La instancia busca analizar los desafíos de la iniciativa y cómo ciertos grupos de presión intentan restringir el acceso a la información. Participarán destacados magistrados, fiscales, defensores y periodistas. En un entorno de embates, presiones, y donde se habla de la judicialización de la política, la AFJU valora especialmente que la sociedad pueda conocer distintas visiones y voces de actores relevantes. 

Según se ha informado, el objetivo de la actividad es visibilizar cómo ciertos grupos de presión buscan impedir la difusión de determinados hechos en la sociedad.

El evento se llevará a cabo el jueves 27 de marzo, a las 13:00 horas, en la sede de AFJU, ubicada en Wilson Ferreira Aldunate 1280 y contará con la participación del doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, quien intervendrá de forma virtual; la doctora Helena Mainard, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU); el doctor Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU); doctora Estefanía Broggi, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU); Pablo Elizalde, presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y Rody Olivera, secretario general de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU).

En entrevista con el Portal del PIT-CNT, Pablo Elizalde, representante de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), explicó que la actividad se llevará a cabo en conjunto con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) con el objetivo de visibilizar y analizar el convenio firmado entre APU y la Suprema Corte de Justicia, el cual contó con el respaldo de la AFJU. Dicho convenio busca garantizar que las audiencias, al ser abiertas y públicas en cumplimiento de la ley y del nuevo Código del Proceso Penal, puedan ser transmitidas por streaming.

"La Suprema Corte de Justicia aceptó la propuesta y su implementación está en marcha. Sin embargo, ha enfrentado algunas dificultades, ya que la potestad de transmitir o suspender la transmisión de una audiencia recae en el juez", señaló Elizalde. No obstante, el juez puede determinar que ciertas audiencias no sean públicas. "Esta iniciativa ha sido muy positiva como herramienta de acceso a la justicia y de visibilización de diversas temáticas. De hecho, para nosotros, como sindicato, resultó especialmente significativa la transmisión de la audiencia en la que fueron condenadas dos personas por ejercer violencia y acoso laboral en el Poder Judicial. Fue algo muy reparador para el resto de los trabajadores poder ver de qué forma se desarrolló el proceso y consideramos que esta experiencia es de gran importancia", dijo.

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Elizalde agregó que el problema surge cuando los acusados son grupos de presión, ya sean económicos o políticos. "En esos casos, comienzan los cuestionamientos al proceso y las solicitudes para evitar la publicidad de las audiencias, lo que termina bloqueando su transmisión. Algunos han logrado emitirse, pero en otras hemos encontrado dificultades", denunció.

Por tal motivo, Elizalde destacó la importancia del conversatorio, en el que participarán magistrados, defensores, fiscales, funcionarios y actuarios, quienes aportarán su visión sobre esta herramienta. “En definitiva, este mecanismo contribuye a consolidar la independencia de los poderes, ya que deja en evidencia la influencia de ciertos grupos de presión que buscan impedir la difusión de determinadas circunstancias en la sociedad”, afirmó.

Asimismo, señaló que "el acceso a la información es un derecho de la sociedad; ya sea por decisiones del sistema político o por la influencia de grupos económicos de poder, la ciudadanía termina pagando las consecuencias de sus acciones. Por lo tanto, tiene derecho a saber qué ocurrió, cómo se desarrollaron los hechos, y a su vez, este acceso a la información fortalece el sistema democrático".

Ataques contra la Fiscalía

El conversatorio que se realizará el próximo jueves se llevará a cabo en un contexto en el que, además, algunos actores del escenario político han lanzado ataques contra la Fiscalía. “El papel de la Justicia está siendo cuestionado, el papel de la Fiscalía está en debate y en general, hay voces que ponen en duda ciertos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial”, expresó el dirigente sindical.

Este conversatorio es especialmente relevante por el momento que estamos atravesando. “Actualmente, distintos actores cuestionan el rol de la Fiscalía, aunque esto varía según el contexto: a veces las críticas apuntan a la Fiscalía, otras veces al Poder Judicial”, agregó.

Elizalde agregó que cuando surgen cuestionamientos desde el sistema político, los grupos de poder económico u otras esferas de influencia, se abre un debate sobre el papel de la Justicia. "Es fundamental que la sociedad participe en esa discusión, que reflexione sobre qué tipo de Justicia quiere y merece. No se trata sólo de los movimientos que puedan existir en las sombras, sino de analizar y comprender, de primera mano, el funcionamiento del sistema judicial".

Este es un debate que también se vincula con la consolidación democrática, remarcó y dijo que "en estos 40 años de democracia plena, se ha insistido en que Uruguay es la democracia más sólida de América. Pues bien, este también es un punto clave a discutir: el papel que ha desempeñado la Justicia en ese proceso y su impacto en el fortalecimiento del sistema democrático".

"El conversatorio pone sobre la mesa múltiples temas vinculados a nuestra organización social ya la forma en que la regulamos. En definitiva, eso es el marco jurídico: el conjunto de normas que nos rigen como sociedad", remarcó el dirigente sindical.

Añadió que el concepto de justicia es profundamente filosófico, pero lo que se debate es el rol que cada actor cumple en un sistema democrático dentro de ese marco jurídico, que se construye colectivamente para sostener el Uruguay. "La discusión sobre cómo se desarrollan los procesos judiciales es clave, porque la sociedad, en general, no está del todo familiarizada con los roles específicos de cada parte. Por eso, este debate también tiene un componente de educación ciudadana, que permite comprender la función del juez, del fiscal, de la defensa, del acusado y cómo se presentan los argumentos tanto de la acusación como de la defensa. Además, es importante visibilizar el sesgo de clase presente en el acceso a la justicia porque no es lo mismo la defensa que puede pagar un empresario vinculado a Conexión Ganadera que la que puede costar -o no- alguien que arrebató una cartera en la calle por dos mil pesos. Mientras unos pueden generar deudas millonarias para el país, otros se enfrentan a penas severas por delitos menores", dijo. También explicó que es relevante analizar el papel de sus abogados: "¿Qué argumentos presentan? Porque no todos los abogados defienden a todos por igual. Entonces creo que todas estas cuestiones también deben ser parte del debate. No sé si surgirán en este conversatorio, ya que cada participante abordará un tema específico, pero lo importante es que, en algún momento, estas discusiones se pongan sobre la mesa. Son asuntos incómodos, y no sólo para quienes hoy atraviesan procesos judiciales, sino también para quienes los han vivido en el pasado y para quienes podrían enfrentarlos en el futuro", acotó.

Desigualdad

Elizalde dijo que también una de las grandes problemáticas que enfrenta Uruguay actualmente es la creciente “judicialización” de distintos ámbitos, incluida la política. "Muchas cuestiones que no logran resolverse en el Parlamento, en la Torre Ejecutiva o en otros espacios terminan siendo definidas por el Poder Judicial o impulsadas por la Fiscalía. Y aquí surge otro problema: la Justicia, en primer lugar, no cuenta con todas las herramientas necesarias y, en segundo lugar, enfrenta una marcada desigualdad en términos de recursos económicos. Quienes tienen grandes sumas de dinero pueden pagar lo que sea para evitar condenas, mientras que el sistema judicial muchas veces carece de los medios para investigar en profundidad y llegar a la verdad. Y para ejemplificar esto vuelvo al caso de Conexión Ganadera o, en su momento, las estafas de los hermanos Röhm y los Peirano. Y por tanto, en esta realidad, la Fiscalía está en inferioridad de condiciones económicas y esto termina afectando a la justicia y al país".