COFE manifestó “total respaldo” a UTMIDES en su reclamo “justo y legítimo”
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) expresó su respaldo a los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en conflicto por la opción de presupuestación para los funcionarios sido contratados bajo la modalidad de arrendamientos de servicio.
“Ante la grave situación denunciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social (UTMIDES), y teniendo en cuenta el accionar del MIDES, que pretende, en el marco del proceso de regularización habilitado por el artículo 52 de la Rendición de Cuentas, aumentar la carga horaria de 370 trabajadoras sin el pago del salario correspondiente, COFE declara el total respaldo a las reivindicaciones planteadas por UTMIDES, ya que entendemos que el conflicto que se está llevando adelante es justo y legítimo”, afirma la Confederación.
Sostiene que UTMIDES pretende “evitar una rebaja salarial, que atenta contra el principio rector que implica a igual tarea, igual remuneración”.
“Es importante destacar que, de hecho, ni siquiera se está pidiendo más dinero, únicamente se exige que no se aumente el horario de trabajo a los trabajadores si el Ministerio no puede pagarlo”, subraya COFE. Recuerda que el artículo 52 de la Rendición de Cuentas autorizó al Poder Ejecutivo a designar en cargos presupuestados a quienes, al 31 de diciembre de 2022, “se encuentren desempeñando tareas permanentes propias de un funcionario público y hayan sido contratados bajo la modalidad de arrendamientos de servicio”. Entiende COFE que “al contrario de lo que afirma el MIDES, este problema tiene soluciones legales, que no innovan absolutamente nada, ya que en el propio Mides y en varios incisos se han generado negociaciones para reducir la jornada laboral”. Para COFE “si las autoridades se niegan solucionar el problema, será únicamente por falta de voluntad política”. Y agrega que “las autoridades del MIDES tienen la solución en sus manos y el Poder Ejecutivo debería ayudar a encontrar una salida”. Y culmina señalando que “la última Rendición de Cuentas definió que la carga horaria de los funcionarios de la administración central pasará a ser de 35 horas semanales, por lo cual pararse con intransigencia diciendo que la única solución es pasar a 40 horas semanales, no parece ser una cuestión lógica”.
