El grupo asegura que “el gobierno tiene la oportunidad de comenzar a recuperar el control sobre la gestión de estos residuos, para proteger el ambiente y dignificar el trabajo de los clasificadores, sin trasladar los costos económicos y ambientales a la población”.

“Se trata de trabajadoras y trabajadores que han dedicado gran parte de sus vidas a esta tarea, y que viven junto a sus familias en situaciones de profunda precariedad”, señalaron desde el colectivo.

A más de dos décadas de la aprobación de la Ley de Envases (N° 17.849), Uruguay continúa con “niveles ínfimos de recuperación de residuos y sin avances significativos en la inclusión laboral de los clasificadores”. 

El Grupo de Trabajo por la Implementación de la Ley de Residuos emitió un comunicado recordando que la normativa, aprobada en 2004, obliga a fabricantes e importadores de envases a inscribirse ante el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente) y a contar con un plan de gestión aprobado por esa cartera.

Estos planes debían fijar metas de “recuperación de residuos con plazos específicos”, así como “fomentar la inclusión social de los clasificadores, según el Decreto N°260 de 2007”. Sin embargo, la implementación real distó mucho de lo que estipula la ley.

Bajo el paraguas de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), fabricantes e importadores suscribieron convenios con seis intendencias, el MVOTMA y el MIDES, dando origen al llamado “Plan de Gestión de Envases”. El primer acuerdo se firmó con Canelones en 2007 y el último con Montevideo en 2012, dejando por fuera a trece departamentos del país. “El resultado fue un sistema sin metas ni compromisos obligatorios, que logró incluir laboralmente a poco más de 200 clasificadores de un universo estimado en más de 3.000 personas”, se indica.

El Plan de Gestión, basado en la llamada Responsabilidad Extendida del Productor (REP), “no llegó a constituirse como tal, sino que se formalizó mediante convenios entre privados y el Estado”. El balance es elocuente “apenas un 5% de recuperación de materiales y una inversión de solo cinco millones de dólares anuales”.

En 2019, la Ley de Gestión Integral de Residuos (N°19.829) estableció una nueva política pública, con principios y directrices claras. “Reconociendo el fracaso del modelo anterior, excluyó a envases y embalajes del régimen REP y habilitó el cobro del IMESI como mecanismo para financiar una gestión ambiental y socialmente sostenible”. Así nació el Fondo Nacional de Gestión de Residuos (FONAGRES), que debía ser administrado por un Consejo integrado por el Estado, intendencias, el PIT-CNT y la CIU.

Sin embargo, durante el pasado gobierno de coalición, “la creación del fondo fue bloqueada, al igual que la aplicación del IMESI a envases y embalajes”. A pesar de eso, en 2021 el Ministerio de Ambiente estableció mediante la Resolución N°271 una meta del 30% de recuperación de materiales para 2023 y del 50% para 2025.

En respuesta, “la CIU impulsó una reformulación del viejo plan, bajo el nombre de Plan Vale”. Según declaraciones de su presidente en 2022, “el nuevo plan requería entre 40 y 50 millones de dólares de inversión inicial, cifra muy inferior a los 120 millones que estimaban pagar si se aplicaba el IMESI”, indicó el grupo.

Pese al anuncio, la inversión no se concretó, el plan no despegó y las metas no se cumplieron.

Ante esta situación, la Ley de Rendición de Cuentas de 2023 (N°20.212) “eliminó la meta del 30% para ese año y mantuvo la del 50% para 2025, agregando objetivos del 60% y del 85% para 2027 y 2032, respectivamente”. También se estableció la “renuncia” del Estado a cobrar IMESI hasta 2035, siempre y cuando las nuevas metas se cumplan. Sin embargo, en diciembre de 2024, el gobierno saliente “intentó postergar nuevamente las metas mediante la Resolución N°1.391, contrariando una ley que no puede ser modificada por vía administrativa”.

“Hoy, en 2025, la CIU aún busca financiamiento para implementar el Plan Vale y solicita beneficios fiscales para mitigar sus costos, estimados en 25 millones de dólares anuales. A pesar del tiempo transcurrido, el promedio nacional de recuperación de envases sigue estancado en un 5%”, indica el grupo.

En cuanto a la inclusión de clasificadores, el panorama también es desolador. “Dieciocho años después del decreto que la promovía como prioridad, el número de trabajadores formalizados no ha aumentado. La única experiencia destacable ha sido en Montevideo, donde más de cien clasificadores que trabajaban con carro y caballo fueron capacitados y contratados con motocarros. No obstante, la precariedad del sistema y la informalidad persisten para cientos de personas”.

“El Registro Nacional de Clasificadores sigue incompleto, y sin él es imposible diseñar políticas de formalización y mejora de condiciones laborales para quienes dedican su vida a la clasificación de residuos y viven con sus familias en la pobreza”, denuncian.

En este contexto, “grandes empresas transnacionales que comercializan envases en Uruguay han evadido durante décadas sus obligaciones ambientales, ahorrando millones de dólares y acumulando ganancias en mercados donde gozan de posiciones dominantes”. Los gobiernos, por su parte, “han oscilado entre la inacción, la permisividad y la incapacidad para hacer cumplir la ley”.

Las metas fijadas por la ley para fines de este año -alcanzar un 50% de recuperación- lucen “inalcanzables”. De no cumplirse, “se debería aplicar el IMESI según lo estipulado en el artículo 42 de la Ley de Residuos, para orientar el mercado hacia envases menos nocivos y financiar una gestión sostenible”.

Mientras tanto, “la mayoría de la población sigue sin contar con servicios de recolección diferenciada y sin acceso a información que le permita incorporar criterios ambientales y sociales en sus decisiones de consumo”. 

El artículo 12 de la Ley de Gestión Integral de Residuos establece que “los habitantes son responsables de clasificar sus residuos”, pero sin infraestructura ni apoyo estatal, esto resulta inviable.

Solo el departamento de Canelones “ha logrado implementar un sistema de separación efectiva de residuos reciclables y compostables, reduciendo el volumen de basura enterrada. No obstante, aún faltan centros de disposición final adecuados y procesos de valorización efectivos”, se expresó desde el grupo de trabajo.

Por tal motivo, plantean que “el gobierno nacional tiene la oportunidad de retomar el control sobre una política que afecta tanto al medioambiente como a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“La pregunta que queda planteada, con urgencia, es si ha llegado el momento de responsabilizar a quienes han sido injustamente absueltos y reivindicar a los condenados de siempre”, sentenció el grupo especial.