de la sociedad y de nuestros gurises”.
La presidenta de ADES-Montevideo insistió en la importancia de explicar los motivos de las medidas sindicales a las familias y comunidades. “Queremos que las familias comprendan que los paros buscan mejorar las trayectorias educativas y las condiciones de estudio. Un monor que debe llevar una bolsa de agua caliente al liceo porque la ventana no cierra y hay 8 grados, no está aprendiendo en las mejores condiciones. Y eso no lo podemos aceptar”.
Garantías para trabajar con tranquilidad
Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU), Paola López, destacó que es la primera vez que se plantea directamente al presidente Orsi la problemática de la violencia en los centros educativos y la necesidad de una respuesta articulada entre el Ejecutivo, la ANEP y Primaria.
“Queremos que se implementen políticas sociales que minimicen los riesgos que se viven en las escuelas, y pensar en conjunto la proyección a futuro. Necesitamos garantizar que los trabajadores que atravesaron situaciones de violencia cuenten con respaldo, y que el resto del personal tenga la tranquilidad de poder ir a trabajar en condiciones seguras”, dijo.
López transmitió que desde Presidencia se manifestó un “compromiso de gestión” para fortalecer las políticas públicas en territorio, con la participación del Ministerio del Interior y equipos de trabajo social que acompañen y respalden la labor docente.
“Se asumió la responsabilidad de sostener los servicios de portería en las escuelas y de aumentar los equipos multidisciplinarios en territorio. No solo con campañas simbólicas, sino con acciones concretas que minimicen los perjuicios que sufren las maestras y los maestros”, agregó.
El sindicato decidirá en asamblea si levanta las medidas de lucha, en función de las respuestas del gobierno. Según López, el Ministerio del Interior se comprometió a reforzar el patrullaje y la presencia policial continua en la zona de la Escuela 123, priorizándola dentro del plan de convivencia y seguridad ciudadana.
“Hay gestos políticos importantes, como la disposición a destinar más recursos humanos y materiales a la escuela pública. Valoramos el reconocimiento del presidente y las autoridades, que asumieron la violencia no solo como una agresión a las maestras, sino a la institucionalidad educativa misma”, puntualizó.
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