El PIT-CNT presentó en el Paraninfo de la Universidad de la República la propuesta para aplicar una sobretasa al Impuesto al Patrimonio del 1% más rico del país, con destino exclusivo a políticas contra la pobreza infantil. La iniciativa, elaborada junto a una comisión consultiva, plantea un “debate tributario profundo” ante una realidad en la que “un tercio de las niñas y niños vive en hogares pobres, mientras la riqueza se concentra cada vez más en manos de una minoría”.
Este lunes 24 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de la República se realizó la presentación de la propuesta del PIT-CNT para crear una sobretasa al Impuesto al Patrimonio del 1% más rico, destinada a financiar políticas que combatan la pobreza infantil y adolescente.
Se trata de una iniciativa elaborada junto a una comisión consultiva, que analiza la desigualdad en Uruguay y plantea fortalecer la capacidad redistributiva del sistema tributario.
La mesa estuvo integrada por: la vicepresidenta del PIT-CNT con especial atención a género, Carolina Spilman; el docente y secretario técnico del rector de la UDELAR, Agustín Cano; los economista se investigadores Mauricio de Rosa, Alejandra Picco (coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte) y Carlos Grau. De la presentación del documento participaron autoridades nacionales, legisladores, docentes de la UdelaR, integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT encabezados por el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, representantes de la Intersocial, de la FEUU, ONAJPU y numerosas personalidades de distintos ámbitos académicos y de la sociedad toda.
La vicepresidenta de la central, Carolina Spilman, destacó la importancia de la propuesta elaborada por la comisión consultiva y de su presentación en la Universidad de la República, agregando que la iniciativa propone un debate “serio, profundo y colectivo”.
Remarcó que en “Uruguay no falta riqueza sino justicia en su distribución” y añadió que el 17% de la población del país vive bajo la línea de la pobreza, el 32% de las niñas y niños de 0 a 6 años son pobres, lo que significa que uno de cada tres menores no accede a condiciones materiales dignas”. Remarcó que no son estadísticas frías sino el presente y el futuro de un país que se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos y que “hace alarde de una democracia que hoy se está poniendo en riesgo”.
Añadió que, según información disponible, “el 1% más rico del Uruguay concentra casi el 40% de la riqueza del país donde los recursos están cada vez más concentrados, resultado de un modelo económico, del entramado financiero y de una arquitectura tributaria y de decisiones políticas muy complejas”.
Spilman dijo que “falta la voluntad de avanzar hacia reformas que toquen privilegios y no sigan descargando el peso en quienes viven de su trabajo”.
Remarcó que la pobreza infantil en Uruguay “tiene rostro de mujer”, porque son las madres de los gurises las que viven en la precarización, salarios bajos e informalidad.
“Uruguay no puede resignarse a convivir con la pobreza infantil como si fuera una condición natural o ilimitada porque no lo es. Es reversible y la propuesta que se presenta es un camino adecuado para hacerlo”, puntualizó.
Añadió que “la clase trabajadora sabe que la desigualdad no se corrige sola sino con coraje político, mecanismos redistributivos e inversión pública real que llegue a los hogares más pobres”.
Emergencia nacional
La economista Alejandra Picco explicó que la propuesta no supone crear un impuesto nuevo, sino utilizar el impuesto al patrimonio de las personas físicas, que hoy tiene una recaudación “casi simbólica” -equivalente al 0,01% del PBI-, pese a que en los años 90 llegó a recaudar 0,6%, lo que evidencia su potencial. El planteo consiste en “aplicar una sobretasa sobre ese tributo exclusivamente al 1% con mayor patrimonio, con tasas progresivas de modo que quienes poseen más riqueza aporten proporcionalmente más”.
El diseño excluye ingresos del trabajo, no grava patrimonios vinculados a la actividad productiva y destina los recursos recaudados a un fondo específico para la reducción de la pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes, sin pasar por Rentas Generales.
Picco sostuvo que “no se presenta una cifra cerrada de recaudación”, aunque asegura que sería una fuente significativa de financiamiento, relevante pero insuficiente para erradicar la pobreza infantil. Aclaró que la propuesta no busca ser un cierre, sino el “inicio de una reforma tributaria más amplia, acorde a los cambios económicos que el país ha experimentado desde 2007”.
A su turno, el economista Mauricio de Rosa sostuvo que el fundamento central de esta iniciativa es “ético y social”, partiendo de lo que definió como “una emergencia nacional” ya que“ un tercio de las niñas y niños menores de 6 años viven en hogares pobres”.
Señaló que esta realidad convive con una alta concentración de riqueza. El 1% de mayores ingresos concentra alrededor del 15% de la renta -similar al 50% más pobre- y posee entre 37% y 39% del patrimonio del país, tributando muy poco sobre él.
Para De Rosa, “la desigualdad en el punto de partida determina buena parte del destino de vida, por lo que requiere políticas sostenidas y recursos estables”.
Afirmó que “invertir en infancia no solo es un imperativo ético, sino altamente rentable socialmente”. Sostuvo además que la literatura económica contemporánea ya no respalda la idea de que gravar patrimonio necesariamente frena el crecimiento, siempre que exista un diseño cuidadoso. El impuesto, subrayó, “es condición necesaria pero no suficiente, representa un paso imprescindible dentro de un esfuerzo nacional más amplio para enfrentar la pobreza infantil”.
Por su parte, el economista Carlos Grau enfatizó la necesidad de actuar con rapidez. Explicó que la elección de una sobretasa sobre el impuesto existente “permite evitar una reforma estructural que demoraría años, cuando se enfrenta una situación de emergencia”.
Recordó que “el impuesto al patrimonio de personas físicas hoy recauda apenas 9 millones de dólares, pero que históricamente mostró capacidad para acercarse a los 500 millones”.
Detalló que la propuesta mantiene sin cambios a quienes tienen patrimonios menores a un millón de dólares, mientras que quienes superen ese valor quedarían alcanzados por la sobretasa, aplicándose “tasas progresivas”.
El diseño prevé “una base imponible amplia -incluyendo depósitos, acciones, criptoactivos y otros activos-, excluyendo solo los títulos públicos, y descontando únicamente deudas reales para evitar maniobras de subdeclaración”. La tributación recaería exclusivamente sobre “personas físicas y no sobre empresas, para no afectar la producción y permitir el cruce de información con el impuesto a la renta, fortaleciendo el combate a la evasión”.
Grau afirmó que la recaudación debe obtenerse donde existe mayor capacidad de pago, recordando que hoy el 56% de los ingresos tributarios proviene del consumo, el componente más regresivo del sistema.
Por su parte, Agustín Cano, destacó que la razón de ser de la UDELAR es un espacio de discusión y debate plural. Dijo que la iniciativa pone foco en las necesidades urgentes. (Noticia en desarrollo)
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