Los trabajadores pertenecientes a la empresa San Jorge, pararán sus actividades este viernes 2 de agosto durante 24 horas y se concentrarán a las 10 de la mañana en las puertas del Ministerio de Trabajo (MTSS). Una delegación sindical será recibida por las autoridades de la cartera a las 11 de la mañana. En este marco, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) convoca la movilización que afecta a trabajadores y trabajadoras tercerizados pertenecientes a INCA, Saint Bois, RAP Metropolitana, Canelones y Melo.

José Ríos, integrante de la Comisión nacional de Tercerizados, explicó al Portal que la situación llegó a un punto crítico, luego de dos años de “irregularidades, incumplimientos y amenazas”. Los trabajadores han denunciado que la empresa resolvió de manera unilateral la suspensión de licencias programadas, así como también otro tipo de anomalías e irregularidades “debidamente comprobadas”.

“Hace dos años que venimos luchando contra estas irregularidades y carencias en las condiciones de trabajo, pero esta vez la situación es crítica porque teníamos un convenio firmado con la empresa que tenía resuelto el tema de las licencias y la empresa volvió a incumplir en distintos aspectos”. Ríos sostuvo que una vez que quedaron explicitados los incumplimientos los trabajadores se comunicaron con las autoridades de ASSE “porque la empresa San Jorge tiene varios incumplimientos”.

Según los datos que maneja el sindicato, la empresa tiene unas 900 personas en sus plantillas. “Son gente muy vulnerable, hay muchas madres jefas de hogar que trabajan en la limpieza, hay migrantes que vienen en situaciones críticas, límite, y la empresa constantemente ha jugado con la necesidad de la gente” acotó. Según el integrante de la Comisión de Tercerizados, en este conflicto con la empresa San Jorge algunos “compañeras y compañeros han recibido amenazas de encargados que si paraban iban a sufrir consecuencias en el futuro”. Según informó Ríos, hasta el momento no han tenido respuestas claras de parte del Poder Ejecutivo en este proceso que ya lleva dos años. “Hemos denunciado, fuimos al Parlamento, estamos esperando señales concretas, porque entendemos que debe haber una acción clara en el sentido de sacar del Estado a este tipo de empresas” concluyó.