En diálogo con el Portal del PIT-CNT, Elizalde subrayó que los funcionarios judiciales “tienen sobrada experiencia en la atención de las problemáticas de violencia doméstica y de género”, por lo que la AFJU reclama un lugar en el espacio de trabajo instalado en Presidencia, a fin de transmitir sus aportes técnicos y cotidianos.

Declarar la emergencia

“Lo primero que hay que tener claro es que el país tiene que declarar una emergencia en lo que refiere a violencia de género y hacia las infancias”, afirmó. Para Elizalde, la violencia está instalada en la sociedad y golpea con más crudeza a los niños. “Los más desprotegidos son los niños. Como bien dicen, los niños no votan, no tienen representación. Ahí está el gran problema: la vulneración de los derechos de los más chiquitos. Estos hechos de violencia interpelan a la sociedad, pero sobre todo a los actores políticos. Hemos denunciado muchas veces que no se dan los recursos necesarios para atender estas problemáticas, y en cada tragedia eso queda en evidencia”, sostuvo.

El dirigente sindical explicó que los servicios destinados a realizar la “valoración del riesgo” se encuentran saturados y con poco personal. Esa valoración es la que permite determinar el nivel de peligrosidad de los agresores hacia mujeres y niños, y constituye una herramienta clave para que los jueces tomen decisiones. “Al haber pocos funcionarios que puedan determinar ese riesgo, el juez no tiene elementos de calidad para resolver. Y desgraciadamente, en muchos casos eso termina en hechos tan trágicos como el ocurrido días pasados con los dos pequeños”, advirtió.

Elizalde planteó que el problema tiene varias dimensiones: una social, vinculada a la forma en que nos relacionamos; otra política, que involucra al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y una jurídica, relacionada con las garantías de todos los involucrados. “Cuando pasan estas cuestiones tan desgraciadas, lo primero que se busca es sacarse las responsabilidades de encima. Pero también hay que revisar los marcos normativos en toda la cadena. Lo central es cómo protegemos a los más chiquitos, cómo la sociedad logra tener mecanismos de protección efectivos”, enfatizó.

El secretario general de AFJU cuestionó que estas discusiones solo se activen después de tragedias. “El problema es que estas cosas aparecen solo cuando hay desgracias, y después quedan invisibilizadas. Lo que hay que tener claro es que se necesitan recursos para fortalecer las decisiones de los operadores, de modo que realmente se pueda proteger a los niños y niñas”, dijo.

Participación

La AFJU también reclamó ser escuchada en los ámbitos de discusión. “Queremos participar de las instancias que se generen para conversar sobre el estado de situación, las soluciones posibles o los caminos futuros. Nuestros compañeros y compañeras están todos los días en la primera línea frente a estas problemáticas. Conocen de primera mano qué está pasando y cuáles podrían ser los caminos para generar rutas de salida”, explicó.

Elizalde insistió en que, junto con la mirada de la sociedad civil organizada, es “indispensable” incorporar la perspectiva de los trabajadores judiciales. “Estamos convencidos de que ampliar las miradas es fundamental para generar caminos alternativos. Hasta ahora no se habían abierto espacios. Nos enteramos por la prensa de la creación de esta mesa, y por eso solicitamos participar con una mirada técnica”, añadió.

Otro de los puntos planteados fue la necesidad de evitar respuestas improvisadas. “Cuando se plantean estos casos, los expertos coinciden en que no es aconsejable legislar en caliente”. En el pasado, tras homicidios de menores, se levantaban voces reclamando más penas, pero los especialistas advertían que eso no era recomendable por las garantías de todas las partes. “Hay que atender la emergencia, que es clara, pero también mantener la cabeza fría y no legislar al grito de la tribuna”, señaló.

El Código Penal ha tenido ya cerca de 14 reformas desde su actualización, lo que evidencia, a su juicio, una tendencia al punitivismo improvisado. “El sistema político suele salir a contener emergencias con parches rápidos, sin un análisis profundo. Lo que corresponde es entender las situaciones y transformarlas”.

Elizalde recordó que la AFJU reclama desde hace dos presupuestos la creación de más juzgados de género a nivel nacional. “No es la solución total, pero sería un paso importante. El tema es la sensibilidad presupuestal, si al Poder Judicial se le sigue otorgando el mismo presupuesto, no será posible contratar más técnicos que realicen evaluaciones de calidad. Por más voluntad que haya, sin una solución económica, la atención seguirá siendo lenta y deficitaria. Los sistemas de justicia quedan estresados y no logran dar las respuestas necesarias”, puntualizó.