Este jueves 30 de octubre se dieron a conocer los resultados de la segunda investigación realizada en el Municipio A en el marco de un trabajo conjunto entre la Escuela de Nutrición y el Programa Apex sobre la inseguridad alimentaria.

El estudio, que contó con financiamiento parcial de la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) y con la participación y asesoramiento técnico del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición, se desarrolló durante 2024-2005 con el objetivo de conocer la situación en materia de seguridad alimentaria de niñas y niños menores de 12 años residentes en los territorios comprendidos por el Municipio A. El primer relevamiento se había realizado en 2022.

Desde distintos centros educativos de enseñanza preescolar y primaria de la zona se venían advirtiendo diversas problemáticas sociales, tales como dificultades en la alimentación, violencia familiar o vecinal, consumos problemáticos y falta de concentración. A partir de esas observaciones surgió la necesidad de realizar una nueva medición que permitiera profundizar en uno de estos fenómenos: la inseguridad alimentaria.

La presentación del estudio se realizó en la sede del PIT-CNT y contó con la participación de Alejandra Pereira, secretaria general adjunta de la central sindical y secretaria general de la FUM-TEP; Pablo Pereira, profesor agregado y coordinador del área de Salud Comunitaria del Programa Apex; y Vanessa Gugliucci, profesora adjunta e integrante de la Unidad Académica de Prácticas de la Escuela de Nutrición.

Un territorio con altos niveles de pobreza

Pablo Pereira destacó que el informe revela que el Municipio A “es un territorio con necesidades básicas insatisfechas entre las más altas del país, con niveles de pobreza cercanos al 20%, y con una elevada presencia de menores de 14 años”. Agregó que, con más de 200.000 habitantes, “es uno de los municipios más poblados del país, por lo que resulta fundamental contar con datos que reflejen su realidad actual y permitan comparar con la medición anterior realizada en 2022-2023”.

“Se aplicó una caracterización general y una escala de medición de inseguridad alimentaria, trabajando con una muestra representativa de 481 hogares y 481 niñas, niños y adolescentes. Esto nos otorgó un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±4,3%”.

Según detalló, “se mantienen en general las tendencias observadas en el estudio anterior. En aproximadamente el 60% de los hogares las encuestas fueron respondidas por mujeres, quienes suelen ser las jefas de hogar o referentes en las tareas de cuidado y alimentación. Si se suman otros familiares, también en su mayoría mujeres, el porcentaje de cuidadoras femeninas asciende al 85%”.

La edad promedio de las niñas y niños fue de 7 años, con una mayor concentración en los de 10 años. Pereira observó que “esto evidencia que no hay un crecimiento sostenido de la población infantil debido a la baja tasa de natalidad a nivel nacional, aunque el Municipio A sigue siendo uno de los que tiene mayor presencia de esta franja etaria”.

En cuanto a la composición de los hogares, la mediana fue de cuatro personas, cifra superior al promedio nacional (entre 2,5 y 3). “Otro dato positivo es que se confirma el acceso universal al agua potable en la zona”, subrayó.

Respecto a los ingresos, el 38% de los hogares cuenta con un solo integrante que percibe ingresos, mientras que en el 42,6% más de una persona aporta económicamente. Esto, señaló Pereira, “refleja una tendencia a ingresos bajos y una escasa diversificación de fuentes económicas”.

El 73,6% de los hogares recibe transferencias directas del Estado, como asignaciones familiares o Tarjeta Uruguay Social, siendo la asignación familiar la más extendida. Sin embargo, el nivel educativo de las personas responsables del hogar continúa siendo bajo: el 46% no culminó el ciclo básico.

En materia educativa, la mayoría de los niños asiste a escuelas de tiempo simple (cuatro horas) y, en menor medida, a centros CAIF, dado que el grupo etario predominante es de entre 7 y 10 años.

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Vanessa Gugliucci y Pablo Pereira

Inseguridad alimentaria: mejora leve pero preocupante

La profesora Vanessa Gugliucci explicó que el informe revela que el 10,5% de los hogares del Municipio A se encuentran en inseguridad alimentaria grave, es decir, “hogares en los que alguno de sus integrantes ha pasado hambre”. La media nacional es de 1,9%, por lo que la prevalencia en el Municipio A es cinco veces superior al promedio del país.

También es superior a la registrada en los hogares del quintil 1 por ingresos, que presentan una prevalencia del 6,4%, y a la de los hogares con menores de 18 años, que a nivel nacional alcanza el 2,5%.

En cuanto a la inseguridad alimentaria moderada o grave, el estudio muestra una prevalencia del 27,1% en el Municipio A, frente al 13,7% nacional. “Esto significa que más de una cuarta parte de los hogares del municipio ha debido reducir la cantidad de alimentos consumidos por falta de dinero o recursos”, explicó Gugliucci.

Si bien los indicadores muestran una mejora en relación con la medición de 2023 -cuando la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzaba el 42% y la grave el 20%-, la especialista advirtió que “las cifras siguen siendo preocupantes”.

El 37% de las personas encuestadas manifestó preocupación por el acceso a los alimentos, aunque no se encontraran en situación de inseguridad alimentaria, y uno de cada tres hogares modificó su selección de alimentos durante el año previo por falta de dinero o recursos.

Otro aspecto estudiado fue la diversidad dietética. Para ello se analizó el consumo de alimentos en niñas y niños de entre 2 y 12 años, consultando cuántos días de la última semana habían ingerido distintos grupos de alimentos.

“De 13 grupos alimentarios, solo en cuatro de ellos al menos la mitad de los niños había consumido alimentos cuatro o más días durante la semana anterior. Esto muestra una diversidad dietética moderada, que refleja una oferta alimentaria limitada en los hogares”, explicó Gugliucci.

Los grupos de alimentos más consumidos fueron: cereales (fideos, arroz, polenta, harinas), lácteos (leche y quesos), frutas y carnes. En menor medida se registró el consumo de ultra procesados como refrescos, bebidas azucaradas, galletitas o postres industrializados.

Un dato relevante es que el 65% de las niñas y niños come en el centro educativo al que asiste, lo que confirma el papel fundamental de las instituciones escolares en la alimentación de estos hogares.

Gugliucci concluyó que “se evidencian grandes desigualdades territoriales y que este municipio continúa concentrando múltiples vulnerabilidades”.

Mientras que Pablo Pereira señaló que “los hogares más pobres destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos. La incidencia de los ingresos y el alcance del apoyo estatal son factores decisivos para la seguridad alimentaria”.

Recordó además que la medición anterior, realizada en un contexto casi inmediato a la pandemia, mostraba niveles de inseguridad alimentaria mucho más elevados. “Si bien ahora estamos algo más alejados de ese período, las coyunturas siguen influyendo, los precios de los alimentos pueden variar mucho y, al no existir una seguridad alimentaria estructural, las cifras pueden cambiar de manera importante. Por eso, aunque los indicadores mejoraron, sigue siendo preocupante que el 10% de los hogares del Municipio A se encuentre en situación de inseguridad alimentaria grave”.