Este miércoles 7 de mayo se realizó, en la sede de la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), una nueva instancia de negociación entre delegados de COFE, autoridades del Gobierno y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El encuentro tuvo lugar en el marco de los cuestionamientos sindicales al nuevo régimen de licencias médicas en el sector público, aprobado por el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou.

Desde el 1º de abril de 2024 rige un nuevo sistema que establece que los funcionarios estatales solo percibirán el 100% de su salario durante nueve días hábiles por año en caso de certificación médica. A partir del décimo día, el trabajador cobrará únicamente el 75% de su remuneración, a cargo del organismo empleador.

Esta medida motivó que COFE y el PIT-CNT presentaran una queja contra el Estado uruguayo durante la última Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, cuestionando los cambios aplicados al régimen de licencias médicas en el sector público. En respuesta, el Consejo de Administración de la OIT resolvió, en marzo pasado, otorgar un plazo de seis meses para desarrollar un proceso de conciliación.

Tras el encuentro de este miércoles, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, declaró al Portal del PIT-CNT que esperaban una respuesta favorable del Gobierno, dado que la fuerza política oficialista ya había manifestado en el Parlamento su intención de votar en contra de la ley. “Nos parecía que una señal para negociar en igualdad de condiciones era suspender los efectos de esta ley durante el período de conciliación y, en todo caso, ver cómo se podía llegar a un acuerdo”, afirmó.

Sin embargo, la respuesta inicial del Poder Ejecutivo fue negativa, lo que generó malestar entre los delegados sindicales y sus asesores legales. A raíz de esta reacción, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, realizó consultas a nivel ministerial.

Finalmente, tras las deliberaciones internas, el Ministerio de Trabajo solicitó a la delegación de COFE un cuarto intermedio hasta el 20 de mayo, con el objetivo de contar con más tiempo para analizar los planteos realizados por el sindicato y brindar una respuesta más definitiva por parte del Poder Ejecutivo.

Negociar en igualdad de condiciones

“Por supuesto que aceptamos ese cuarto intermedio y estamos a la espera de esa respuesta, que para nosotros es importante”, afirmó el dirigente sindical José Lorenzo López. Advirtió que, si no existe una propuesta positiva por parte del Gobierno, “continuar en la conciliación, cuando las partes no están en igualdad de condiciones, no sería lo más lógico”. En ese caso, agregó, “seguramente hagamos algún planteo ante la Conferencia de la OIT que comienza en los primeros días de junio”.

López explicó que la delegación sindical quedó en enviar por escrito lo planteado verbalmente en la reunión, y subrayó la complejidad de la situación actual. “Hay una desigualdad tremenda en cómo se está procesando esto: hay trabajadores a quienes se les aplica el nuevo régimen, a otros que no, e incluso hay funcionarios que, según la ley, deberían estar comprendidos, pero cuyos organismos decidieron no aplicarla, en una actitud positiva por parte de sus directorios. Es realmente una situación muy compleja”, sostuvo.

El secretario general de COFE también cuestionó el enfoque estrictamente técnico del Gobierno. “En las negociaciones siempre es importante el asesoramiento legal y jurídico, pero no se puede basar todo únicamente en esos aspectos. Aquí se trata de decisiones políticas, y esas decisiones son también señales. Los argumentos de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fueron exclusivamente legales, sin tener en cuenta las señales políticas que, desde nuestro punto de vista, debería dar el Poder Ejecutivo, máxime cuando estuvieron en contra de la ley que hoy se está aplicando”.

Según López, COFE definirá junto con el Departamento de Estatales y Municipales aceptar el cuarto intermedio hasta el 20 de mayo, “para esperar una respuesta”. “Y si no, por supuesto que se tomarán acciones e informaremos a la OIT durante la conferencia, donde el gobierno del Frente Amplio asumirá su participación”.

Finalmente, recordó que el gobierno tendría que rever esa postura. “Porque en esta instancia no estamos planteando anular la ley, sino negociar en igualdad de condiciones. Eso implica suspender sus efectos mediante un decreto del Poder Ejecutivo mientras se desarrolla el ámbito de conciliación ofrecido por la OIT”. 

Recordó que la ley se votó en 2020, pero “recién se empezó a aplicar en 2024 a través de un decreto”.