El DUMPING SOCIAL en la pesca uruguaya es una práctica concreta, que deja trabajadores en tierra, familias sin sustento y comunidades enteras empobrecidas. Es una forma de explotación que se instala cuando el trabajo humano se reduce a un costo y los derechos pasan a ser una variable de descarte. Compañeros que después de años de embarque en buques nacionales quedan afuera, hogares que dejan de tener un ingreso estable.

Un ejemplo concreto es lo ocurrido con el buque Río Solís 3, de la empresa DELSIR S.A., donde se incorporaron libretas extranjeras desplazando a tripulantes habituales, marineros y maquinistas navales con años de trabajo en nuestros puertos. Esto es dumping social en su forma más cruda, la sustitución de trabajadores nacionales con experiencia y derechos por mano de obra más barata, aprovechándose de su vulnerabilidad, para reducir costos sin importar las consecuencias humanas. No se recurre a tripulación extranjera por falta de trabajadores nacionales capacitados, sino porque así se pagan salarios más bajos.

Este no es un conflicto entre trabajadores. Nuestra organización no está contra los trabajadores migrantes. La lucha es, justamente, para que ningún trabajador, sea uruguayo o extranjero, sea utilizado como mercancía para precarizar a otros.

La Ley 13.833, en su artículo 27, estableció que los buques de matrícula nacional deben contar con tripulación uruguaya, fijando un piso mínimo de trabajadores nacionales para poder despachar un buque. Esa norma busca proteger el empleo, la soberanía y el control sobre nuestros recursos. Sin embargo, desde el año 2020, decisiones políticas concretas flexibilizaron ese marco legal, habilitando el ingreso de mano de obra extranjera en inferioridad de condiciones para desplazar trabajadores nacionales.

Este proceso contó con el aval de organismos del Estado. La DINARA defendió en ámbitos parlamentarios un modelo que reduce al trabajador a un costo a minimizar, fomenta el trabajo forzoso y el dumping social. La PREFECTURA NACIONAL NAVAL adapta criterios administrativos que vacían de contenido las normas protectoras y se limita a aplicar normativas que no se ajustan a la realidad actual. El Estado, por acción u omisión, permite que se consoliden condiciones laborales abusivas, careciendo de controles efectivos ni sanciones que funcionen como freno real.

En alta mar, lejos de la mirada pública, estas situaciones se profundizan. El aislamiento se convierte en un aliado del abuso. Jornadas interminables, descansos incumplidos y condiciones de seguridad deficientes forman parte de la rutina.

Cuando el Estado tolera jornadas extenuantes, salarios de miseria y el reemplazo sistemático de trabajadores por mano de obra considerada como descartable, avala un modelo que habilita la explotación, el trabajo forzoso y prácticas que se acercan peligrosamente al tráfico de personas como herramienta económica.

El dumping social no afecta solo a quienes subimos a los barcos, también está presente en otros sectores laborales como la construcción, el trabajo rural, la uberización, etc.

Hablar de dumping social en la pesca uruguaya es, en definitiva, discutir qué modelo de industria queremos sostener. Un país que apueste a una pesca de futuro y proteja a quienes trabajan y producen, o un país que permita que unos pocos hagan negocios a costa de la dignidad y el abuso de las y los trabajadores del mar.

Cada vez que se sustituye a un trabajador con derechos por mano de obra más barata, se vulnera todo lo construido alrededor del trabajo, se destruyen derechos, se violan convenios y se precariza aún más al sector.

Los trabajadores y trabajadoras del SUNTMA vamos a seguir organizados y luchando para que los seres humanos no seamos tratados como una mercancía.