Diego Andrada cumple funciones como "facilitador" en un centro 24 horas, figura creada durante la administración anterior para desempeñar tareas equivalentes a las de un "educador", pero con una rebaja salarial del 30% y sin cobertura en los convenios del Consejo de Salarios. “Crearon esta categoría de facilitador para precarizarnos más”, afirmó en declaraciones al Portal del PIT-CNT.

Actualmente hay alrededor de 200 facilitadores. “Hacemos las mismas tareas que los educadores, pero cobramos menos y estamos en la ilegalidad absoluta”. 

Andrada trabaja en el refugio de 24 horas gestionado por la organización “Otras Manos”, ubicado en Barrios Amorín y Uruguay. Este dispositivo acoge a una población relativamente estable, “personas mayores” y con perfiles menos problemáticos que permiten niveles de convivencia interesantes. La casa aloja a 12 personas. En contraste, los centros nocturnos -donde se concentra una población más compleja- albergan entre 40 y 45 usuarios “en condiciones de hacinamiento”.

“En los centros nocturnos hay problemáticas de salud mental graves y crónicas, problemas de consumo sumadas al hacinamiento de las casas. Eso fue parte de la reestructura del ex ministro Martín Lema”, recordó, señalando que la creación de más centros 24 horas por parte de la administración pasada “descomprimió parcialmente” la situación, aunque con un costo, “la precarización del personal técnico y operativo”.

Uno de los aspectos más críticos denunciados por el dirigente nacional de SUTIGA, Diego Andrada es la retirada de equipos técnicos en los centros nocturnos. “Sacaron psicólogos y trabajadores sociales. Quedaron como una especie de búnker, de aguantadero de personas”, alertó.

En lugar del abordaje directo, se instauró un dispositivo llamado CAT, que actúa fuera de los refugios y se limita a realizar derivaciones, intervenciones puntuales de seguimiento, o tareas casi administrativas. “Quedó un ratio aproximado de un psicólogo cada 100 usuarios. Es una demencia, no se puede abordar nada desde ese lugar”.

La bomba de la anterior administración

La actual administración del MIDES ha reconocido públicamente parte de la situación heredada, aunque, según Andrada, las soluciones aún no se concretan. “Estamos en conflicto por atrasos salariales. Hay compañeros que no cobran hace dos meses o mas”, denunció. “La administración que entró nos dijo que hubo un manejo anterior que les dejó una bomba y que les explotó cuando asumieron”.

La gravedad de la situación llevó incluso a que usuarios hicieran colectas para ayudar a trabajadores sin salario. “Es el reino al revés. No se puede tener una política pública de esa forma”. 

“Nosotros no estamos atrás de un escritorio ni salimos a dar grandes anuncios. Estamos ahí, abrimos los refugios y atendemos a la gente”, señaló Andrada. La falta de reconocimiento a esa tarea diaria, es uno de los principales problemas. “Todo lo que es dignificar nuestra tarea es parte de la pelea”.

Algunas señales de la nueva administración, como la creación de 900 cupos nuevos y la apertura de nueve puertas de entrada para evitar que la gente espere en la calle, son valoradas positivamente por el sindicato. “Sin embargo, queremos que se empiecen a concretar medidas ya, porque todos los días hay que abrir un refugio, pagar un alquiler o alimentar a los hijos”.

Otros de los ejes de lucha sindical es la precarización derivada de la tercerización. “Si se va a tercerizar, que se asegure que el trabajador cobre”, afirmó Andrada. “No somos nosotros los que pusimos un intermediario entre los que trabajamos y nuestro salario. Si el Estado le da dinero a una organización, que garantice que se pague como corresponde”.

Para el dirigente sindical ya no hay margen para que las organizaciones y el MIDES se tiren la pelota. “Los únicos perjudicados somos nosotros y los usuarios. El que tercerice, que se haga cargo”.

Con 16 centros de 24 horas y 30 nocturnos operativos hasta el fin de la administración anterior, el sistema viene mostrando señales de colapso. “El sistema se terminó de caer a pedazos a finales del año pasado. Hay una situación gravísima. Eso se ve en la calle”, advirtió.

Para Andrada, es fundamental que la voz de los trabajadores que están en territorio sea escuchada por el sistema político. “Se sale a decir muchas cosas en la prensa, pero a veces no condicen con la realidad. Y nosotros estamos ahí, con la gente, de lunes a domingo”.

Andrada dejó en claro que la reconstrucción del sistema de refugios debe comenzar por la base, por quienes lo hacen funcionar cada día. “Si el que ejecuta la política pública no está en condiciones de hacerlo, las palabras se las lleva el viento”.