Según explicó el secretario general de COFE, José Lorenzo López, la nueva propuesta del Ejecutivo, presentada el viernes no generó satisfacción en los gremios del sector público ya que mantuvo los mismos criterios de ajuste, sin mejoras significativas.

La iniciativa del gobierno “condena a los trabajadores a la pérdida del salario real durante todo el período, con correctivos tardíos e insuficientes”. En este contexto, COFE anunció un paro para el martes 12 de agosto, que podría ampliarse a 24 horas si no se logran avances. Además de la negociación formal, la confederación iniciará gestiones a nivel político para intentar revertir la situación.

El próximo miércoles, COFE y el gobierno volverán a reunirse en el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, en un encuentro que podría ser clave no solo para destrabar la negociación, sino también para conocer los lineamientos del Presupuesto Nacional y discutir el ingreso de nuevos funcionarios al Estado.

López advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, se podría abrir un escenario de “alta conflictividad durante todo el período”. 

“Firmar este convenio o no firmar nada es lo mismo”, señaló, cuestionando la utilidad de asumir compromisos sin mejoras reales para los trabajadores.

Resolución de la Asamblea Nacional de Delegados de COFE

Comunicamos a la opinión pública que la Asamblea Nacional de Delegados de COFE reunida en el día de la fecha, con más de 35 sindicatos presentes, analizando las pautas salariales propuestas por el Gobierno para los trabajadores del Sector Público, resuelven, todo votado por unanimidad.:

1. Rechazar la propuesta de ajuste salarial, por considerarla absolutamente insuficiente en virtud de que no tiene ningún componente de crecimiento salarial en el período, por no tener ninguna consideración especial para los salarios sumergidos y porque ni siquiera asegura el poder de compra de los salarios de nuestros trabajadores.

2. Convocar para el próximo 12 de Agosto, en el marco de la movilización convocada por el PIT-CNT, a un PARO GENERAL DE 24 HORAS a todas las filiales de COFE en todo el territorio nacional.

3. Declararse en Asamblea permanente, a la espera de la convocatoria del Consejo Directivo para analizar los pasos a seguir.

Imagen

Por su parte, Laura Martínez, dirigente de FANCAP y de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), cuestionó los lineamientos salariales planteados por el gobierno para los empleados públicos, que prevén ajustes anuales por inflación proyectada y un correctivo recién en 2030. Según Martínez, esta fórmula implica “un riesgo de pérdida salarial y el congelamiento de los sueldos, sin perspectiva de crecimiento”, lo que afecta negativamente el poder adquisitivo de las y los trabajadores públicos.

“Aunque se trata de un planteo diferente al del gobierno anterior, sigue siendo insuficiente. Nos dicen que las mejoras salariales podrán negociarse por rama, pero sabemos que no hay margen para eso, los entes públicos atraviesan una grave asfixia presupuestal que se arrastra desde varias administraciones, y los presupuestos ya están comprometidos con necesidades urgentes de mantenimiento e inversiones básicas”, expresó.

Desde la MSCE, se plantea la necesidad de incorporar una cláusula que vincule los aumentos salariales al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), con el objetivo de que la masa salarial tenga mayor incidencia en el desarrollo económico nacional.

Imagen

Martínez también remarcó la importancia de contar con definiciones claras en las cláusulas no salariales, en especial en lo referido al ingreso de personal y la destercerización. En ese sentido, criticó la actual política de reposición de vacantes, que permite el ingreso de tres funcionarios cada cuatro egresos. “Se ha mencionado la posibilidad de avanzar hacia una regla de ingreso uno a uno en algunos entes o empresas, pero eso estaría condicionado al cumplimiento de indicadores estratégicos sobre los que las y los trabajadores no tenemos ninguna incidencia”, señaló.

La dirigente gremial se refirió además una “situación de achique de personal, donde algunos trabajadores deben asumir tareas que antes realizaban dos o tres personas”. Frente a este panorama, planteó que el convenio colectivo debería tener una vigencia de dos años, en lugar de cinco, para permitir una revisión más frecuente de las condiciones laborales.

Según pauta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la reducción es de un 25% del personal.

Advirtió que si se mantiene esta propuesta de restricciones en el ingreso de personal, los servicios públicos seguirán deteriorándose, lo que impactará directamente en la calidad de atención a la población.

Salario real 

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, también cuestionó al gobierno por las pautas de ajuste salarial propuestas para los funcionarios públicos y advirtió que “ni siquiera garantizan el mantenimiento del salario real”.

Imagen

Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT

“Se plantean ajustes nominales sin una vinculación clara con la inflación. Si el Poder Ejecutivo acierta en su estimación inflacionaria, esos aumentos podrían acompañar la evolución de los precios y preservar el poder adquisitivo. Pero si la inflación resulta mayor a la prevista, los trabajadores comienzan a perder salario real”, explicó Abdala.

En ese sentido, señaló que “la negociación colectiva no puede basarse únicamente en la confianza de que el Poder Ejecutivo, el Comité de Política Monetaria o el Banco Central acierten en sus proyecciones inflacionarias”.

“A nosotros nos conviene que la inflación baje; somos partidarios de que los precios no suban, porque cuando suben, los primeros en perder son quienes viven de ingresos fijos. Pero además, hay otro problema, si el Producto Bruto Interno crece, no existe ningún mecanismo en estas pautas que permita a los trabajadores acompañar ese crecimiento”, remarcó el presidente de la central sindical.