Como trabajadores y trabajadoras organizadas, nos vemos en la obligación de dirigirnos a la opinión pública para denunciar una situación a todos y todas: la falta de pago por parte de la ONG Fundación Centro de Educación Popular (FCEP) quien terceriza el servicio por el Ministerio de Desarrollo Social.
Esta situación por incumplimiento, no es la primera vez que nos ocurre y como ya hemos denunciado desde SUTIGA no queremos acostumbrarnos a esta realidad. Sin dudas que está generando un grave perjuicio económico y emocional a las familias de nuestros integrantes. La falta de ingresos impide cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.
Queremos dejar claro que seguiremos apostando a las instancias de diálogo y reclamo ante las autoridades competentes tanto de quien nos contrata como del ministerio que terceriza el servicio de atención. Por ello participaremos activamente de la reunión que llevará adelante Sutiga con las nuevas autoridades en los próximos días.
Agravando aún más esta preocupante situación, observamos con profunda inquietud como la implementación de un esquema de tercerización del servicio de Mides que afecta a miles de trabajadores. Consideramos que esta medida no solo precariza aún más las condiciones laborales, sino que además está directamente relacionada con la actual falta de pago, diluyendo responsabilidades y dificultando la exigibilidad de nuestros derechos.
Esta injusta situación no solo afecta a nuestro núcleo de base, sino que también impacta negativamente a la calidad de los servicios de atención. Pues el atraso de partidas de dinero no permite tener los rubros necesarios para la atención de las mujeres, niños, niñas y adolescentes que atendemos en los centros.
Por todo lo expuesto, exigimos públicamente a FCEP, a Mides que cumpla de manera inmediata con el pago adeudado y que se reviertan las medidas de tercerización que atentan contra la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores.
Asimismo, apelamos a la solidaridad de la opinión pública, a las organizaciones sociales y sindicales, y a las autoridades competentes para que se hagan eco de nuestro reclamo y nos brinden su apoyo en la defensa de nuestros derechos.
No descartamos la adopción de otras medidas en caso de persistir esta inaceptable situación. ¡El pago de nuestros salarios es un derecho fundamental para una vida digna y la base de la pública felicidad!