En entrevista con el Portal del PIT-CNT, Lessa destacó el “rol clave” del movimiento sindical uruguayo en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia, y advirtió que “la falta de voluntad política y los ataques a los derechos humanos amenazan con borrar décadas de avances”. 

En mayo pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a los colectivos Sitios de Memoria Uruguay y plancondor.org, puso a disposición de la ciudadanía diez documentos históricos pertenecientes al archivo de la Cancillería. Estos documentos corresponden a casos emblemáticos que evidencian la coordinación represiva entre las últimas dictaduras del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980. El Plan Cóndor fue oficializado en noviembre de 1975. Precisamente, el 28 de noviembre de 1975, representantes de los regímenes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, reunidos en Santiago de Chile, establecieron el llamado “Sistema Cóndor,” o Plan Cóndor. El Cóndor reprodujo la misma gama de violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por las dictaduras dentro de sus fronteras pero fortaleciendo acciones clandestinas transnacionales para cometer los crímenes, se expresa en plancondor.org.

¿Por qué le ha dedicado buena parte de su vida y de su trabajo como investigadora a la reconstrucción de la memoria, de la verdad, sobre lo que pasó medio en este continente? 

Me parece que es una tarea que, no sé si podría definirse como educación cívica o conciencia social, pero implica asumir la responsabilidad de realizar este trabajo. Por supuesto, están las víctimas, los sobrevivientes y los familiares directos que sufrieron de forma inmediata todos los crímenes que se cometieron. Sin embargo, la sociedad en su conjunto -y en realidad el mundo entero- también se ha visto afectados por este tipo de delitos. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, nos referimos a que toda la humanidad ha sido lastimada de alguna forma, aunque no sea de manera directa, sino por haber presenciado o sufrido indirectamente los crímenes del terrorismo de Estado.

Precisamente por eso, más allá de que sabemos que las víctimas directas han tenido un papel clave en impulsar la búsqueda de verdad, memoria, justicia y reparación, considero que es una tarea ciudadana de todos y todas, y cada quien lo hará en la medida de sus posibilidades, continuar investigando, esclareciendo y buscando respuestas. Porque, en definitiva, sentar las bases para garantizar la no repetición es una responsabilidad que nos involucra a toda la sociedad. 

Siempre pienso que esta es una tarea compartida, más allá de que uno haya sido víctima directa o no, porque está en el interés colectivo que nunca más vuelva a existir terrorismo de Estado en América del Sur ni en ninguna otra región del mundo. Desde la academia ocupamos, si se quiere, un lugar “privilegiado” que nos permite disponer de tiempo y contar con recursos, que también son esenciales para este tipo de investigaciones. Desde este lugar, los académicos y académicas podemos aportar para que se siga avanzando en el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad.

Por parte de los perpetradores de delitos de lesa humanidad, hemos visto intentos negacionistas, falsedades, dilatorias y amenazas. 

Absolutamente. Por un lado, como decía, existe ese privilegio de poder dedicarme a esto, pero eso no significa que haya sido un camino fácil, sino todo lo contrario. Es un camino lleno de obstáculos que siempre estuvieron presentes. Si miramos hacia el período de las dictaduras y del Plan Cóndor, ya en ese momento existían discursos negacionistas y una fuerte propaganda que negaba la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad en los delitos cometidos. A eso se sumaron décadas de impunidad y todas las trabas que enfrentaron sobrevivientes, familiares, periodistas, abogados, activistas de derechos humanos, fiscales, jueces, investigadores. Es una lista muy larga de personas que han tenido que sortear obstáculos que siempre existieron.

Me parece que en esta coyuntura, en los últimos cinco años, nos encontramos con que esos discursos negacionistas y revisionistas se han vuelto a envalentonar, impulsados por giros autoritarios que hemos visto en varios países como Brasil, Argentina, Estados Unidos y la lista sigue: Hungría, Polonia y más. En realidad, ninguna región del mundo se salva de estas tendencias.

Por ejemplo, ahora vemos cómo la hermana Argentina, que siempre había sido un país donde existía una política de Estado para investigar, hacer juicios y avanzar en memoria, verdad y justicia, hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, se enfrenta a una situación muy crítica. Se está peleando literalmente por la supervivencia de instituciones clave como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que justamente anunció la identificación del Nieto 140. Todas estas instituciones, creadas para cumplir tareas fundamentales, hoy están nuevamente bajo amenaza. De hecho, se les han recortado gran parte de los fondos, tanto a la CONADIcomo a las Abuelas de Plaza de Mayo, que hacen un trabajo esencial.

Entonces, hay muchísimas dificultades que surgen, principalmente, de la falta de voluntad política de los gobiernos para investigar. Es importante recordar que investigar los delitos de lesa humanidad es un deber del Estado, de todas sus ramas: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cuando esa voluntad política no existe, todo se convierte en un obstáculo, no hay recursos para investigar, para traducir documentos, para enviar archivólogos a trabajar en los archivos, para analizar material, para ubicar testigos. Así aparecen los obstáculos institucionales que traban las investigaciones.

Después están los otros obstáculos, los no institucionales, que también han sido muy fuertes en Uruguay, por ejemplo. Hubo amenazas contra integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) hace algunos años; amenazas del comando Barneix a autoridades, investigadores y abogados de derechos humanos, yo incluida en ese grupo; amenazas a la fiscal Mirtha Guianze; amenazas a familiares de las víctimas. Hay toda una serie de riesgos y presiones que se han tenido que superar a lo largo de estas décadas.

Este año se cumplen 40 años del retorno a la democracia en Uruguay y en Brasil. Y si bien la democracia brindó más oportunidades para investigar, muchos de esos obstáculos persistieron. Por ejemplo, la vigencia de la Ley de Caducidad durante 25 años bloqueó avances judiciales. Y podría seguir enumerando otras dificultades, pero creo que este es un panorama general de los principales desafíos que hemos tenido, y seguimos teniendo, para poder reconstruir la verdad y sostener la memoria.

Pero realmente la falta de voluntad política se evidencia con mucha claridad en el caso de Argentina. Es un ejemplo muy claro de lo que significa pasar de ser un país pionero en todos los ejes de memoria, verdad y justicia, a convertirse en un país donde ya no hay recursos suficientes, donde muchos sitios de la memoria están cerrando o sobreviven únicamente gracias al trabajo voluntario de militantes, con juicios en riesgo y la posible concesión de prisión domiciliaria a muchas de las personas condenadas.

Entonces, el ejemplo de Argentina muestra de forma contundente cuáles son las consecuencias cuando falta una verdadera política de Estado.

¿Qué explicación le encuentra al resurgimiento del fascismo y las derechas en el mundo, respaldadas en los votos y las urnas?

Justamente estoy por comenzar un nuevo proyecto de investigación sobre este tema, porque creo que todavía no tenemos una respuesta clara a tu pregunta. A diferencia de los gobiernos autoritarios de los años setenta, que tomaban el poder por la fuerza, estas figuras autoritarias -como Jair Bolsonaro, Javier Milei o Donald Trump- llegan al poder por la vía democrática. Eso significa que existe un sector, más o menos amplio según el país, que respalda esos discursos, los apoya y los vota en las elecciones.

Puedo plantear algunas ideas. Por un lado, creo que las crisis económicas tienen un impacto importante. En el caso de Argentina, por ejemplo, la inestabilidad o la incertidumbre económica genera situaciones en las que a mucha gente le atraen estos discursos autoritarios, que suelen basarse en ideas muy simples, aunque no necesariamente viables, pero que aparentan brindar respuestas claras a problemas muy complejos. Esas respuestas parecen deseables, aunque luego no se materialicen.

Esta idea también la escuché a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, cuando explicaba cómo estos líderes logran crear un vínculo con sectores de la sociedad atendiendo sus preocupaciones y ofreciendo supuestas soluciones simples. Creo que ahí radica parte de su atractivo. Ahora bien, la parte que más me cuesta entender, y por eso quiero investigarlo más a fondo, es este rechazo tan fuerte hacia los derechos humanos. Es un tema que quiero profundizar en mi próximo proyecto porque, a lo largo de la historia, siempre se han dado impulsos y frenos. Pienso que tal vez, así como se lograron avances importantes en las últimas décadas, como los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos, el matrimonio igualitario, estos rebrotes sean una especie de reacción o contragolpe a esos avances. Pero esto, por ahora, es más una hipótesis, no tengo evidencia científica para afirmarlo con certeza.

Como investigadora académica pero también como presidenta honoraria del Observatorio Luz Ibarburu, seguramente tiene una valoración sobre el rol y compromiso del movimiento sindical con la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. 

Sí, por supuesto. Siempre destaco cuando hablo de Uruguay el rol que ha tenido el movimiento sindical y especialmente, el PIT-CNT. A diferencia de otros países, donde, por supuesto, existen sindicatos, en ninguno de los países que he investigado he visto un papel tan protagónico en la lucha por verdad y justicia. Y no solo en términos de difundir y comunicar la importancia de esa lucha, que, por supuesto, también lo han hecho, sino de impulsarla en los hechos concretos.

Desde hace varias décadas, por ejemplo, se realizó un intenso trabajo con el doctor Pablo Chargoñia en las primeras causas, como la de Elena Quinteros y otras, hasta llegar a la creación del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu que él coordina hoy, compuesto por abogados totalmente volcados y dedicados a esta tarea. Es algo que me parece sumamente importante destacar. No he investigado todos los países del mundo, pero me atrevería a decir que es algo único de Uruguay, este papel tan activo y fundamental de un actor colectivo como el movimiento sindical, que asume la búsqueda de justicia como una parte central de su compromiso con la sociedad.

Perfil 

Francesca Lessa es investigadora y profesora de Relaciones Internacionales de las Américas en University College London, en Reino Unido. Además, es presidenta de honor del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay. Investiga sobre derechos humanos en América Latina. Su trabajo examina especialmente la búsqueda de verdad, justicia y reparación por crímenes del pasado reciente en el Cono Sur. 

Es doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics and Political Science y ha colaborado en su trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Washington Office on Latin America (WOLA). Fue, además, perita frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Familia Julien Grisonas vs. Argentina”.

Su primer libro, ¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura, fue publicado por Penguin Random House Uruguay en 2014 y su último libro, Los juicios del Cóndor: La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur, fue publicado por Penguin Random House Uruguay en 2022. También, ha publicado artículos en algunas de las revistas más influyentes de su área, como Human Rights Quarterly, Journal of Latin American Studies, International Journal of Transitional Justice y Journal of Human Rights Practice.