Consideramos muy grave desde el punto de vista institucional este ataque de carácter mafioso a la máxima autoridad de la Fiscalía General de la Nación, marcando un hecho de amedrentamiento sin precedentes a un integrante del sistema de justicia. Esta gravedad implica ir más allá de los discursos, y pasar al terreno de las acciones reales por parte de quienes tienen realmente las herramientas para realizar los cambios necesarios.

Valoramos positivamente ver en estos momentos una unanimidad de opiniones en el sistema político en cuanto a este tema, pero si este discurso no se ve reflejada en el apoyo que reclama y necesita la institución (cosa que no ha sucedido hasta el momento) no vamos a poder modificar las condiciones en las que estamos cumpliendo nuestra función.

La investigación de los delitos requiere un clima de respaldo y seguridad a la hora de poder actuar sin condicionamiento alguno, lo cual es imposible si no se cuenta con condiciones mínimas en materia de seguridad. Es necesario contar con recursos materiales para lograr las mínimas condiciones de seguridad edilicias en las Sedes de todo el país, como forma de garantizar no solamente la seguridad de los funcionarios que representamos y los fiscales, sino también la de la ciudadanía que participa de los procesos penales.

Esperamos y reclamamos que el sistema político esté a la altura de las circunstancias, y que se traduzca en un apoyo real tanto político como presupuestal a la institución y dejar los dobles discursos.