Mediante una resolución fechada el pasado 1º de abril, el gobierno de Yamandú Orsi resolvió suspender la aplicación de la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual -más conocida como Ley de Medios-, aprobada en octubre de 2024 a instancias del entonces presidente Luis Lacalle Pou y reglamentada el 13 de febrero de 2025, apenas dos semanas antes del final de su mandato.

El Poder Ejecutivo considera que la normativa incluye “disposiciones que no respetan el marco legal vigente”. En este contexto, trascendió en las últimas horas que el gobierno trabaja en una nueva reglamentación.

En tal sentido, Gabriel Molina destacó que SUTEL respalda la decisión del gobierno de suspender la aplicación de la Ley de Medios. Recordó que el sindicato atravesó “cinco años de luchas muy importantes”, ya que desde 2020 -cuando apenas se había declarado la emergencia sanitaria en el país- el gobierno de Luis Lacalle Pou “quería apurar una nueva Ley de Medios, porque todavía estaba vigente la anterior, que nunca se aplicó”.

En aquel entonces, SUTEL se reunió con distintos representantes nacionales con el propósito de, “al menos, lograr algunos acuerdos que evitaran la aprobación del proyecto tal como había sido enviado por el Ejecutivo al Parlamento, y se modificaran ciertos aspectos que se consideraban innecesarios”, rememoró el dirigente sindical. “Hasta el día de hoy nos preguntan qué tiene que ver la Ley de Medios con ANTEL. Tiene mucho que ver por la infraestructura que posee la empresa estatal de telecomunicaciones. Es evidente que estaba en juego la fibra óptica de ANTEL”, añadió Molina.

Recordó que luego de muchas idas y venidas el proyecto del gobierno de Lacalle Pou fue aprobado en octubre de 2024 y reglamentado dos semanas antes del final de su mandato. “Fue un reverendo disparate, porque mientras el gobierno hablaba de respetar la transición, reglamentaron la Ley de Medios. Y esto no fue una casualidad, porque SUTEL planteó este tema por escrito a las fórmulas presidenciales y dejó clara su postura contraria”.

Molina cuestionó duramente la Ley de Medios impulsada por el gobierno de Lacalle Pou, al afirmar que “lo único que hace es permitir que los privados acumulen licencias, para que los cableoperadores de los canales privados puedan ofrecer servicios de internet y, además, utilizar la infraestructura de la empresa estatal”.

También rechazó “el desfinanciamiento del Fondo de Fomento a la Industria Audiovisual Uruguaya, el debilitamiento del sistema de medios públicos y el hecho de que se comprometa el patrimonio de los uruguayos para pagar favores de campaña y asegurar la hegemonía de los grandes medios de comunicación”.

El integrante del Secretariado Ejecutivo sostuvo que la norma ya suspendida, “fue redactada por los dueños de los grandes medios de comunicación, en conjunto con el entonces secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Los sectores sociales no pudieron aportar absolutamente nada porque simplemente no fueron escuchados. Y hablamos de una ley hecha a medida de las necesidades e intereses económicos y corporativos de los grandes medios”, remarcó.

En ese marco, advirtió que defender a ANTEL es defender al país. “Más aún cuando por ejemplo el Grupo Clarín está por comprar en Uruguay todo lo que quiere. Si Clarín llega a adquirir algún medio, estamos a un paso de que con su enorme poder económico y político, termine adueñándose del sistema de medios del país”, alertó Molina.

Remarcó que las telecomunicaciones y el rol de ANTEL como empresa pública “constituyen un área estratégica para cualquier proyecto democrático y con inclusión social; ANTEL tiene la obligación de llegar a todos los habitantes del país, sin excepción, porque los privados jamás lo van a hacer”, sostuvo.

Señaló que estas son discusiones que SUTEL continúa impulsando, ya que entiende el papel fundamental de ANTEL. “Contamos con información de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (URSEC) e informes jurídicos que nos respaldan; pero en la administración anterior esos documentos fueron ocultados. Aun así, siguieron adelante con la entrega de licencias y el desvío de recursos hacia los canales privados, mientras ANTEL permanecía inmóvil, sin salir a competir”, denunció.

Asimismo, criticó la implementación de la portabilidad numérica durante el gobierno anterior. Según Molina, esta medida se presentó como una gran innovación, pero terminó favoreciendo a la empresa Claro, tal como había advertido el sindicato. “La portabilidad numérica fue un plan estratégico pensado para que, en contextos de competencia entre empresas, ninguna se impusiera ampliamente. Pero hace más de 20 años que dejó de utilizarse en el mundo. Y Uruguay la adoptó como un gran negocio, pagando entre 25.000 y 30.000 dólares a una empresa encargada de administrar los datos de todos los clientes de telecomunicaciones del país, para que la aguja se moviera a favor de Claro”.

Advirtió que ANTEL ya comenzó a perder clientes, y si la tendencia continúa, “llegará un punto en que, como empresa estatal y uruguaya, no podrá competir con los privados”. Remarcó que “si no se controla que la competencia se base exclusivamente en la calidad de los servicios brindados, ANTEL va a desaparecer”.

Por otro lado, el dirigente sindical señaló que SUTEL está en condiciones de afirmar que es posible avanzar en propuestas positivas entre empresas de comunicación con rol estatal. “Las radios públicas, Canal 5 y TV Ciudad,”, mencionó como ejemplos.

A la vez, se preguntó por qué no existe una relación más estrecha entre ANTEL y las transmisiones de los partidos de fútbol. “Si no se fortalece esa articulación, será muy difícil enfrentar el futuro, que pasa por la tecnología satelital. Se vienen los grupos económicos corporativos que están detrás de los grandes medios de comunicación, con el objetivo de acaparar el mercado”, advirtió.

Molina remarcó que también preocupa al sindicato la existencia de grupos económicos nacionales vinculados al sector de las comunicaciones, que vienen acumulando licencias de forma creciente.

En este sentido, cabe recordar que el investigador uruguayo Gustavo Gómez ahondó en el fenómeno de concentración de medios en las radios uruguayas y alertó sobre la realidad en la que tres grupos se quedan con casi tres cuartas partes de audiencia. Según reveló Gómez, “sólo tres grupos acumulan el 73,5% del rating en AM (mañanas de lunes a viernes). Grupo Sarandí, Grupo Carve y Grupo Magnolio acumulan propiedad y control de radios, pero también audiencia y publicidad. Y hay que sumar sus FM en Montevideo e interior”. 
En otro orden, Molina adelantó que, de cara al próximo 1º de Mayo -Día Internacional de los Trabajadores- y al próximo Congreso del PIT-CNT, SUTEL contribuirá al debate sobre el futuro de las telecomunicaciones, “apostando al trabajo unitario, incluso cuando existan diferencias”.