A 30 años de la creación del sistema de AFAP en Uruguay, especialistas reunidos en el II Encuentro de la Comisión de Seguridad Social (COSS) del PIT-CNT, coincidieron en señalar las limitaciones estructurales del modelo de capitalización individual y reclamaron avanzar hacia una reforma profunda de la seguridad social. Desde distintos enfoques, se planteó la necesidad de fortalecer el carácter solidario del sistema, recuperar su capacidad redistributiva y avanzar hacia esquemas sin fines de lucro, con mayor participación estatal y garantías efectivas para trabajadores activos y jubilados.
Este lunes 20 de abril se realizó, en el marco de la Semana de la Seguridad Social, el conversatorio: “30 años de las AFAP en Uruguay”, una actividad que organizó el Equipo de Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social (ERT-BPS), con el apoyo de FESUR y OIT.
Participaron de la parte oratoria: el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano; el representante del Equipo de las y los trabajadores en el BPS, Carlos Clavijo; el asesor legal del PIT-CNT e integrante del ERT-BPS, Gabriel Salsamendi; el presidente del CLATE de Argentina, Julio Fuentes, y el especialista en protección social para el Cono Sur de América Latina – OIT, Guillermo Montt.
El director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, comenzó su ponencia rindiendo un especial homenaje a Cecilia Miller, histórica dirigente de AFCASMU, de la Federación Uruguaya de la Salud e integrante del Instituto Cuesta Duarte, quien falleció el domingo 19 de abril.
Castellano señaló que este lunes se cierra el diálogo sobre la seguridad social y que existen expectativas de que se pueda construir un conjunto de acuerdos que, sin duda, “muchos de sus contenidos pueden ser trascendentales para la vida de los trabajadores activos y también para los trabajadores que entran en el proceso de su jubilación”.
Subrayó que la seguridad social “no solo es la pasividad, es todo el entramado de relaciones que tienen que ver con el bienestar de los uruguayos. Estamos muy cerca de lograr avances importantes”.
Remarcó que, a 30 años de la instalación de las AFAP, es necesario ubicar el contexto en el que surgieron, en medio de “ese proceso y esa ola en muchos países de la privatización o de tratar de generar lucro con algo tan importante como es la seguridad social y el bienestar, que es un derecho humano”. En ese sentido, indicó que se trataba de una década marcada por “una ofensiva neoliberal, quizás distinta a la actual en muchos países, pero una ofensiva también importante”.
En el caso de Uruguay, recordó que se atravesaban diez años de gobiernos que incluyeron el segundo mandato de Julio María Sanguinetti y el de Luis Alberto Lacalle Herrera, período en el que, según señaló, “Uruguay generó una ofensiva de desregulación y de privatización muy importante”.
“En el gobierno de Lacalle Herrera, en Uruguay se desmanteló la negociación colectiva”, afirmó, recordando que este proceso se había iniciado en 1985, tras la recuperación democrática. “Duró los cinco años del primer gobierno de Sanguinetti y una de las primeras cosas que hizo Lacalle en ese proceso fue la eliminación de la negociación colectiva y la eliminación de los Consejos de Salarios, que se volvieron después a retomar casi 15 años más tarde”, agregó.
Indicó que esa etapa no se limitó a esos cambios, sino que incluyó “toda la ofensiva contra las empresas públicas, el intento de privatizar las telecomunicaciones, privatizar lo que es lo más importante que tiene Uruguay, que son sus empresas industriales”.
Castellano sostuvo que también fueron años en los que se avanzó sobre “un pilar fundamental que tenían los uruguayos, que era la seguridad social”, intentando generar un ámbito de lucro que no era una experiencia exclusivamente uruguaya. “Ya veníamos del modelo que idearon los modelos neoliberales de Chile y de otros países, con incluso seguridad social y AFAP mucho más rígida y mucho más dura”, explicó.
No obstante, señaló que en Uruguay “se incorporó el lucro en el proceso y la privatización en el proceso para las cuentas”, aunque “mantuvo, mal o bien, algunos otros pilares que no se habían dado en otras partes del mundo”.
Al mismo tiempo, consideró que también es necesario tener en cuenta que ese proceso se dio en un contexto de fuerte desprestigio del sistema de seguridad social. “Se venía de una seguridad social totalmente despreciada, donde las jubilaciones se resolvían por la ‘tarjetita’ de los políticos, donde no había posibilidades de trámites transparentes, donde en los clubes blancos y colorados se tramitaban las jubilaciones”, expresó.
Agregó que tampoco existían procesos de cuentas personales ni historias laborales claras, lo que generaba que “muchas veces los propios trabajadores preferían la informalidad, porque nunca se sabía bien dónde iba y cómo iba”.
Según explicó, ese contexto de desconfianza fue aprovechado para impulsar la reforma. “Aprovechando esa situación también de desprestigio de la seguridad social en muchos ámbitos, se dio toda esta ofensiva de generar la implantación de las AFAP. Y así han pasado 30 años”.
Para Castellano, el proceso más importante en estas tres décadas ha sido “la lucha permanente del movimiento sindical en defensa de la seguridad social y la eliminación de las AFAP”.
Sostuvo que si hoy existen condiciones para avanzar en mejoras, ello se debe a “la pelea que ha dado el movimiento sindical tratando de derogar las AFAP”, una lucha que “en estos últimos 30 años no ha sido sencilla, incluso con las oscilaciones que el tiempo a veces genera”.
“En épocas donde la pelea dio resultados y en otras perdimos. Lo más importante es que no nos derrotaron y nosotros seguimos levantando las banderas del cese del lucro en cada uno de los congresos, en cada una de las movilizaciones”, afirmó.
En ese sentido, valoró especialmente el rol de la Comisión de Seguridad Social y del equipo de representación de los trabajadores en el BPS. “Yo no sé si el movimiento sindical hubiera dado la pelea que dio durante todos estos 30 años si no hubiera existido una Comisión de Seguridad Social y un equipo de representación de los trabajadores en el BPS como lo hemos tenido”, sostuvo.
Destacó que en estas tres décadas “lo importante ha sido la coherencia, la elaboración de documentos, y el haber construido una experiencia compartida y reconocida a nivel internacional”.
“Son 30 años de peleas y de luchas y gran parte de esas peleas y de esas luchas se han realizado gracias al esfuerzo de la comisión y del equipo de representación”, afirmó.
Más allá de los resultados del actual diálogo sobre seguridad social, advirtió sobre un desafío inmediato, “las elecciones de representantes al directorio del BPS”.
“Tenemos la responsabilidad de que en noviembre tenemos elecciones de nuestros representantes al directorio del BPS”, señaló, advirtiendo que “cada día que pasa, sectores conservadores de derecha van a disputar esa posición”.
Indicó que esos sectores cuentan muchas veces con “un poderío y un respaldo muy grande”, en un terreno que también es económico. Por ello, afirmó que “no hay que pensar que vamos a tener una elección sencilla”.
Sostuvo que una elección de estas características implica “una enorme cantidad de esfuerzo” y, sobre todo, “una enorme cantidad de recursos”, debido al desafío de llegar “a cada lugar, a cada departamento, a cada zona, barrio de Montevideo”.
En ese marco, planteó que la pelea debe darse “todos” en respaldo de la lista que el PIT-CNT pondrá a consideración de la ciudadanía.
Clavijo: Profundizar la cultura de la seguridad social
Por su parte, el director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los trabajadores, Carlos Clavijo, sostuvo que el resultado final de la implementación de las AFAP ha demostrado la insuficiencia del sistema.
Remarcó la importancia de generar una cultura de la seguridad social que evite la pasividad de los trabajadores. “De lo contrario nos agarran dormidos. Porque viene el capital y dice que hay un sistema de seguridad social que es de lo mejor, que en la década de los 90 iba a dar mejores prestaciones en el sistema jubilatorio. Sin embargo, la situación cambió y hoy en día dicen que la parte individual es un complemento jubilatorio. Entonces nos engañaron”, afirmó.
Clavijo subrayó que avanzar en esa cultura resulta fundamental, aunque reconoció las dificultades que implica. “Para eso necesitamos generar la cultura de la seguridad social porque no todo el mundo se reúne un lunes por la mañana a discutir la importancia de la seguridad social, el sistema solidario y tratar de eliminar el lucro”, expresó.
En esa línea, agregó que muchas veces la realidad cotidiana condiciona esas discusiones. “Es muy difícil plantearle a la vecina, al vecino, al trabajador y la trabajadora que se debe dar una lucha tremenda por la seguridad social cuando muchas veces están pensando en si pueden cumplir con la olla, llevar sus hijos a la escuela y cómo hacen para llegar a fin de mes, y a veces los temas de la seguridad social quedan para lo último”.
No obstante, destacó que actualmente el tema ha logrado mayor visibilidad. “Hoy todos estamos hablando de seguridad social porque el movimiento sindical logró instalar un tema fundamental en el plebiscito, que lo tenemos antes de nacer y hasta después que morimos como lo es la seguridad social”, señaló.
Asimismo, enfatizó que el proceso de diálogo social tiene una base concreta de participación ciudadana. “El diálogo social no nació de un repollo, sino que nació en casi un millón de voluntades y en quienes juntaron firmas para llegar al plebiscito”, indicó.
Finalmente, reconoció que ese proceso no alcanzó el resultado esperado. “No logramos ganar porque faltó la cultura de la seguridad social y tenemos que pedir un mayor esfuerzo”, sostuvo, y reafirmó que el movimiento sindical continuará impulsando “una seguridad social universal, solidaria y sin fines de lucro”.
Por su parte, el presidente del CLATE, Argentina, Julio Fuentes, manifestó que el sistema argentino atravesó distintas etapas, comenzando como un sistema público y de reparto desde principios del siglo XX, hasta que en la década del 90 “se instaló con mucha fuerza asumir la receta neoliberal en forma extrema”, lo que derivó en un proceso de privatizaciones.
Según explicó, ese proceso “hizo un gran negocio para los bancos” y llevó a poner en crisis al sistema estatal “para demostrar que no servía y luego aplicar la receta”. Indicó que este esquema se mantuvo hasta el año 2008 y destacó que “la lucha de los jubilados ha sido y es ejemplar”.
Fuentes señaló que, tras la reestatización del sistema, se lograron mejoras significativas. “Durante el sistema privado el nivel de cobertura no llegaba al 60% y con la reestatización se logró incorporar al sistema al 96% de las personas”, afirmó, destacando entre otros avances la incorporación de las amas de casa.
Sostuvo que “un sistema solidario, de reparto y justo tiene que hacerse cargo de los que trabajaron”, en un contexto en el que, según advirtió, “cada vez son menos los que aportan porque hay una actitud patronal que su ineficiencia la quiere resolver no haciendo aportes a los trabajadores”.
En esa línea, alertó que actualmente “el 50% de los trabajadores no está registrado” y subrayó que “no hay manera de que esto funcione si la mitad de las personas no aportan. No hay sistema previsional que funcione”.
Asimismo, reclamó mayores controles estatales para garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones. “Se necesita control de gobierno para que los trabajadores estén en el sistema y no sea el empleador el que decida”, sostuvo.
Fuentes agregó que en Argentina “los patrones cada vez ponen menos para el sistema previsional” y cuestionó que el actual gobierno haya decidido que “el dinero previsional se utilizará para pagar las indemnizaciones por desempleo”.
Señaló que la lógica empresarial tiende a priorizar la rentabilidad por sobre el bienestar social. “Las ganas de ganar de las empresas es a un punto que quizás tenga que ver con su propia naturaleza, porque el patrón quiere ganar más y más sin importarle el costo social”, afirmó.
Finalmente dijo que “es fundamental ganar la batalla de las ideas”, porque no vendrá un sistema privado que salvará a los trabajadores.
Por su parte, el especialista en protección social para el Cono Sur de América Latina de la OIT, Guillermo Montt, sostuvo que durante la aplicación del sistema privado en Chile “se debilitó la equidad, el diálogo social, la solidaridad y la suficiencia de las prestaciones, no necesariamente protegida frente a la pobreza”.
Además, indicó que la instalación de estos sistemas “no aumentó la cobertura” y que concentran “todo el riesgo de los sistemas de jubilaciones y pensiones en los trabajadores y no en una responsabilidad compartida entre los demás actores del sistema”.
Salsamendi: La eficiencia del sector privado es una postura ideológica
Por su parte, el asesor legal del PIT-CNT, magíster en Seguridad Social e integrante del ERT-BPS, Gabriel Salsamendi, realizó un análisis crítico del sistema de ahorro previsional privado, abordando sus fundamentos ideológicos, las promesas incumplidas, las reformas parciales y los debates pendientes sobre el futuro de la seguridad social en Uruguay y América Latina.
Recordó que la ideología neoliberal dominante en los años noventa “posicionó al Estado como un obstáculo al desarrollo, ineficiente por naturaleza, propenso a la corrupción y opuesto al dinamismo del mercado. La regulación era vista como una traba, no como una garantía”.
Añadió que, frente a ese Estado “ineficiente”, el sector privado se presentaba como “la solución eficiente porque el lucro castiga los despilfarros, capaz de atraer a los mejores profesionales y de generar incentivos correctos para trabajadores, empleadores e inversores”. En ese marco, aseguró que los derechos laborales eran presentados como “frenos a la inversión y al empleo formal”.
Salsamendi recordó que la reforma previsional de 1996 se apoyó en un “diagnóstico severo” del sistema de reparto anterior, combinando argumentos técnicos con críticas de corte político basadas en el “desequilibrio estructural, la corrupción e ineficiencia, los beneficios por presión, no por mérito y la formalidad incentivada”.
En ese contexto, señaló que los beneficios prometidos por los impulsores de las AFAP fueron “el combate a la informalidad, la eficiencia por competencias y la equidad en las prestaciones”.
Indicó que, desde el inicio, sindicatos, académicos y sectores de la izquierda cuestionaron los pilares argumentales del sistema, “con críticas que el tiempo ha terminado por validar en gran medida”.
El especialista sostuvo que la informalidad “no es una decisión voluntaria e individual, sino el resultado de condiciones económicas estructurales”, por lo que “un incentivo individual no puede resolver lo que es un problema de trabajo conjunto”.
Asimismo, afirmó que la “eficiencia del sector privado es una postura ideológica, no una regla empírica universal”, y remarcó que la “historia reciente está repleta de fracasos empresariales y de gestiones públicas exitosas bien organizadas”.
En esa línea, señaló que el clientelismo tiene su origen en la gestión política y no en la naturaleza del sector público. “Un servicio civil profesional puede ser tan riguroso y meritocrático como cualquier empresa privada”, subrayó.
Por otro lado, advirtió que un sistema que vincula estrictamente las prestaciones a lo aportado elimina el efecto redistributivo de la seguridad social, quienes tuvieron salarios bajos acumularán ahorros reducidos y recibirán jubilaciones muy bajas, “perpetuando la pobreza en la vejez”.
Entre las promesas incumplidas luego de tres décadas de aplicación, mencionó que “la formalidad no tuvo un cambio estructural, ya que el incentivo individual no funcionó como mecanismo de formalización masiva”. Agregó que la rentabilidad “fue volátil y frecuentemente negativa”, por lo que la promesa de una gestión superior al sistema público “no se sostuvo de manera consistente”.
Salsamendi también indicó que, con el sistema ya maduro, las prestaciones “siguen siendo insuficientes para la mayoría de los afiliados”. A su vez, recordó que las comisiones cobradas por las AFAP llegaron a ubicarse entre las más altas del mundo y que la competencia prometida no generó una reducción espontánea de precios, siendo necesaria la intervención estatal para limitarlas.
Remarcó que el sistema fue presentado como una opción libre para los trabajadores. Sin embargo, quienes “optaban” no tenían libertad de salir una vez dentro. “La voluntad tenía una sola dirección: la entrada”, afirmó.
Sostuvo que la bonificación del sistema público fue el verdadero incentivo para captar afiliados, especialmente en los tramos en los que la AFAP no resultaba rentable por sí sola.
Cuestionó además que, en el mejor de los casos, la AFAP financiara “apenas el 20% del total de la jubilación”, mientras que el restante 80% seguía siendo responsabilidad del Estado a través del BPS. En ese sentido, señaló que la narrativa del “ahorro individual” ocultaba que el pilar solidario continuaba siendo dominante.
El especialista remarcó que la mejora en los montos jubilatorios provenía en realidad de una “bonificación pagada por el sistema público”, financiada con aportes patronales que no se volcaban a las cuentas individuales, sin que se hubiera verificado si esos recursos alcanzaban para cubrir ese costo.
A 30 años de su implementación, Salsamendi sostuvo que el sistema configura una dinámica “perversa”, con reformas “limitadas y una rentabilidad menor”.
En ese sentido, advirtió que el sistema genera una lógica “aberrante”. “Las AFAP obtienen sus mayores beneficios relativos cuando la economía uruguaya atraviesa dificultades. En contextos de crisis, los activos de deuda pública -que dominan las carteras- suben de precio, incrementando la rentabilidad de los fondos y, con ello, las comisiones cobradas”.
Al mismo tiempo, subrayó que los trabajadores en situaciones de mayor vulnerabilidad económica son quienes menos pueden permitirse ahorros bajos o irregulares.
Respecto a la deuda pública, Salsamendi afirmó que se ha convertido en un negocio privado, ya que la enorme mayoría de los fondos administrados está invertida en títulos del propio Estado uruguayo. Además, señaló que la AFAP con mayor cartera es de propiedad de entes públicos, por lo que el argumento de que “los fondos están en manos privadas” pierde su distinción operativa real.
Sostuvo que las reformas implementadas a lo largo de los años lograron avances insuficientes. En ese marco, destacó que el Estado intervino en el mercado utilizando la AFAP pública como referencia para forzar una reducción de las comisiones del sector, algo que “el mercado, por sí solo, no habría logrado”.
También mencionó que se introdujo la posibilidad de revocar la opción del artículo 8, aunque con alcance limitado, y que la Ley 20.130 avanzó en esa dirección, generando dificultades que el diálogo actual busca corregir.
Asimismo, indicó que se habilitó a los trabajadores mayores de 50 años a retirarse del sistema de capitalización y volver al régimen de transición, reconociendo el perjuicio acumulado para ese grupo etario.
Agregó que se generalizó la obligatoriedad del ahorro individual para nuevos aportantes con un monto fijo, ampliando el sistema en lugar de reducirlo, en una dirección contraria a las críticas acumuladas.
Salsamendi sostuvo que persisten "contradicciones no resueltas". Entre ellas, apuntó que el argumento de la inmadurez del sistema ya no es sostenible. “Luego de treinta años de funcionamiento, las jubilaciones del pilar de capitalización siguen siendo insuficientes para quienes tuvieron trayectorias laborales irregulares o salarios bajos”.
Indicó además que el sector asegurador permanece en manos del Estado porque no resulta rentable, al igual que la recaudación, la gestión de las cuentas individuales y las garantías de mínimos. “En contraste, el negocio rentable -la administración de fondos- queda en manos privadas sin que estas asuman compromisos equivalentes”.
Afirmó que los únicos beneficiarios reales del sistema son quienes tuvieron salarios altos y alta densidad de cotización a lo largo de su vida laboral. “El sistema no redistribuye, amplifica las desigualdades del mercado de trabajo”, enfatizó.
En el plano internacional, sostuvo que los sistemas de capitalización individual pura han mostrado sus limitaciones en múltiples países y que las tendencias globales apuntan a una revisión del modelo.
Indicó que varios países que adoptaron esquemas similares han revertido parcialmente al sistema de reparto sin anunciarlo formalmente como un “retorno”, minimizando así el costo político del cambio.
Señaló que la tendencia predominante es establecer pisos de prestaciones garantizados por el Estado, reconociendo que el ahorro individual no puede ser la única fuente de ingresos en la vejez.
Advirtió que el avance político del neoliberalismo y la retórica contraria a la “justicia social” complejizan el escenario para impulsar reformas redistributivas profundas, incluso cuando los datos técnicos las respaldan.
Salsamendi remarcó que el PIT-CNT ha articulado las demandas de los trabajadores en tres ejes centrales. En primer lugar, “sustituir el pilar de capitalización individual por un sistema de ahorro colectivo que mantenga el efecto redistributivo y permita la solidaridad intergeneracional”.
En segundo lugar, que “la administración de los fondos esté a cargo de entidades sin fines de lucro o de naturaleza pública, eliminando el drenaje de recursos hacia las ganancias de los accionistas privados”.
En tercer lugar, “terminar con el cobro de comisiones sobre cada peso aportado, que durante décadas ha reducido el capital efectivamente acumulado por los trabajadores de menores ingresos”.
En el marco del diálogo en seguridad social, indicó que surgió una propuesta técnica orientada a separar los problemas de la vinculación individual, el cobro de comisiones y el lucro en la administración.
Explicó que dicha propuesta plantea suprimir la relación directa entre la administradora y el trabajador, lo que eliminaría automáticamente el cobro de comisiones sobre el aporte mensual individual.
El fondo total sería “licitado periódicamente entre empresas administradoras que competirían por su gestión, cobrando sobre el monto administrado o sobre la renta obtenida, y no sobre los aportes”.
Salsamendi planteó que esta propuesta “reduce el problema del cobro sobre aportes, pero planteó si realmente elimina el lucro”.
Al respecto, sostuvo que eliminar el lucro sin reformar la lógica de acumulación individual “seguiría produciendo jubilaciones bajas, mientras que reformar el cálculo sin modificar las comisiones continuaría drenando recursos hacia el sector financiero privado”.
Finalmente, concluyó que, al cumplirse 30 años de implementación, el sistema deja como enseñanza que “ni la formalidad aumentó estructuralmente, ni las comisiones bajaron por competencia, ni las prestaciones son suficientes”. A su juicio, el diagnóstico crítico inicial fue correcto.
Subrayó que la magnitud de los fondos administrados -equivalentes al 30% del PBI-“exige reformas cuidadosas y que la radicalidad política no puede ignorar la fragilidad financiera del contexto actual”.
“Un sistema que reproduce y amplía las desigualdades del mercado laboral no puede llamarse seguridad social”, afirmó, y añadió que recuperar el efecto redistributivo constituye “una exigencia ética y política”.
Por último, sostuvo que la pregunta sobre si el lucro privado tiene lugar en la seguridad social no admite una respuesta técnica, sino que se trata de una decisión política que Uruguay deberá tomar con información, debate y voluntad democrática.
Facebook
X
Youtube
Instagram