El miércoles 22 de octubre se realizó en el Paraninfo de la Universidad de la República (UDELAR) un debate sobre el presupuesto educativo. El encuentro contó con la participación del rector de la Universidad, Héctor Cancela, la consejera de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Daysi Iglesias, el coordinador de la CSEU José Olivera, y los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Bettiana Díaz (Frente Amplio). El evento fue organizado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU).

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En ese marco, Olivera recordó que en septiembre de 2024 la bpresentó a todos los partidos políticos el documento “Bases programáticas para la educación”, en el cual uno de los nueve lineamientos refería al financiamiento educativo, planteando la necesidad de alcanzar un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, más un 1% destinado a investigación e innovación. “Esto, que ya venía siendo reclamado desde hacía tiempo, contaba además con el respaldo de documentos de Naciones Unidas”, subrayó el dirigente sindical.

En el marco de la actual discusión presupuestal, la CSEU concurrió al Parlamento para expresar su posición sobre el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de la autonomía de los tres entes de la educación pública: ANEP, UDELAR y UTEC. “Entregamos un documento bastante crítico, en el que señalábamos que la situación general era preocupante y que no se estaría avanzando hacia el objetivo del 6% del PIB, sino que se corría el riesgo de retroceder en el esfuerzo macroeconómico que la sociedad uruguaya estaría dispuesta a hacer”, advirtió.

Olivera precisó que el presupuesto educativo global pasaría de un 4,83% a un 4,34% del PIB, lo que afectaría especialmente a la ANEP, la UDELAR y la UTEC. “La Cámara de Diputados trabajó y logró aumentos a partir de reasignaciones aprobadas primero en Comisión y luego en el plenario. En términos reales, en 2026 habrá un incremento presupuestal si se compara con 2025, pero sigue siendo netamente insuficiente frente a lo reclamado por los organismos de la educación”, sostuvo.

El coordinador de la CSEU detalló que, con los aumentos introducidos en Diputados, solo se cubre el 20% de lo solicitado por la ANEP, menos del 10% de lo pedido por la UDELAR y cerca del 19% de la demanda de la UTEC. Agregó que para 2029 el incremento pasaría apenas de 4,34% a 4,37% del PIB, lo que demuestra que “la aguja se movió muy poco” y que se mantiene la insuficiencia en las reasignaciones aprobadas. “No se estaría caminando hacia el 6% del PIB”, enfatizó.

Asimismo, expresó preocupación por algunos de los aditivos votados en Diputados vinculados a la ANEP, que -según dijo- podrían generar dudas sobre su financiamiento e incluso sobre su constitucionalidad, en tanto podrían vulnerar la autonomía del ente. También alertó que ciertas políticas del Plan Avanza, orientadas a fortalecer el acompañamiento pedagógico a estudiantes con dificultades mediante clases menos numerosas y tareas de apoyo, “no cuentan hoy con financiamiento”, lo que consideró “un hecho grave” porque “discontinuar estas políticas repercute negativamente en las condiciones de aprendizaje”.

Olivera advirtió que existe un “escaso margen de reasignaciones presupuestales” y que, si no se emite un mensaje complementario del Poder Ejecutivo que mejore las asignaciones, “será muy difícil que el Senado pueda superar la tarea titánica que realizó Diputados”. 

“Todos sabemos que hay limitaciones constitucionales que el Parlamento no puede sortear. Desde la coordinadora seguimos insistiendo en la necesidad de atender la globalidad del problema y de dar una respuesta acorde al pedido presupuestal de nuestros organismos, para mejorar las condiciones de aprendizaje y de trabajo”, concluyó.

A su turno, la consejera docente de la ANEP, Daisy Iglesias, presentó un análisis crítico del presupuesto educativo, señalando que el mensaje del Poder Ejecutivo implica una “redistribución interna de recursos sin una expansión real”. Advirtió que “no se prevé creación de cargos pese a la extensión del tiempo pedagógico y las metas de mejora de calidad, lo que podría generar sobrecarga laboral”.

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Por su parte, el rector de la UDELAR, Héctor Cancela, subrayó que "el futuro del país depende del presupuesto educativo" y advirtió que el incremento previsto para la Universidad de la República es “insuficiente para sostener su desarrollo”. Explicó que la diferencia entre lo solicitado y lo que se plantea otorgar “limita la creación de cargos docentes y técnicos, así como las inversiones en descentralización, infraestructura y becas”.

La senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz destacó que “la educación ha sido una prioridad histórica del Frente Amplio” y reafirmó el “compromiso de su fuerza política con el objetivo del 6+1% del PIB para el sector”. Sostuvo que, pese a las restricciones fiscales, “el 35% del incremento presupuestal proyectado se dirige a la educación junto con políticas sociales y de convivencia”.

Mientras que el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry planteó la necesidad de “evaluar los presupuestos públicos a partir de objetivos y resultados concretos, más allá de los reclamos sectoriales o partidarios”. Advirtió sobre la “compleja situación fiscal del país” y valoró el “esfuerzo de contención realizado por el Ministerio de Economía”.