Martínez detalló al Portal del PIT-CNT que el cronograma de pago de salarios, licencias y aguinaldos de la empresa COPSA con sus trabajadores se ha ido deteriorando con el tiempo. “Hoy pasamos de mes y no terminamos de cobrar el salario”, afirmó. Explicó que actualmente el esquema de pagos se realiza en cuotas: un 40% alrededor del día 10, un 20% la semana siguiente y el resto a lo largo del mes. Además, queda pendiente un 25% correspondiente a la licencia, sin fecha definida de cobro.

Indicó que recientemente mantuvieron gestiones “al más alto nivel” con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, quien planteó a la empresa la necesidad de completar los pagos dentro del mes siguiente. “La idea es que el salario de marzo se pague durante abril y no se extienda a mayo”, señaló. Según Martínez, incluso con adelantos de subsidios previstos para ese fin, la empresa no ha cumplido con ese objetivo.

El dirigente gremial también advirtió sobre el impacto de esta situación en las condiciones de trabajo. Mencionó, entre otros aspectos, la extensión de las jornadas de manejo, la organización de los horarios y la presión que enfrentan los trabajadores mientras cumplen sus tareas. “Estamos manejando en el tránsito mientras recibimos llamados de acreedores por deudas de préstamos o tarjetas de crédito”, indicó.

A esto se suma, según denunció, el incumplimiento en el pago de retenciones judiciales, como las pensiones alimenticias. “COPSA descuenta esos montos, pero al día de hoy no ha pagado, por ejemplo, lo correspondiente a marzo”, sostuvo. Para el dirigente, esta situación genera “una complicación emocional importante” que repercute tanto en conductores como en personal de taller.

Martínez afirmó que las condiciones laborales se han deteriorado desde la pandemia y que el pago irregular de salarios agravó el escenario. 

En ese contexto, cuestionó el aumento en la “severidad de las sanciones disciplinarias”. Explicó que, mediante un convenio interno, cada 15 días funciona un tribunal de disciplina integrado por representantes de la empresa y de los trabajadores, donde se analizan las notificaciones y descargos.

“Antes, una sanción era de dos o tres días; hoy estamos hablando de ocho o diez días”, señaló. Agregó que situaciones habituales en el transporte, como roces menores en el tránsito, son actualmente sancionadas con mayor dureza. Según indicó, la empresa maneja una “bolsa de jornales” destinada a sanciones y suspensiones mensuales, lo que -a su entender- responde a “necesidades de equilibrio económico interno”.

En cuanto al trasfondo económico, el dirigente señaló que las empresas del sector, en particular COPSA -que representa cerca del 50% del transporte suburbano-, sostienen que registran una pérdida mensual del entorno del 20%. En ese sentido, mencionó la expectativa por la creación de la Agencia Metropolitana de Transporte, que podría establecer una nueva estructura de financiamiento y una tarifa técnica que compense esa diferencia.

No obstante, advirtió que “no hay certezas hasta que se definan los aspectos presupuestales”. Además, recordó que la empresa enfrenta “dificultades financieras, con dos concordatos en curso y atrasos en el pago de cuotas a acreedores”.

Martínez también relató situaciones de vulnerabilidad entre los trabajadores. “Tuvimos que conseguir canastas de alimentos para compañeros que no llegaban a fin de mes”, afirmó, vinculando estos casos a los atrasos salariales y a las retenciones no abonadas. En ese contexto, señaló que la pérdida de confianza es uno de los principales problemas en la relación con la empresa. “Decían que iban a pagar el 20 y llegaba el 30 y no habían pagado”, ejemplificó.

Medidas

El sindicato se mantiene en conflicto, al considerar que “la situación de fondo no se ha resuelto”. Las medidas adoptadas incluyen volanteadas, cartelería y comunicados a la opinión pública. En casos de incumplimientos en las fechas de pago, se realizaron paralizaciones de 24 horas, como ocurrió durante el verano.

En el sector interdepartamental, además, persisten diferencias sobre los horarios de trabajo, particularmente durante el período estival. Martínez señaló que hubo casos en los que trabajadores finalizaban su jornada a las 3 de la mañana ya dentro de su día libre, para retomar tareas a la misma hora del día siguiente, lo que generó un “desfasaje importante”.

Dijo que el jueves 23 de septiembre está prevista una instancia en el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, continuarán las movilizaciones a lo que se suman las gestiones ya realizadas ante distintos ámbitos institucionales, incluyendo el Parlamento y las juntas departamentales de Canelones y Maldonado.

Solidaridad

Martínez destacó la actitud de los usuarios del transporte, a quienes calificó como “solidarios” frente a la situación. 

Según indicó, las medidas adoptadas por el sindicato no solo no han generado rechazo sino por el contrario, han recibido "la empatía de la gente cuando le informamos sobre nuestra situación laboral".

Subrayó que el gremio ha evitado afectar fechas sensibles, como el inicio de clases o la Semana de Turismo. “Hemos tratado de no mezclar el problema que estamos teniendo con las necesidades de la gente, porque por todos los medios evitamos afectar a la población y creo que eso la gente lo ha valorado y por ello es que estamos sintiendo la empatía hacia nuestra lucha”, puntualizó.