Días pasados, el Equipo en Representación de los Trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (ERT-BPS) conjuntamente con Friedrich-Ebert-Stiftung (FES Uruguay) realizaron un encuentro conversatorio sobre la reforma de la seguridad social en clave de género.

El evento se realizó en la sede del PIT-CNT y las mesas estuvieron conformadas con la participación de Paola Azar, economista e investigadora, Virginia Bosco, Intersocial Feminista, Lorena Lujan del ERT-BPS, Dörte Wollrad, de FES Uruguay, Martín Pereira, del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y presidente de COFE, y Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores.

En su intervención, Lorena Lujan, reiteró el proyecto del gobierno se trata de una reforma de jubilaciones y pensiones "y no de una reforma integral de la seguridad social como este sistema necesita. La seguridad social no es solamente jubilaciones y pensiones, es un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar a todas las personas, en sus distintas etapas del ciclo de vida, brindando protección y cuidados, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. En la realidad esto no sucede. Si bien años atrás, a través de un gran diálogo social y político, participamos en la construcción de una política de discriminación positiva para la mujer en seguridad social, logrando avances en derechos jubilatorios para las mujeres con hijos con la Ley de Flexibilización de 2008, que permitió que a partir del 2010 se jubilaran más mujeres que hombres, y se creó el sistema de cuidados, se amplió la licencia por maternidad, entre otras mejoras a las prestaciones de actividad, hoy estamos ante una reforma jubilatoria regresiva y de recortes".

Lujan recordó que en Uruguay, "las mujeres tenemos mayores dificultades a la hora de acceder al mercado laboral, a la formalidad, a remuneraciones dignas, por ende, tenemos mayores dificultades para acceder a la protección social y al ejercicio de derechos". 

Al respecto, indicó que las principales desigualdades en materia de seguridad social son "menores prestaciones contributivas (jubilaciones, subsidios por enfermedad, desempleo, contribuciones económicas, entre otras) debido a que nos incorporamos en menor medida al trabajo remunerado; porque accedemos mayormente a trabajos precarios, de baja cualificación; porque las mujeres tenemos más inestabilidad laboral (etapa reproductiva, por los cuidados y el trabajo no remunerado); y porque las mujeres somos las primeras en perder nuestros empleos en los contextos económicos desfavorables".

Sin embargo puntualizó, "las mujeres somos las principales perceptoras de pensiones no contributivas, pensiones generadas por derechos adquiridos de nuestros cónyuges o concubinos, y que solamente cubren las necesidades básicas, lo que se refleja en el aumento del porcentaje de mujeres mayores en situación de pobreza e indigencia. Por último, las mujeres tenemos un menor acceso a la atención sanitaria y a medicamentos, dada nuestra menor autonomía económica, y a esto le sumamos los inconvenientes derivados de la maternidad, la violencia de género y los abusos".

En otro punto, la representante del ERT-BPE, dijo que "en cuanto al trabajo no remunerado, es decir, el conjunto de actividades que desarrollamos cotidianamente para sostener la vida humana y la vida en sociedad, (mujeres ollas, mujer y comunidad),  imprescindible para sostener el funcionamiento del sistema económico, sigue permaneciendo invisibilizado, ninguneado por el sistema capitalista. Ante esta problemática parece no haber políticas públicas que apunten a mejorar la situación ni a achicar las brechas de género y las desigualdades. Por el contrario, la reforma -mal llamada de seguridad social- que se plantea desde el gobierno, sin diálogo social, sin escuchar a las y los trabajadores, nos hace retroceder en materia de derechos y nos perjudica aumentando la edad de retiro, ampliando la cantidad de años para el promedio jubilatorio, recortando las pensiones vitalicias para las mujeres viudas y disminuyendo las jubilaciones por incapacidad".

Más adelante Luján señaló que recientemente y "mediante pactos políticos partidarios, se han incluido unas 100 modificaciones al proyecto de ley de reforma jubilatoria y les puedo asegurar que ninguna de ellas tiene perspectiva de género ni analiza el futuro del mercado laboral. Ese mercado tal difícil para nosotras y especialmente para las mujeres jóvenes, con discapacidad, afro o trans. Ante esta realidad que nos oprime, las mujeres sindicalistas debemos reafirmar nuestro lugar y participación en los diversos ámbitos, y en clave de unidad, trabajar para defender nuestros derechos".

Por último, subrayó que tanto por el diseño de la reforma, "que solo abarca un aspecto del sistema; por su contenido que perjudica a los trabajadores y trabajadoras, a las mujeres y a las personas con discapacidad; sumado al desmantelamiento del sistema de cuidados, y a las ausencias en materia de género;  reafirmamos la necesidad de abrir un nuevo diálogo social y político para impulsar entre todos y todas un proyecto integral de la seguridad social, con base en la equidad contributiva, la justicia y la solidaridad", sentenció.