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La semana pasada y luego de dos años de especulaciones, el Ministerio de Industria aprobó el Decreto 242/023, el cual modifica el funcionamiento del Mercado Eléctrico. Dicho Decreto declara como finalidad “lograr un funcionamiento más profundo del Mercado Mayorista”, motivación que resulta totalmente insuficiente en tanto no explicita los beneficios que para el sistema en su conjunto derivarían de su implementación.

Este decreto se da luego de una profunda transformación de la matriz eléctrica con una fuerte incorporación de energías renovables no convencionales (ERNC) en base a fuertes exoneraciones impositivas y a contratos de largo plazo con UTE para viabilizar la inversión privada. A su vez, UTE concretó importantes inversiones en generación térmica de respaldo y en redes eléctricas que permitieron una descentralización de la generación en todo el país y un incremento sustancial de la interconexión con el sistema eléctrico brasileño.

Este cambio implicó que UTE asumiera compromisos de mediano y largo plazo de cumplimiento de los contratos de compra de energía realizados, de pago de inversiones térmicas de respaldo y en redes que se expresan en costos incorporados en la tarifa. Dichos costos deberían ser asumidos por el conjunto de los participantes del Sistema Eléctrico, sean clientes de UTE o participantes en el Mercado Mayorista.

La transformación de la matriz generó una disponibilidad de energía que hace esperable bajos precios Spot de energía en el Mercado Mayorista, que no incorporan este conjunto de costos asumidos que hicieron viable dicha transformación.

Con este nuevo decreto, quienes pasan a participar en el Mercado Mayorista no asumen los costos del cambio en la matriz energética y otros costos fijos de generación (que son pagados en las tarifas de UTE), y se apropian de los beneficios: buena disponibilidad de energía y precios circunstancialmente bajos en el Mercado.

Por lo tanto esta denominada profundización del mercado eléctrico mayorista, no se realiza bajo un modelo de “competencia perfecta” sino en un modelo de “competencia desleal”, donde los costos del cambio de matriz energética los pagarán exclusivamente los clientes de UTE, favoreciendo a los pocos que se “salen de la UTE” (pasando a ser Clientes Libres en el Mercado Mayorista).

Para lograr su cometido, el decreto establece una nueva metodología de cálculo de la Potencia Firme. La Potencia Firme actúa como una medida del aporte que hace cada fuente de generación a la seguridad del suministro eléctrico, y está relacionada con la garantía del suministro del sistema. La garantía de suministro tiene el objetivo de asegurar que el sistema eléctrico cuenta con suficiente energía para abastecer la demanda de los consumidores de forma confiable. Según lo establecido en el Marco Regulatorio, cada consumidor debe aportar a la garantía de suministro del sistema, comprando mediante contratos potencia firme de largo plazo a los generadores en el Mercado Mayorista.

El cambio en la metodología permite reconocer potencia firme a las fuentes renovables no convencionales (eólica, solar y biomasa). Estas fuentes si bien tienen un aporte importante a la sostenibilidad del sistema, lejos están de brindar confiabilidad, ya que debido a sus intermitencias (“sequías de viento” para la eólica, u ocurrencia de nubosidades para la solar) pueden no estar disponibles en momentos en que son necesarias y producir situaciones críticas para el Sistema Eléctrico. En casos extremos son las centrales térmicas e hidráulicas las que verdaderamente aseguran el suministro eléctrico. En la metodología de cálculo este efecto no está debidamente contemplado. Por dar un ejemplo: un consumidor cuya demanda está presente durante las 24 horas, podría contratar exclusivamente con una central de energía solar, la cual no podrá suministrarle en horas de la noche, abasteciéndose en esos momentos de energía a precios promediamente bajos, disponible en el Sistema gracias a las exoneraciones impositivas y los compromisos asumidos por UTE que hicieron viable la inversión.

La nueva metodología propuesta por la ADME (Administración del Mercado Eléctrico) y avalada por el MIEM sin considerar otras opiniones, no tiene una distribución casual de los aportes de las distintas fuentes. Dado que la biomasa, eólica y fotovoltaica son mayormente de capitales privados y la hidráulica y la térmica de UTE, claramente estos cambios en la metodología de cálculo tienen un sesgo benefician a los generadores privados y castigan a la empresa pública y sus clientes. La ADME ha cumplido su rol de legitimación del lobby de los generadores privados y grandes consumidores, sin representación de los pequeños y medianos consumidores y con un silencio cómplice de la URSEA.

Mediante esta modificación, los generadores privados y grandes consumidores de energía obtienen las condiciones necesarias para concretar un viejo anhelo: firmar contratos entre ellos en el Mercado Mayorista para descolgarse de la UTE, obteniendo beneficios económicos en perjuicio del resto de los clientes de UTE.

El decreto ignoró totalmente Informes técnicos de UTE que presentaban profundas discrepancias con lo planteado. Discrepancias de forma, porque no hubo casi receptividad a los planteos de UTE, faltó diálogo e intercambio con todas las partes involucradas, y faltaron análisis de las consecuencias a corto, mediano y largo plazo en el funcionamiento del Sistema Eléctrico. Y también de contenido, por la metodología planteada, y principalmente, por el impacto que tendrían estas pérdidas económicas en el funcionamiento y las tarifas de UTE.

Una de las propuestas realizadas por UTE que fue ignorada por el MIEM, es la implementación de un Cargo de Transición que implicaría un reparto más equitativo de los costos asumidos para el cambio de la matriz entre todos los participantes de mercado, sean clientes libres o clientes regulados.

Si bien son al menos 500 clientes (que consumen el 25% de la energía y representan el 0.03% de los clientes a nivel nacional) los que a mediano plazo podrían pasar a participar en el Mercado Mayorista dejando de ser clientes de UTE, se estima que en principio unos 100 se verían beneficiados con estos cambios, lo que implicaría pérdidas para UTE de aproximadamente 50 millones de dólares anuales. Estas pérdidas deberán ser trasladadas a todas las tarifas de UTE (los hogares, los pequeños y medianos comercios, emprendimientos productivos, etc).

En conclusión, el Poder Ejecutivo crea un subsidio millonario para beneficiar a unos pocos clientes, quienes ya son los principales favorecidos por la estructura tarifaria. Provocando como contrapartida el incremento de todas las tarifas reguladas de UTE, además de afectar la sostenibilidad de la Empresa Pública, y la calidad del servicio.

Este incremento de tarifas de UTE va a generar un círculo vicioso en el cual, a los clientes de UTE que puedan acceder al Mercado Mayorista les resultará cada vez más conveniente hacerlo, profundizando la necesidad del incremento de tarifas de UTE para cumplir con los compromisos asumidos.

Las inversiones que mejoran el funcionamiento del Sistema Eléctrico deben ser asumidas por todos los participantes del mercado y no solamente por los clientes de UTE.

En defensa de la UTE estatal y pública

• Contra el avance de la privatización del servicio público de energía eléctrica
• Por el derecho humano a la energía
• La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible
• Por la participación de usuarios y trabajadores/as en la Administración del mercado eléctrico

AUTE | PIT-CNT