En entrevista con el Portal del PIT-CNT, Olivera también se refirió al reclamo por el nuevo régimen de certificaciones médicas en el sector público, donde, tras intensas gestiones en Ginebra, se alcanzó un acuerdo para suspender su aplicación y abrir una mesa de negociación. “Si no hay una mayor articulación del campo de los trabajadores, vamos a estar cada vez más lejos de la justicia social”, advirtió.

¿Qué balance realiza de la participación del PIT-CNT en la reciente conferencia de la Organización Internacional del Trabajo?

Tuvimos la oportunidad de participar en la 113ª Conferencia de la OIT junto a los compañeros Jorge Bermúdez, responsable de relaciones internacionales; la compañera Vanesa Bustamante, asesora jurídica; y el compañero Fabio Riverón. Históricamente, el PIT-CNT le ha dado una importancia trascendental al ámbito de la OIT y, particularmente, al desarrollo de sus conferencias.

Tiene su valor, creo yo, en perspectiva histórica y analizando un poco lo que está pasando a nivel global con los organismos del multilateralismo, que están siendo bombardeados desde distintos frentes, en particular por aquellos gobiernos que impulsan políticas de derecha o extrema derecha. Un ejemplo claro es la salida de Estados Unidos o Argentina de la Organización Mundial de la Salud, lo que evidencia la crisis del multilateralismo.

Mantener un espacio como la OIT, que además es el único organismo de Naciones Unidas con representación tripartita -donde están representados los gobiernos, los empleadores y los trabajadores- es un elemento importante en sí mismo. Primero, por el valor del espacio; y segundo, por la situación que atraviesa el mundo y las discusiones que se dan en este gran foro mundial, donde se debate nada más y nada menos que la cuestión del trabajo. Yo diría más particularmente, la contradicción capital-trabajo. Porque quien crea que en el ámbito de la OIT no queda expresada claramente esa contradicción, y por lo tanto la propia lucha de clases, bueno, lo invitaría -o me gustaría que un día pudiera presenciar- algunos de los debates que se dan con parte de los gobiernos, y particularmente con el sector empleador nucleado en la Organización Internacional de Empleadores, para ver que allí hay un debate ideológico y político claro en estos marcos.

En ese sentido, hay algunos aspectos que nos parece importante resaltar, que quedaron claramente expresados en la intervención de Jorge Bermúdez, en nombre del PIT-CNT, cuando se consideró la memoria del Director General.

El Director General, en su memoria, trata de establecer una relación entre desarrollo, derechos y empleo, en un mundo donde el crecimiento económico se está concentrando cada vez más en menos manos. Los millonarios son cada vez más multimillonarios -o milmillonarios- y por el camino va quedando una pléyade de pobres y de personas desocupadas. Dos aspectos que se presentan como contracara de este fenómeno de concentración económica -producto, entre otras cosas, del crecimiento asociado a las transformaciones científicas y tecnológicas que quedan en pocas manos- son el aumento de la pobreza y del trabajo informal.

Cuando hablamos de trabajo informal, nos referimos a trabajadoras y trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social, a condiciones adecuadas de salud e higiene laboral, que cumplen jornadas por fuera de lo que sería un horario normal de ocho horas diarias. Es decir, hay un avance de esa concentración económica sobre los derechos de la gente, y una creciente generación de nuevos sectores que van ingresando, poco a poco, en situaciones de pobreza y marginación. Con lo cual, el objetivo de construir justicia social a partir del trabajo decente -que es un poco el eje transversal del accionar de la OIT- enfrenta cada vez mayores dificultades.

Si a eso le sumamos un modelo social y económico de acumulación como el capitalismo, que en esta fase va generando las condiciones de un proceso de acumulación por desposesión, vemos que emergen categorías centrales como la violencia y la depredación. Esta última se expresa en el deterioro ambiental, en la quita de derechos, en el aumento de sectores sin acceso al trabajo formal y que tampoco pueden cubrir otras necesidades o servicios. Esto sucede porque, en esa misma lógica, se da un achique del Estado como garante de derechos, con recortes en áreas clave como la educación, la salud y la vivienda. Pero también estamos ante un modelo violento, que se manifiesta tanto en guerras bélicas como en guerras comerciales en el mundo actual.

En ese marco, el objetivo que plantea la OIT -la justicia social con trabajo decente- enfrenta no solo la resistencia de un modelo económico y social sostenido por gobiernos de derecha y extrema derecha, sino también por las propias lógicas empresariales.

Y particularmente, el discurso empresarial -que creo que es el eje central del conflicto- apunta a atacar el núcleo de lo que se debate en la OIT en términos de derechos: la libertad sindical. Los empresarios parten de la base de que el mejor mundo posible es uno donde no existan sindicatos, no haya negociación colectiva y, mucho menos, que las organizaciones puedan ejercer su derecho de huelga allí donde existan.

De hecho, desde 2012 los empresarios vienen atacando fuertemente el derecho de huelga. Alegan que este no está establecido como un derecho que emane del Convenio 87. Esta interpretación está actualmente en discusión en la Corte Internacional de Justicia, que deberá definir en última instancia. Pero no se han limitado a cuestionar el derecho de huelga. Hoy también están cuestionando con fuerza la negociación colectiva y, en última instancia, la propia existencia de las organizaciones sindicales.

Y la forma en la que se financian y organizan…

Sí. Cuestionan la forma cómo se organizan, cómo se financian, en qué cosas pueden actuar y en qué cosas no pueden actuar, cuando sabemos que muchas de estas cámaras empresariales han estado, por ejemplo, detrás de golpes de Estado que han atentado contra la democracia.

En este contexto, también hay trabajadores que se adhieren al discurso de odio contra los sindicatos.

Sí, porque construyen sentido común. Construyen hegemonía desde el punto de vista subjetivo, en las mentalidades colectivas.

Parten de la base de instalar la idea de que un trabajador con derechos es un privilegiado, y que es el enemigo de aquel que no consigue trabajo, o que solo accede a un subempleo, o que se ve obligado a trabajar en la informalidad. Pero todo esto es producto de las políticas que aplican los gobiernos y los propios empresarios, no del trabajador que tiene un trabajo con derechos.

Dicen que las trabajadoras y los trabajadores que logran beneficios o mejoras en sus condiciones salariales y laborales mediante convenios colectivos, a través de la negociación colectiva, son privilegiados que perjudican a quienes no tienen trabajo.

¿No tienen una perspectiva de derechos?

Exacto. Ellos no tienen una perspectiva de derechos. Y vuelvo a insistir, su máxima sería un mundo laboral -o un mundo del trabajo- donde los sindicatos no existieran. Insisten mucho en la relación laboral individual, e incluso en una negociación colectiva también de carácter individual o, en el mejor de los casos, por empresa. 

Y esto forma parte de una agenda global. Lo reclamaron los empresarios uruguayos en la intervención que realizaron en esta última conferencia, cuestionando el sistema de negociación colectiva que tenemos en Uruguay. Un sistema que, incluso en el sector privado, es anterior a los propios convenios de la OIT. Es algo que data de principios de la década del 40, cuando el convenio respectivo en el marco de la OIT es posterior. Cuestionan la negociación colectiva por rama de actividad y proponen avanzar hacia una negociación por empresa o incluso, como sucede en otros países, de carácter individual.

Todo esto demuestra que hoy se libra una batalla importante a nivel mundial, tanto desde el punto de vista ideológico como político. Y es que, si no vamos hacia un proceso de redistribución de la riqueza que permita construir justicia social -proceso que debe estar anclado, como dice la OIT, en la generación de trabajo decente- vamos a estar cada vez más lejos de ese objetivo. Trabajo decente implica condiciones adecuadas de salud, condiciones salariales dignas, acceso a la seguridad social.

Y creo que en esto hay posicionamientos claros por parte del empresariado, a nivel global, regional y nacional. Están aplicando una política de embate contra todo lo que tenga que ver con derechos.

Esto se ve, por ejemplo, en los casos analizados este año en la Comisión de Aplicación de Normas, una de las principales comisiones que funciona en el marco de la conferencia, y cuyo objetivo es analizar denuncias contra estados que han violado convenios en materia de derechos laborales.

Vimos con claridad lo que está ocurriendo en El Salvador, la situación actual de Panamá -que hoy está incendiada- y también la de Ecuador, donde empresarios y gobiernos comparten un mismo discurso. En el caso de Panamá fue alevoso el posicionamiento ideológico y político común entre gobiernos y empresarios, con afirmaciones que apuntaban a atropellar derechos. Se llegó incluso a definir huelgas como ilegítimas y a quejarse de negocios que supuestamente se perdieron, luego de que la Justicia declarara inconstitucional la ley de minería, que entregaba todos los recursos mineros al capital extranjero y privado.

Todo esto da cuenta de un accionar conjunto de algunos de estos actores, que yo creo representa también un ataque a la democracia misma y a la paz como elementos fundamentales de la convivencia social.

Estamos en un mundo muy complejo, donde si no hay una mayor articulación del campo de los trabajadores -a nivel nacional, regional y global- será muy difícil enfrentar este proceso. Porque las derechas sí están articuladas. Y reitero, están fuertemente articuladas, no solo en su expresión política-partidaria, sino también con sus apoyos sociales, particularmente a través de la Organización Internacional de Empleadores.

Estamos enfrentando un enemigo muy importante. Y eso quedó demostrado no solo en la Comisión de Aplicación de Normas, sino también en el debate actual en torno a la posibilidad de contar con un convenio y una recomendación sobre el trabajo en plataformas. Allí, las grandes multinacionales del rubro -como Uber- realizaron un lobby muy fuerte, tratando de garantizar las mejores condiciones posibles para su propia explotación de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en esta rama de actividad.

Lo vimos también en la discusión del convenio recién aprobado sobre riesgos biológicos. Ya el año pasado, y nuevamente este año, muchos de los planteos de los empresarios y de algunos gobiernos apuntaron a delimitar al mínimo posible las condiciones de salud, higiene y seguridad laboral vinculadas al manejo de elementos que representan riesgo biológico.

Es decir, cada vez vemos un avance mayor del sector empresarial -asociado con buena parte de estos gobiernos que hoy protagonizan el proceso de expansión de las derechas y extremas derechas en el mundo- para ir contra los derechos laborales.

La delegación del PIT-CNT a la Conferencia de la OIT también llevó el tema del nuevo régimen de certificaciones médicas para el sector público. ¿Cómo fue que se logró esta suspensión por 60 días?

Primero quiero destacar que hay una linda tradición -o por lo menos una señal de convivencia social y política importante- y es que la delegación uruguaya, compuesta por trabajadores, empresarios y gobierno, históricamente convive en el mismo hotel. Es una tradición de muchos años, de la que hablaban quienes nos precedieron históricamente. En el hotel hay incluso una placa que recuerda ese hecho, en alusión a delegaciones anteriores que compartieron el mismo espacio. Esto me parece que es una señal de madurez política, más allá de las diferencias notorias que quedan expresadas en los debates y las oposiciones.

Lo segundo es que, en cuanto al nuevo régimen de financiamiento de las licencias médicas para la administración central, las empresas públicas y el Poder Judicial, lo que se estaba planteando era la oportunidad de generar igualdad de condiciones en la negociación.

El año pasado, el Consejo de Administración de la OIT admitió una reclamación presentada por los compañeros de COFE, por el sindicato de los judiciales y otras organizaciones. Se trataba de una denuncia contra la imposición -por parte del anterior gobierno- de un nuevo régimen de financiamiento de licencias médicas, que no fue negociado en ningún ámbito. En esa reclamación se señala la violación de varios convenios vinculados al derecho al justo salario, a las condiciones de salud y salud ocupacional, y a la negociación colectiva, entre otros.

El Consejo de Administración admitió la reclamación -lo cual ya es un hecho importante, porque supone que en el análisis preliminar encontró elementos que justifican su estudio- y definió dos instancias. Por un lado, la conformación de una comisión tripartita para analizar el tema, integrada -como toda negociación tripartita- por representantes del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores. Por otro lado, resolvió pasar otra parte de la reclamación al Comité de Libertad Sindical, que es uno de los órganos de contralor de normas de la OIT.

A su vez, el Consejo dejó abierta la posibilidad de una instancia de conciliación entre las partes, algo que había sido imposible con el anterior gobierno, que fue quien impuso el nuevo régimen. Esa instancia de conciliación se instaló recientemente con el nuevo gobierno, y hubo un par de reuniones en las que, además del Ministerio de Trabajo, participaron representantes del Poder Ejecutivo, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de COFE, de otras organizaciones sindicales y de la OIT.

Y allí surgió un problema: lo que se pretende en esa instancia es que las partes se sienten a negociar en igualdad de condiciones. Esto significa que la parte trabajadora no adoptará nuevas medidas por el conflicto mientras se negocia, pero también que la administración debería dejar en suspenso aquello que originó el conflicto.

Es decir, el PIT-CNT no va a pedir al Consejo de Administración que continúe con la investigación y análisis de la reclamación en ninguno de los ámbitos que este definió, pero el gobierno debe dejar en suspenso la aplicación del nuevo régimen mientras se lleva adelante la negociación.

No se pudo alcanzar ese entendimiento antes del 2 de junio. En los primeros días de junio viajó, además de la delegación oficial del PIT-CNT, otro grupo de compañeros representantes de los sectores involucrados. A partir del intercambio que tuvimos como delegación, se mantuvo una instancia de diálogo con el Ministerio de Trabajo, representado en esta oportunidad -entre otros- por el ministro Juan Castillo, que estaba en Ginebra y que, además, fue vicepresidente de esta conferencia.

En la tarde del lunes 9 llegamos a un borrador de texto de consenso en torno a la necesidad de generar esas condiciones de igualdad. Hubo horas de negociaciones muy intensas -tanto allá como acá- y en el mediodía del martes 10 se llegó a un acuerdo, que se va a suscribir o ratificar en las próximas horas aquí en Montevideo.

El acuerdo establece que se deja en suspenso el decreto reglamentario de la ley, y que durante 60 días las partes se van a sentar a conversar sobre la cuestión de fondo. La aspiración de todas las partes -incluida la OIT- es que se logre un acuerdo definitivo, que no solo permita superar la imposición heredada del anterior gobierno, sino también corregir aspectos que lesionan fuertemente derechos en el marco de este nuevo sistema.