La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) expresó su preocupación por las restricciones presupuestales previstas en la Rendición de Cuentas y reclamó una mayor inversión para atender necesidades del sistema educativo, entre ellas “infraestructura, reducción del número de estudiantes por grupo, creación de cargos y fortalecimiento de las políticas de acompañamiento”. En ese contexto, los docentes de Secundaria y UTU convocaron a un paro nacional de 24 horas para este jueves y anunciaron nuevas acciones durante el tratamiento parlamentario del Presupuesto.
Este martes 23 de junio, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) realizó una conferencia de prensa para informar sobre el paro nacional de 24 horas que llevarán adelante los profesores de Secundaria y UTU el próximo jueves 25. La medida se enmarca en el reclamo de una mayor asignación presupuestal para la educación en la próxima Rendición de Cuentas, que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Parlamento antes del 30 de junio.
Participaron de la conferencia Emiliano Mandacen, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES); Alejandra Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP); Luis Otero, secretario de Asuntos Laborales de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU); Julián Cabrera, presidente de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (ATES); Raúl Correa, dirigente de la Unión de Funcionarios del CODICEN (UFC); y Christian Quintero, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada de Uruguay (SINTEP).
Necesidades estructurales
Al abrir la conferencia, Mandacen transmitió la “profunda preocupación” de la coordinadora por el contenido de la Rendición de Cuentas y las perspectivas presupuestales para la educación.
El dirigente de FENAPES explicó que en las últimas horas se desarrollaron “instancias de negociación” con el CODICEN de la ANEP, organismo que estaría aprobando una solicitud de incremento presupuestal cercana a los 3.500 millones de pesos. Sin embargo, advirtió que ese planteo no tendría respaldo del Poder Ejecutivo.
“Estamos hablando de que, en el marco de las restricciones que planteó el Gobierno para la Rendición de Cuentas bajo la consigna del ‘gasto cero’, aun cuando el CODICEN expresa hoy la necesidad de mayor presupuesto, esto no tendría ningún tipo de andamiaje en la etapa parlamentaria porque el margen de redistribución interna del presupuesto es muy acotado”, señaló.
Mandacen recordó que durante la discusión del Presupuesto quinquenal la ANEP remitió al Parlamento una propuesta superior a la planteada por el Poder Ejecutivo, con una diferencia aproximada de 8.500 millones de pesos. Actualmente -agregó- el CODICEN analiza una asignación cercana a los 3.500 millones de pesos.
Según afirmó, el sistema educativo enfrenta “múltiples dificultades” que requieren respuestas presupuestales concretas y que repercuten tanto en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes como en las condiciones de trabajo. En ese sentido, aclaró que el reclamo “no está vinculado a aspectos salariales, dado que existe un convenio vigente, sino a las necesidades estructurales de la educación pública”.
La coordinadora solicitará además una entrevista con el presidente de la República, Yamandú Orsi, mediante una nota formal que será presentada en las próximas horas. La intención es mantener un intercambio antes de que el mensaje de Rendición de Cuentas ingrese al Parlamento.
“Aspiramos a que, de acuerdo a su formación académica y a la sensibilidad que sabemos que tiene sobre los temas educativos, el presidente reciba a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza para poder intercambiar sobre esta situación”, expresó.
Mandacen sostuvo asimismo que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto deben dar una señal política clara en favor de la educación. A su entender, “no sería adecuado que durante la discusión parlamentaria la enseñanza tuviera que disputar recursos destinados a otras áreas sensibles, como la salud o la vivienda”.
El dirigente sindical vinculó el debate presupuestal con la situación social del país, particularmente con los niveles de pobreza infantil. En ese marco, señaló que el movimiento sindical viene impulsando la discusión de “políticas estructurales” que permitan abordar esos problemas más allá de medidas compensatorias y recordó la propuesta de estudiar una sobretasa del 1% para el sector más rico de la población.
Entre las necesidades más urgentes del sistema educativo mencionó “el mantenimiento de la infraestructura, la creación de cargos, la reducción de la cantidad de estudiantes por grupo, el fortalecimiento de las figuras de acompañamiento y todas aquellas herramientas que contribuyan a mejorar los procesos de aprendizaje”.
“Acá no hay ningún tipo de planteo corporativo. Hay un planteo estructural respecto a la necesidad de que el sistema educativo cuente con más recursos para mejorar los procesos de aprendizaje y la continuidad educativa de los estudiantes en cualquier rincón del país y en todos los subsistemas”, afirmó.
Durante su intervención, Mandacen sostuvo que la histórica reivindicación de destinar el 6% del Producto Interno Bruto a la educación y un 1% adicional a la investigación ya no constituye únicamente una demanda sindical. “Hoy en día el reclamo del 6 más 1 del PIB para enseñanza e investigación dejó de ser una demanda de los sindicatos de la educación; es una demanda social”.
En ese sentido, recordó que durante años distintos sectores políticos sostuvieron que los problemas de la educación no obedecían a una falta de recursos sino a dificultades de gestión. Sin embargo, señaló que todos los gobiernos terminaron reconociendo la necesidad de incrementar la inversión educativa. “Pasaron todos los gobiernos y absolutamente todos los sectores políticos tuvieron que buscar la forma de tener más recursos para la educación”, indicó.
Para el dirigente, el debate actual debería centrarse en cómo avanzar gradualmente hacia una inversión que contemple las necesidades reales del sistema y permita acercarse al objetivo del 6% más 1.
También advirtió sobre un debilitamiento de la participación del presupuesto educativo dentro del Producto Interno Bruto y señaló que las perspectivas de crecimiento económico del país se encuentran “por debajo de las expectativas iniciales y de los promedios regionales”. A su juicio, ese escenario obliga a discutir “políticas estructurales” capaces de enfrentar problemas igualmente estructurales.
Mandacen se refirió a la situación de la pobreza infantil y adolescente. Si bien reconoció el impacto positivo de iniciativas como los comedores en enseñanza media y las figuras de acompañamiento, sostuvo que esas medidas resultan “insuficientes” para revertir situaciones de pobreza que afectan a una proporción significativa de niñas, niños y adolescentes. “El problema que tenemos es que la pobreza estructural en esas familias no se va a compensar solo con eso”.
Por esa razón, consideró imprescindible involucrar a toda la sociedad en una discusión más profunda sobre las causas y las consecuencias de este fenómeno.
El dirigente cuestionó además el nivel actual del debate público y sostuvo que muchas veces los temas de fondo son sustituidos por enfrentamientos personales y simplificaciones. “Lo que estamos asistiendo hoy en día en el debate público es a una especie de caricatura constante donde no se discuten los temas de fondo”, expresó.
En esa línea, llamó a construir políticas de Estado de largo plazo que permitan responder a problemas que calificó como “dramáticos”, entre ellos la pobreza infantil, la salud mental, la violencia y sus consecuencias sociales futuras. “En un país tan chico, tres de cada diez niñas, niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza”, lamentó.
Según explicó, la intención de la coordinadora es “promover una discusión” más profunda sobre estas problemáticas y evitar que la Rendición de Cuentas se convierta en un mero trámite administrativo. “No se nos puede decir que vayamos al Parlamento a buscar lo que no hay”, sostuvo.
Mandacen también se refirió a recientes declaraciones del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien manifestó que durante el actual período de gobierno no se alcanzaría la meta del 6% más 1 del PIB para educación e investigación.
Para el dirigente sindical, ese mensaje transmite una señal equivocada. “Creo que el ministro de Educación y Cultura no da la mejor señal. Lo que trasluce es una derrota ante la realidad que no puede ser lo que rija a un ministro a un año y medio de asumir el gobierno”, afirmó.
Añadió que alcanzar esa meta requiere “voluntad política y la adopción de decisiones de fondo”, y recordó que el movimiento sindical ha presentado propuestas estructurales para discutir alternativas de financiamiento.
“Llegó la hora de dejar de caricaturizar al movimiento sindical y discutir con el movimiento sindical sus propuestas de fondo”. Finalmente, expresó su expectativa de que el ministro revise su postura y mantenga el objetivo de avanzar hacia el cumplimiento de la histórica reivindicación presupuestal para la educación pública. “Esperemos que el ministro revea su posición porque creo que está convencido de que habría que llegar al 6 más 1”.
Características del paro
En relación con las medidas definidas por FENAPES, Mandacen informó que el paro de Secundaria y UTU tendrá carácter nacional y se desarrollará durante 24 horas el próximo jueves 25 de junio.
La jornada estará acompañada por actividades locales en todos los departamentos del país, donde las filiales de la federación mantendrán contactos con las familias y la comunidad educativa para explicar los alcances de la situación presupuestal que atraviesa la enseñanza pública.
Asimismo, explicó que la CSEU ya comenzó a trabajar en la organización de una gran movilización durante la etapa parlamentaria de discusión de la Rendición de Cuentas. Mientras tanto, los distintos sindicatos que integran la coordinadora continúan desplegando diversas acciones, entre ellas talleres, reuniones, instancias de intercambio y actividades con las familias en todo el territorio nacional.
Mandacen aclaró que el paro constituye una decisión adoptada por uno de los sindicatos integrantes de la coordinadora, cuya dinámica de funcionamiento se basa en la construcción de consensos. No obstante, subrayó que existe una línea común de acción y que el objetivo es “confluir en una gran movilización durante el tratamiento parlamentario de la Rendición de Cuentas”.
Según sostuvo, la discusión presupuestal excede a los sindicatos de la educación y compromete al conjunto de la sociedad. “La posibilidad que tenemos de expandir o de generar empleo genuino también pasa por la inversión presupuestal”, afirmó, al tiempo que advirtió que el país atraviesa una situación de restricciones fiscales sin que se observen políticas contracíclicas para enfrentar el contexto económico.
Atención integral
La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), Alejandra Pereira, señaló que “durante 2025 la educación primaria perdió alrededor de 300 cargos docentes que fueron reasignados para sostener cambios vinculados a la ampliación del tiempo pedagógico”.
Si bien expresó el respaldo de la federación a esa política educativa, advirtió que la realidad actual de las escuelas exige más recursos humanos. “Hoy tenemos grupos con más de 30 niñas y niños, en situaciones complejas y con extensas jornadas educativas, pero con escasos recursos humanos”, afirmó.
Pereira sostuvo que es necesario aumentar la cantidad de docentes por estudiante y recordó que las escuelas públicas enfrentan hoy desafíos mucho más complejos que una década atrás. En ese sentido, señaló que “niños y niñas requieren una atención integral que involucra aspectos educativos, sanitarios y sociales”.
Asimismo, advirtió sobre la falta de personal auxiliar y de auxiliares de clase para la educación inicial, una situación que, según indicó, se ha agravado progresivamente. “Es entendible que la escuela pública hoy está en una realidad diferente a la de hace diez años y necesita una atención inmediata”, sostuvo.
Por esa razón, consideró que el mensaje presupuestal que hasta el momento se encuentra sobre la mesa por parte del CODICEN resulta demasiado austero frente a las necesidades reales de las escuelas públicas de todo el país.
Más equipos multidisciplinarios
Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (ATES), Julián Cabrera, afirmó que el mensaje presupuestal que el Poder Ejecutivo pretende remitir al Parlamento es “totalmente insuficiente” para atender diversas necesidades históricamente postergadas dentro del sistema educativo.
Entre ellas mencionó el fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios y la incorporación de más profesionales especializados en salud mental para el segundo ciclo de educación media, particularmente psicólogos y trabajadores sociales.
Cabrera recordó que “Uruguay continúa registrando cifras preocupantes en materia de autoeliminación de adolescentes y jóvenes en comparación con otros países de América Latina”, por lo que consideró “imprescindible reforzar los dispositivos de acompañamiento”.
También reclamó un incremento de funcionarios de los escalafones F (auxiliares de servicio) y C (administrativos), especialmente en el marco de la implementación de los programas de alimentación escolar.
Asimismo, planteó la necesidad de crear “figuras específicas de acompañamiento” con perspectiva étnico-racial y atención a las poblaciones migrantes, con el objetivo de brindar apoyo a estudiantes que enfrentan situaciones de discriminación o vulnerabilidad. “Son figuras esenciales para que los estudiantes puedan ser acompañados frente a este tipo de problemáticas”, señaló.
Infraestructura y recursos
El secretario de Asuntos Laborales de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU), Luis Otero, destacó que cada vez más familias continúan optando por la educación técnica y tecnológica que brinda UTU. “La gente sigue eligiendo a la UTU y la gran preocupación es poder continuar dando respuesta a todas esas familias que están eligiendo la institución”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que “el crecimiento de la matrícula requiere acompañar la expansión de la oferta educativa con mayores recursos humanos y materiales”.
Otero valoró especialmente la implementación de centros de alimentación y programas vinculados a la permanencia estudiantil, señalando que “ya muestran resultados positivos en términos de retención y reducción del abandono educativo”.
No obstante, advirtió que esas políticas necesitan contar con figuras de “acompañamiento pedagógico y personal específico” para atender los servicios de alimentación.
El dirigente también destacó la importancia de fortalecer la “inclusión educativa mediante la incorporación de psicólogos, asistentes sociales, educadores sociales y maestras especializadas, especialmente en los sectores más vulnerables de la población”.
Por otra parte, manifestó una fuerte preocupación por el estado de la infraestructura en numerosos centros de UTU. “En muchas UTU del país la situación edilicia es muy complicada y muy básica”, afirmó.
Según explicó, la creación de nuevos centros educativos debe ir acompañada de “inversiones permanentes en mantenimiento y mejoras edilicias” para preservar las condiciones de funcionamiento de toda la red educativa.
“Es necesario invertir en mantenimiento y en mantenimiento de los centros. No solo crear nuevos centros, sino también sostener todos los que hoy existen en la educación pública”, enfatizó.
Desigualdad y defensa del bien común
A su turno, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP), Christian Quintero, centró su intervención en la necesidad de explicar a la ciudadanía el alcance de la discusión presupuestal.
Según sostuvo, el debate “no debe interpretarse como una disputa corporativa ni como una puja por recursos para cada sindicato o subsistema educativo, sino como una discusión vinculada al modelo de país y al papel que debe cumplir el Estado en la garantía de derechos”.
“Cuando discutimos presupuesto también estamos discutiendo un modelo de país que tiene que ver con incluir y dar oportunidades a quienes están últimos en la fila”, afirmó.
Quintero consideró necesario desmontar la idea de que las organizaciones sindicales defienden únicamente intereses sectoriales. “Lo que estamos tratando de generar son las condiciones para eliminar algunas brechas de desigualdad que son tan profundas”, señaló.
En una segunda parte de su exposición se refirió a la “desigualdad social y a la pobreza infantil”, destacando las importantes diferencias que existen en los resultados, trayectorias y continuidad educativa entre los estudiantes pertenecientes al quintil más pobre y aquellos ubicados en el quintil de mayores ingresos.
El dirigente valoró la convocatoria a un Congreso Nacional de Educación y la participación de las organizaciones sindicales en ese ámbito de debate, pero advirtió que las propuestas y diagnósticos por sí solos no alcanzan para resolver los problemas estructurales. “Sin presupuesto y sin asignación de recursos será muy difícil resolver algunos de los problemas estructurales vinculados a la desigualdad”, afirmó.
Quintero sostuvo que la educación refleja muchas de las desigualdades existentes en la sociedad y que, aunque por sí sola no puede resolver fenómenos como la pobreza infantil, debe contar con los recursos necesarios para enfrentar las consecuencias que estas realidades generan en los centros educativos.
“Es claro que la educación no va a resolver ni la pobreza infantil ni la desigualdad, pero tiene que estar preparada con recursos para enfrentar estas nuevas realidades tan dolorosas que atraviesan muchos niños y niñas en el Uruguay”, señaló.
Educación de jóvenes y adultos
Por su parte, el dirigente de la Unión de Funcionarios del CODICEN (UFC), Raúl Correa, manifestó su preocupación por la situación de la educación de jóvenes y adultos, una modalidad que atiende a sectores especialmente vulnerables de la población.
Correa señaló que, en muchos casos, esta constituye la única oferta educativa disponible para personas que buscan culminar sus estudios o adquirir habilidades laborales mediante talleres y cursos específicos.
Entre los sectores beneficiarios mencionó a personas privadas de libertad y programas de alfabetización.
“El sindicato viene defendiendo año tras año esta modalidad educativa, porque permanentemente enfrenta recortes de horas. Este período no fue la excepción y nuevamente tuvimos que defender esos espacios”, afirmó.
El dirigente también señaló que existe una “deuda importante” en materia de carrera funcional dentro del CODICEN y de la ANEP en general.
Según explicó, la falta de creación de nuevos cargos ha sido sustituida por modalidades de contratación que tienden a “flexibilizar y desregular las relaciones laborales de los funcionarios de gestión”.
Por ello reclamó una “recomposición de la carrera administrativa, la creación de puestos efectivos y la promoción de contratos de calidad”.
“Debe priorizarse la carrera funcional y evitar que la respuesta sea avanzar hacia procesos de tercerización en distintas áreas”, sostuvo.
Destacó el papel fundamental que cumplen los funcionarios de gestión y servicios dentro del sistema educativo. “Sin los funcionarios de gestión y de servicios no va a haber una educación de calidad. Son un pilar fundamental para mejorar la gestión educativa en todos los sentidos y eso debe estar contemplado en cualquier mensaje presupuestal”, puntualizó.
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