Expresamos nuestro apoyo fraterno a la Central Obrera Boliviana y a los diversos movimientos sociales, campesinos e indígenas originarios, que se encuentran movilizados en legítima defensa de sus derechos.

La imposición de un paquete de medidas de privatización y empobrecimiento social, es un camino que lleva al gobierno de Bolivia directo al autoritarismo y la decadencia democrática.

En ese sentido, la eliminación de programas y subsidios sociales, el desmantelamiento de los derechos laborales, así como la mercantilización de la tierra y la entrega de recursos estratégicos a trasnacionales, atentan directamente contra la soberanía y la calidad de vida de las mayorías sociales.

Condenamos enérgicamente la persecución de los dirigentes sociales que encabezan la heroica lucha popular y la militarización del conflicto interno. El despliegue de las Fuerzas Armadas y el uso de la represión para contener el legítimo descontento popular, violenta las garantías constitucionales, los pactos internacionales sobre derechos civiles y aleja deliberadamente toda posibilidad de entendimiento.

Creemos que el único camino viable para recuperar la paz es la instalación urgente de una mesa de negociación, transparente y sin exclusiones, tomando como base el pliego de 100 demandas presentado por los trabajadores y cesando toda criminalización de la protesta.

Por el derecho a vivir en paz.