El 20 de marzo pasado el Banco Central publicó el dato oficial de Producto Bruto Interno (indicador que aproxima el nivel de actividad económica) correspondiente al último trimestre del año pasado. En dicho período, el producto aumentó 3,5% respecto a igual trimestre del año anterior y alcanzó al cierre del año 2024 un crecimiento promedio de 3,1%. Este último porcentaje se ubica muy en línea con las estimaciones realizadas por los analistas privados así como con las proyecciones gubernamentales realizadas sobre el final de la administración pasada. 

Como se ha señalado en informes anteriores, con este dato, la economía uruguaya vuelve a completar un segundo mal quinquenio en materia de expansión, con una tasa de crecimiento promedio anual entre 2020 y 2025 sólo algo por encima del 1%. Por ende, alcanzar tasas de crecimiento más elevadas en los próximos años es uno de los objetivos centrales en materia económica, como lo han señalado las autoridades recientemente designadas. El mayor crecimiento es vital para crear más –y deseablemente mejores- puestos de trabajo y aumentar los ingresos totales generados por el país. A su vez, ante la situación fiscal imperante, las nuevas autoridades han señalado al crecimiento como la variable clave para incrementar los recursos del Estado, necesarios para el despliegue de políticas públicas e inversiones en distintas áreas. 

De esta manera, el nuevo gobierno enfrenta importantes desafíos. Por un lado, en lo que tiene que ver con el desempeño económico, es necesario impulsar el crecimiento en el corto plazo, a la vez que se promueven cambios en la matriz productiva que permitan modificar el patrón de expansión en el mediano plazo. Esto además, debe darse en un contexto internacional que en principio aparece como bastante más adverso: con restricciones al comercio internacional y mayores niveles de incertidumbre. A la par del crecimiento, hay que potenciar las políticas distributivas, tanto de empleo como salariales, de manera de alcanzar una mejor distribución sobre los frutos de dicho crecimiento y que el mismo no sea apropiado solamente por algunos sectores de la sociedad, profundizando así la desigualdad. 

Por otro lado, la situación fiscal –en apariencia más compleja de lo anunciado por la saliente administración - representa una limitante al momento de implementar y desplegar políticas públicas, tanto para potenciar el crecimiento como para atender las demandas que se presentan en varios frentes. Éstas últimas en particular, no deberían quedar supeditadas o postergadas a la espera de los ingresos futuros que supondrá el mayor crecimiento, lo que implica que se generen espacios de manera de poder viabilizarlas.

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