En lo que resulta un hecho insólito, el personal del Servicio Exterior de las embajadas de España en 40 países iniciará el lunes 16 de octubre una huelga general. Los trabajadores de estos centros diplomáticos reclaman “salarios justos que permitan recuperar la pérdida brutal sufrida tras nueve años de congelación durante los cuales la inflación ha superado el 25% en muchos países”.

El personal de Uruguay tiene previsto realizar a las 8.30 horas una concentración en las puertas del consulado, ubicado en  Avenida Brasil esquina Libertad, y a las 10 horas se realizará una reunión frente a las puerta de la Consejería de Empleo, ubicada en Soca, esquina Méndez Núñez. Esta drástica medida es apoyada por Comisiones Obreras (CCOO), organización que tiene una historia relación con la central sindical uruguaya.

Recientemente, en junio del corriente, uno de los principales dirigentes de CCOO se entrevistó con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT a fin de estrechar los históricos lazos de cooperación e informó sobre la difícil situación que ya en ese momento estaba viviendo el personal de las embajadas. Al no surgir ninguna propuesta a los reclamos de los trabajadores se llegó a la drástica resolución de declarar la huelga. Una medida que no tiene precedentes, ya que nunca antes se ha realizado una huelga de carácter global.

Sobran los motivos 

Los trabajadores sostienen en la declaración de conflicto que: “l Gobierno no ha sabido responder a las reivindicaciones que las trabajadoras y trabajadores del Servicio Exterior vienen reclamando legítimamente desde hace meses.

La Administración no ha respetado el compromiso que adquirió con las fuerzas sindicales en la reunión de la Comisión Técnica del Personal Laboral en el Exterior del pasado 20 de junio.

¿Por qué las trabajadoras y trabajadores del Servicio Exterior hemos decidido acudir a la huelga el próximo 16 de octubre?

Para exigir:

• Unos salarios justos que permitan recuperar la pérdida brutal sufrida tras nueve años de congelación durante los cuales la inflación ha superado el 25% en muchos países.

• Un Servicio Exterior que cumpla la legalidad y respete las normas del Derecho Internacional y Europeo.

• Un aumento general del 25% como medida previa a la apertura de una negociación que ponga fin al caos salarial y a la política de sueldos mínimos que viene practicando La Administración.

• El cumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado según la cual “el Ministerio de Hacienda y Función Pública determinará, y en su caso actualizará, las retribuciones del personal laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país”. 

• El cumplimiento del Acuerdo Administración - Sindicatos de 1990, según el cual “se considerarán igualmente la aplicación de normas de derecho necesario del país de que se trate, la modificación en las condiciones fiscales o de protección social, la utilización como referente de las retribuciones de mercado y la incidencia de peculiares condiciones políticas, económicas o sociales que condiciones la capacidad adquisitiva y la calidad de vida”.

• La revisión inmediata de los casos más graves en países con sueldos por debajo del umbral de pobreza.

• La apertura de un proceso de negociación para solucionar definitivamente el caos salarial y la política de sueldos mínimos que la Administración desarrolla en todo el Servicio Exterior.

• La ordenación del caos de las Relaciones de Puestos de Trabajo con armonización de los sueldos por categorías y zonas geográficas, con la inclusión de las tablas salariales en el Acuerdo Administración-Sindicatos de 2008 así como la metodología para calcularlas y actualizarlas.

• La negociación de un nuevo modelo de contrato armonizado y legal.

• El acatamiento inmediato por parte de la Administración española de las sentencias condenatorias de los distintos países, por incumplimiento de las normativas laborales de los países en que se presta servicio y el cumplimiento de la legalidad a través del respeto del Convenio de Viena, del Derecho Internacional, y de las normas de orden público.

• La normalización de las retribuciones y complementos del personal desplazado de AECID.

• La actualización y homogenización de los importes de los trienios que se pagan en los distintos países, algunos muy por debajo de lo fijado para el empleado público en España, violando en muchos casos el artículo 1.4. del Estatuto de los trabajadores.

• El respeto de la normativa de Seguridad Social Europea con sujeción incondicional a la legislación de Seguridad Social española para todo el personal laboral de la Administración General del Estado de nacionalidad española que presta servicio en países de la UE, así como el derecho de opción para el resto del colectivo.

• La extensión del sistema de asistencia sanitaria concertada para los empleados públicos que prestan servicio en países Extra-UE, una vez finalizada la prestación laboral por acceso a la situación de jubilación.

• Una solución negociada a las irregularidades fiscales generadas en colectivos de empleados públicos nacionales de los países en los que la Administración española no ha cumplido las disposiciones en vigor en esta materia.

Por todo ello y porque queremos un Servicio Exterior con unas condiciones dignas para sus trabajadoras y trabajadores y a la altura de lo que la ciudadanía española en el exterior merece. Y por el respeto a las trabajadoras y trabajadores del servicio exterior, hombres y mujeres de distintas nacionalidades, que con orgullo y dedicación prestan su servicio al Estado Español a lo largo y ancho del mundo y a los que España, hoy por hoy, está dejando a la deriva en sus condiciones económicas, en sus derechos sociales, en sus derechos laborales y en su dignidad”.

Adhesión mundial