El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, analizó los grandes ejes por los que entiende se dará la discusión de los 135 artículos de la LUC y particularmente, apuntó las razones por las que considera el gobierno está ocultando la LUC. Sommaruga, quien además es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP), explicó al Portal su visión sobre la construcción de la agenda informativa nacional por parte de los grandes medios de comunicación y aseguró que el gobierno tiene en carpeta “una reforma altamente regresiva, antipopular y privatizadora de la seguridad social”. En otro orden, fustigó el accionar represivo “antiobrero” en el Puerto y dijo que a los trabajadores se los esposó y trató como si fueran “delincuentes” o “siniestros personajes” de la Operación Océano.

¿El gobierno está ‘escondiendo’ la LUC hasta marzo?   

 Hay dos objetivos fundamentales que explican la alta necesidad política que tiene para el gobierno la conservación de la LUC en todos sus términos. Por un lado, una derrota en el referéndum del 27 de marzo, con la subsiguiente eliminación de los 135 artículos impugnados, implicaría un retroceso objetivo en las condiciones jurídicas e institucionales que han impuesto para implementar su proyecto de poder. Asimismo, la caída de los 135 artículos les generaría por añadidura un daño importante en la imagen política, pudiendo afectar la débil cohesión en la que se sostiene la coalición. Por otro lado y en línea de consecuencias con lo anterior, un revés electoral impactaría significativamente en la estrategia de continuidad de su plan de ajuste y privatización. Hay que recordar que inmediatamente después del referéndum el poder ejecutivo tiene entre manos la reforma de la seguridad social, que a mi entender es la gran reforma expropiatoria de derechos contra el pueblo uruguayo con la que vino este gobierno bajo el brazo. Claramente no es lo mismo imponer el aumento de la edad de retiro y la rebaja del pago de las jubilaciones con un apoyo electoral renovado, que hacerlo con el peso de una derrota política en el marco de una consulta popular directa. Para el gobierno, la coalición y los poderosos intereses económicos que representan, el 27 de marzo no solo están en juego los 135 artículos, con todo lo que ello implica, sino la suerte de su estrategia de ajuste para lo que resta del periodo de gobierno. Bajo estas coordenadas es claro que el gobierno trabaja para ocultar los efectos concretos de la aplicación de la LUC en todas aquellas áreas donde no tiene hegemonía ideológica -como en el área represiva- y donde las evidencias de su carácter antipopular e injusto son más notorias. El ejemplo más contundente de esta táctica de ocultamiento es lo que viene pasando con los combustibles. El gobierno dejo deliberadamente de aplicar durante los últimos tres meses los mecanismos de ajustes en el precio de los combustibles como prescribe la LUC. ¿Por qué hizo esto el poder ejecutivo? Porqué con la aplicación de los criterios definidos en la LUC la nafta aumento casi un 30% solo en 90 días. Y el precio del supergás pasó de $652 a $730. Todo esto sucedió además, en el contexto de una rebaja salarial y un aumento del desempleo, asociado a la destrucción de 60.000 puestos de trabajo. Por tanto, hasta el 27 de marzo lo que más vamos a ver de la LUC es su camuflaje.

¿En el Puerto hubo una represión feroz?

Yo diría que lo que hubo fue una feroz aplicación del artículo 468 de la LUC y eso habilitó la aplicación de la fuerza bruta por parte del Estado para resolver una movilización pacífica de los trabajadores del transporte de carga. Esto lo pudo apreciar todo el mundo que haya visto las imágenes. Las fuerzas represivas no solo usaron violencia física desmedida, llevándosela gente de trabajo a rastras, con maniobras de ahorcamiento y generando lesiones en algunos de los manifestantes. Aplicaron también una violencia simbólica humillante. Esposaron a los trabajadores como si fuesen delincuentes o siniestros personajes como los implicados en la operación ‘Océano’. Esa humillación fue profundamente anti-obrera. A los trabajadores se los respeta y eso no fue lo que yo vi ese día. En ese marco me pareció muy preocupante una manifestación pública de un dirigente de SIFPOM que sin solidarizarse en ningún momento con la lucha de los trabajadores del transporte de carga, y sin criticar al gobierno por mandar reprimir obreros que lucha por sus derechos, afirmo, sin fundamento alguno, que ese día vio dirigentes sindicales alentar la provocación a las fuerzas represivas. Es una acusación infundada y muy grave, porque entre otras cosas va en línea con lo que dijo ese mismo día el ministro del Interior. Heber afirmó que estas movilizaciones -aludiendo también a la movilización de la UNOTT, que también fue reprimida a pesar de su carácter pacífico- tienen por objetivo ‘provocar a la policía’ y que están inspiradas en motivaciones políticas de cara al referéndum contra la LUC. Este relato del gobierno podría catalogarse de ridículo y de gran subestimación intelectual hacia los trabajadores, en tanto parte del supuesto que los trabajadores somos autómatas y que se nos manejan como títeres; sin embargo hay que decir que este discurso político tiene efectos ideológicos y de clase muy claros. Por un lado soslaya las responsabilidades del Estado en relación a las justas demandas de los camioneros, dejando que las patronales del sector sigan incumpliendo las leyes que regulan el trabajo, la seguridad laboral y la normativa del transporte de carga. Por otra parte, recarga las tintas de una suerte de apología antisindical que busca no tanto la desaparición de los sindicatos como su domesticación política. Las fuerzas ideológicas y los grandes intereses económicos que están detrás y dentro del actual gobierno vienen trabajando en esa estrategia desde mucho antes del 1 de marzo de 2020 y ahora la están aplicando a toda máquina. Disciplinar y diezmar al movimiento sindical es fundamental para el mejor desarrollo de su estrategia de ajuste y privatización. En ese marco se insertan también los discursos de odio contra el movimiento sindical.

A fines de noviembre la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay denunció ante la SCJ y el Parlamento el aumento de casos de abuso policial, desde que comenzó a regir la LUC. Concretamente, presentó más de 85 casos que refieren a allanamientos sin orden judicial ‘disfrazados’ de inspecciones oculares voluntarias, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, maltratos y agresiones en las detenciones, entre otros. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la denuncia, de esto prácticamente no han hablado los medios de comunicación. ¿Por qué crees que esto ha quedado invisibilizado?

En la lucha de clases hay una contradicción sobre el control público y comunitario o privado y excluyente del excedente económico producido por el trabajo humano en todas sus formas y modalidades, pero también hay toda una gama de fuerzas en pugna que se despliegan en términos de ideas y mensajes, y cuyo fin es predominar en las formas que tiene y usa la gente para representarse mentalmente las cosas que pasan en la sociedad. Yo no estoy de acuerdo cuando se dice que los medios están al servicio del poder. No. Los grandes medios son una forma de ejercicio del poder. Este poder concentrado y de clase que ejercen las grandes corporaciones mediáticas se manifiesta muchas veces en contradicción con el libre ejercicio de la profesión de los y las periodistas y su compromiso profesional, pero al final del día, lo que tiende a ocurrir es que la billetera suele salirse con la suya. O sea, terminan ganando y resolviendo los poderosos. La agenda de los medios es eminentemente política y se mueve dentro de cierto imaginario ideológico. Un imaginario que tributa a la hegemonía ideológica del capital. ¿Por qué hay temas que están en la opinión pública y otros que siendo absolutamente relevantes  no aparecen o lo hacen de manera muy tenue y asistemática? ¿Dónde está escrito que las libertades públicas valen más en un país que en otro? ¿Quién establece que el déficit fiscal sea un tema más recurrente que el déficit de vivienda? ¿Por qué se habla más de un tipo de delitos que de otros? Cuando me preguntas por qué ese tipo de noticias vinculadas a las violencias institucionales contra los pobres no tuvo la repercusión mediática que obviamente parece ameritar, hay una parte de mi reflexión que me lleva a un cuestionamiento estructural del ejercicio del poder que hacen los grandes medios. No obstante, hay otra parte de la reflexión que me lleva a asuntos más coyunturales. Las prácticas abusivas en el ejercicio de la fuerza policial claramente no son nuevas, pero entiendo que han sido abonadas e intensificadas subjetivamente por las disposiciones contenidas en la sección I de la LUC. Hay una valoración muy fina desarrollada al respecto por el Dr Aller que yo comparto a cabalidad. Según el catedrático la LUC, por su condición punitivista, alienta una percepción de supra poderes que en realidad legalmente la policía no tiene. Esta misma percepción deformada se refuerza por el recurrente mensaje político de buena parte del gobierno acerca de la mano dura y se legitima por una opinión pública que en su impotencia deviene enfurecida. La LUC no solo nos hace daño institucional como sociedad, también nos daña culturalmente. Y ese, tal vez, sea su legado más nocivo a largo plazo, si es que no llegamos a derogarla.

¿Cómo crees que hay que desarrollar la campaña a favor del SI en un contexto de noticias falsas como por ejemplo hablar de artículos que no están incluidos en los 135 artículos que se van a poner en consideración en el referéndum? ¿Hay antídoto?

No hay antídoto. Pero no lo digo por escéptico, sino por el carácter funcional de la mentira en la estrategia del poder. Este es un problema de raigambre histórica. El proceso judicial y la condena a muerte de los dirigentes obreros anarquistas que encabezaron las luchas por las 8 horas en los EEUU a fines del siglo XIX no se pueden analizar soslayando el rol de la mentira y del engaño para llevarlos al cadalso. Seguramente hoy las noticias falsas y el engaño premeditado están redimensionados en su efectividad por el rol exponencial de las redes y la alta velocidad de propagación de contenidos que tienen esos medios, pero en esencia, el problema no es nuevo. Partiendo de esa base, creo que es imprescindible que en el centro de la estrategia pongamos argumentos racionales y evidencias accesibles para que nuestro pueblo pueda sacar sus propias conclusiones. Contra la mentira, el argumento racional. No es esto un antídoto, pero es una forma de hacer las cosas bien. Y eso, no es poca cosa. Nosotros no necesitamos mentir para ganar. Luego obviamente que debemos desplegar una estrategia compleja. No me refiero por compleja a difícil sino a una estrategia capaz de articular diferentes técnicas, recursos y medios. Obviamente que el recorrido por abajo, el mano a mano, es nuestro medio más potente y tal vez el más idóneo en esto de la comunicación asertiva. Pero no debemos descartar otros recursos, como los debates públicos, la propaganda, los audiovisuales para las redes, los talleres informativos en los barrios, la articulación con la academia y las expresiones artísticas. Debemos aprovechar todo el potencial y la lucidez que tiene el pueblo, su ingenio y su capacidad de lucha. Asimismo, creo que es fundamental asociar el resultado del referéndum con el porvenir inmediato de los derechos sociales. Debemos enganchar en el discurso lo que la realidad ya tiene enganchado y me refiero particularmente a la reforma de la seguridad social.Es un hecho que el gobierno tiene en carpeta una reforma altamente regresiva, antipopular y privatizadora de la seguridad social. Esto no es una presunción. Es una conclusión del informe de expertos que tiene el gobierno y del que no habla justamente para evitar que la gente lo asocie con el referéndum. Es nuestra tarea explicar lo que el gobierno oculta y que no es lo mismo enfrentar la reforma de la seguridad social, el aumento de la edad jubilatoria,y el deterioro de las tasas de las jubilaciones ganando el referéndum que perdiéndolo. La lucha vamos a tener que darla igual, pero claramente los escenarios son sensiblemente distintos.

Una de las últimas noticias de diciembre de 2021 fue el anuncio del cierre de Casa de Galicia. Al día de hoy, las y los trabajadores aún no han cobrado su salario ni el aguinaldo.

La situación de trabajadores y usuarios de casa de Galicia es alarmante e indignante. Ahora la tarea es apoyar decididamente lo que resuelvan los trabajadores en sus asambleas y respaldar la lucha por los derechos al trabajo de todos y cada uno de quienes se desempeñan en ese centro de salud. Asimismo debemos apoyar decididamente la lucha por la preservación de la asistencia integral para todos los afiliados y afiliadas a casa de Galicia. Este es un tema de gran sensibilidad, donde es inadmisible que fallemos como sociedad. Nadie puede quedarse sin trabajo por las fallas de un modelo privado de gestión de la salud y por las insuficiencias en los controles públicos que de alguna manera están detrás del desastre de casa de Galicia. Ese a mi entender es el verdadero problema. La sentencia del juez podrá tildarse de inoportuna por las fechas del año, pero no comparto en nada que la responsabilidad de la situación de casa de Galicia sea de un juez. Ahora bien, pensando en perspectiva creo que hay que ir hacia una nueva reforma del sistema de salud. Una segunda reforma en la que se avance definitivamente sobre la desmercantilización de la gestión de los centros de atención médica. A mi entender esa es el aprendizaje más profundo que debemos sacar de esta nueva debacle del modelo privatista. Una segunda reforma que tenga por epicentro el cuidado de la salud, como derecho humano de todas las personas durante toda su vida. En ese marco entiendo que hay algunas pistas a tomar en cuenta. Entre ellas la unificación de la estrategia de atención a la salud, la mejora sustantiva de los tiempos de atención y del acceso a los especialistas, el impulso de líneas de investigación, innovación y desarrollo y el fortalecimiento las dotaciones humanas y técnicas.

Es tiempo de balance y perspectiva. Dejamos atrás un año duro y se viene un tiempo de mucha actividad sindical. ¿Qué les dirías a las y los trabajadores en este momento de reflexión? Especialmente a quienes la están pasando peor.

Que nadie se salva solo y que su drama es el nuestro. Por eso –por ejemplo- toda la solidaridad que desarrolla el movimiento sindical con las ollas populares. Solo nuestro sindicato –SINTEP- dedicó más de un millón de pesos en el año a las iniciativas de ayuda mutua. Estos son compromisos concretos. No solo palabras. El apoyo solidario fue nuestro principal rubro de egresos en el 2020 y 2021 y fue ratificado por la asamblea general. Ese es uno de nuestros pequeños orgullos. Ser parte de un sindicato que construye conciencia de clase. Pero tenemos que buscar soluciones permanentes al problema del hambre y la exclusión, porque en eso se nos va la vida. Tenemos por delante la imperiosa necesidad de poner en marcha un gran movimiento nacional por el derecho al trabajo. Una construcción en la que se enrielen todas las fuerzas sociales de nuestro pueblo para reclamarle al gobierno soluciones concretas y reales para la gente. Hay una cantidad enorme de trabajo socialmente necesario que no se está haciendo y una enorme cantidad de gente sin trabajo. Esa ecuación se resuelve con redistribución del ingreso y eso es posible en el marco de pensar en otra clave la política económica del país. En una clave políticamente integradora, y éticamente responsable. No podemos dejar gente afuera. No es éticamente admisible que un país como el nuestro, que produce anualmente alimentos para 30 millones de seres humanos, tenga que apelar a las ollas populares como mecanismo permanente para dar de comer a 100.000 personas, adultos y niños, a la semana. Hay que problematizar lo obvio para demostrar que nada de lo que pasa en política es natural. La exclusión social no es culpa de las estrellas y el desempleo no es un problema del invierno. Las cosas, las relaciones sociales, pueden ser diferentes pero que para eso debe haber cambios profundos, estructurales y que afecten los privilegios del 1% más rico. No hay atajos. Sin luchas no hay triunfos.