El Gobierno resolvió eliminar el artículo 331 de la reforma del CPP que habilitaba a que condenados por delitos de lesa humanidad accedieran a la libertad anticipada. En este sentido, la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos manifestó su conformidad con la decisión del Poder Ejecutivo y recordó que "los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables, y no pueden ser equiparados a delitos comunes ni sometidos a criterios automáticos -como la edad o el tiempo transcurrido-, ya que ello implicaría desconocer su gravedad y debilitar las obligaciones del Estado en la materia".

La Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, junto a más de 15 organizaciones sociales y de derechos humanos, entregará este martes 7 de abril una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al canciller Mario Lubetkin, en la que solicitan medidas ante la situación en Cuba y su vínculo con el escenario regional.

El juez Claudio de León condenó a nueve militares retirados por torturas cometidas contra vecinos de San Javier durante la dictadura, entre ellos el médico Vladimir Roslik. El asesor jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, destacó el fallo como un “hito histórico” y subrayó que “no existen antecedentes de un pedido de disculpas expreso formulado por la Justicia en causas de esta naturaleza”, al que calificó como una forma de “reparación simbólica muy valiosa”.

En el marco del caso Roslik la justicia condenó a nueve militares retirados por las torturas contra 20 habitantes de la colonia San Javier entre 1980 y 1984. Las penas van de 13 a 15 años de prisión. 

Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron como “regresivos, negacionistas y promotores de impunidad” los proyectos de ley que buscan otorgar prisión domiciliaria automática o excarcelación a condenados por crímenes de lesa humanidad. Advirtieron que las iniciativas constituyen una “afrenta a la memoria de las víctimas, violan obligaciones internacionales del Estado uruguayo y reabren, por otras vías, la lógica de la Ley de Caducidad”.

El presidente de COFE y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, sostuvo que la iniciativa que propone habilitar la prisión domiciliaria para personas de edad avanzada, está "hecho a la medida" para beneficiar a los represores de la dictadura. 

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, el PIT-CNT reafirmó su “compromiso en la defensa y el pleno respeto de los derechos humanos” y remarcó que continúa “exigiendo verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985)”.

La defensora de los derechos humanos, integrante del nodo Uruguay de la Red por el Derecho a la Identidad y ex parlamentaria, Macarena Gelman, destacó la importancia de “sostener la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos humanos frente a los nuevos embates autoritarios”. Sus declaraciones se enmarcan en la presentación de la campaña conjunta entre organizaciones de DDHH de Argentina y Uruguay para encontrar en nuestro país a nietos apropiados durante las dictaduras del Cono Sur. Asimismo, Gelman está participando de distintas actividades reflexivas a 50 años del Plan Cóndor.

En un encuentro desarrollado en el Teatro Solís de Montevideo, la organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció ayer la iniciativa para impulsar el trabajo conjunto entre Argentina y Uruguay para encontrar nietos nacidos entre 1975 y 1983, víctimas del accionar de las fuerzas represivas durante la dictadura cívico-militar.

El criminal Jorge Tróccoli fue condenado en Roma por segunda vez a cadena perpetua, ahora por el asesinato de la maestra Elena Quinteros y de la pareja conformada por el argentino José Agustín Potenza y la ciudadana italiana Raffaella Filipazzi, desaparecidos en 1977. La doctora Franccesca Lessa, investigadora y profesora de Relaciones Internacionales de las Américas en University College London (Reino Unido) y presidenta de honor del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay, presenció en Roma la lectura de la nueva condena a cadena perpetua excapitán de navío y calificó el fallo como “un hito de la justicia”. Asimismo,  dijo que “cada sentencia permite sumar un fragmento más en la reconstrucción de la verdad sobre los crímenes del Plan Cóndor”.

La abogada especializada en derechos de la infancia y corredactora de la Ley 19.580, señaló que el Estado ignora las obligaciones establecidas por la Ley de Violencia de Género y denunció la falta de presupuesto y voluntad política para su cumplimiento. Rechazó, además, los discursos de odio que pretenden presentarse como “otra campana” frente al feminismo. “No se puede debatir con la ideología del odio”, sostuvo.

La Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT denunció este jueves en conferencia de prensa la “expulsión arbitraria y sin garantías” del ciudadano uruguayo Juan Pedro Martínez Piedrahita desde Argentina, y reclamó al Estado uruguayo la creación de dispositivos de contención ante situaciones de vulneración de derechos humanos a compatriotas en el exterior.

En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, el PIT-CNT invita a la ciudadanía a participar de una actividad especial que busca sensibilizar, informar y generar reflexión en torno a esta grave violación de los derechos humanos. El evento se realizará el miércoles 30, a las 17:30horas, en la Sala Camacuá de AEBU, y tendrá como eje la proyección de la película Los cuerpos públicos, una obra que aborda con crudeza y sensibilidad las múltiples formas en que opera la trata de personas, con fines de explotación sexual.

En un tiempo global de riesgo y amenaza constante, en el que los fascismos resurgen envalentonados en el mundo, acá en el Río de la Plata la porfiada y resistente historia nos recuerda que hace 50 años nacía el Plan Cóndor. La exfiscal Mirtha Guianze reflexionó en entrevista con el Portal del PIT-CNT sobre los avances y retrocesos en la búsqueda de justicia por los crímenes del terrorismo de Estado. Destacó el rol clave de la memoria, la evolución en el acceso a pruebas y la participación de las nuevas generaciones en el proceso de construcción de la verdad histórica, pero adviertió sobre la persistencia de obstáculos judiciales y el riesgo evidente de que se extiendan los retrocesos notorios que ya se están produciendo en la región.

Este lunes, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo informó "con enorme felicidad" la restitución de otro nieto apropiado durante la última dictadura cívico militar en la República Argentina. "Hoy damos la bienvenida al hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz", anunciaron.

La Coordinación por Palestina convocó a la prensa este lunes, en la sede del PIT-CNT para informar sobre la concentración que se llevará a cabo este martes 17 de junio, a partir de las 18:30 horas, frente a la Torre Ejecutiva.

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, reafirmó el compromiso del Gobierno de avanzar decididamente en la búsqueda de verdad y justicia frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Aseguró que conocer el paradero de los detenidos desaparecidos “es un compromiso que, para este Gobierno, no es letra muerta”.

El integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Javier Tassino, valoró positivamente el compromiso del gobierno para profundizar la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado y pidió "cautela" a la hora de manejar información sobre posibles nuevos hallazgos en predios militares. Asimismo, criticó enfáticamente al exministro de Defensa Nacional, Javier García, por su intento de "hacer propaganda" con los archivos de la dictadura que, en muchos casos, fueron obtenidos bajo tortura. Tassino reafirmó el compromiso de la ciudadanía en iniciativas de memoria y confirmó que Familiares participará activamente -"como todos los años"- en el acto del 1° de mayo, porque "los desaparecidos lucharon por una sociedad mejor y hoy tenemos que seguir reclamando memoria, verdad y justicia, pero también educación, salud, vivienda, trabajo y salario".