El crimen de Luna, una adolescente de 13 años asesinada por su padre en Maldonado, reabrió el debate sobre la institucionalidad y el rol del Estado, el alcance de las políticas públicas relacionadas a infancias y adolescencias y hasta qué punto se continuará apelando a clisés que señalan que cada femicidio o filicidio, "nos interpela" como sociedad. 

El entorno familiar asegura que Luna le tenía pánico a su padre, el coronel retirado José María Etchegoyen. A ella su padre "le aterrorizaba" y según indicó en conferencia de prensa la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente (INAU), Claudia Romero, el caso refleja una historia de violencia sostenida, "un hecho extremadamente doloroso”. 

Tal como se difundió ampliamente, la joven vivía con una madre de crianza y estaba en proceso de vinculación con un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). 

Tras cometer el crimen, el militar se suicidó.

Interrogantes

La socióloga Paula Baleato, integrante de Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS), señaló en diálogo con el Portal del PIT-CNT que se trata de “un hecho muy conmovedor” y subrayó que, más allá de las investigaciones en curso, este desenlace “demuestra que se llegó tarde porque no se logró poner en el centro las políticas de infancias, adolescencias y el sistema de protección”.

Baleato recordó que el propio gobierno declaró como prioridad el abordaje de la pobreza infantil y la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, pero advirtió que desde PIAS se quiere conocer cuál es el plan, “cuáles son las acciones concretas que se van a llevar adelante para enfrentar los problemas que el sistema de protección ya tiene diagnosticados y sobre los que incluso hubo acuerdos entre los distintos partidos políticos”.

En esa línea, destacó que desde Plataforma, en 2024, se realizó un ciclo de diálogo interpartidario que evidenció coincidencias en torno a las fallas del sistema, tales como “la descoordinación vertical y horizontal entre organismos, la falta de respuestas a nivel territorial y la necesidad de respuestas articuladas”. Por eso, insistió en la importancia de avanzar hacia “un plan maestro que aborde estas situaciones”.

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La socióloga señaló que hasta ahora lo que se conoce son anuncios aislados, pero no un plan general, y expresó expectativa por la reglamentación de la Ley de Garantías de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. “En abril le planteamos al presidente de la República, Yamandú Orsi, que era urgente reglamentar esta ley, porque ella crea un Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que debería sentar a todos los organismos alrededor de una mesa para diseñar planes de acción específicos y concretos”, remarcó.

Sin embargo, advirtió que “ese proceso no está claro” y que todavía se desconoce cuándo entrará en funcionamiento dicho gabinete. “Para nosotros es de máxima urgencia. Estas situaciones sacuden y son apenas la punta del iceberg, el síntoma de que aún falta colocar en el centro a las infancias y adolescencias, y traducirlo en acciones concretas”.

Baleato remarcó que las responsabilidades son diferenciadas, pero que el Estado tiene un papel central. “En democracia, el Estado es el responsable de garantizar los derechos de las personas. Por supuesto que la sociedad, las familias, las comunidades y las organizaciones sociales también tenemos responsabilidades, pero son de distinto orden. El Poder Ejecutivo debe orientar las políticas, el Poder Legislativo y el Judicial también tienen un rol, y hoy lo que falta es una política pública integral, coordinada y con presupuesto”.

Según explicó, actualmente no existe un verdadero sistema de protección legalmente constituido. “Lo que tenemos es un entramado que funciona en base a voluntades políticas. No hay nadie que obligue a los organismos a coordinar entre sí. Por eso necesitamos que la Ley de Garantías se reglamente y comience a funcionar, porque al ser ley, obliga a esa coordinación”.

Reiteró la demanda de declarar la situación de las infancias y adolescencias como emergencia nacional. “En Uruguay tenemos un rezago muy importante en esta materia. Para nosotros, declarar la emergencia permitiría jerarquizar políticamente la temática y buscar mecanismos extrapresupuestales o extrainstitucionales para poder actuar”.

Catástrofe social en relación a las infancias 

Baleato comparó la situación de las infancias con una emergencia climática para ilustrar la magnitud del problema. “Si uno piensa en la emergencia climática, cuando hay emergencia se activan alertas y respuestas hasta que pase el huracán, los vientos, la inundación. Nosotros tenemos una catástrofe social en relación a las infancias, y a veces nos damos cuenta tarde. Un tercio de los niños vive en situación de pobreza, lo que duplica la pobreza de los adultos y cuadriplica la de las personas mayores de 65 años. Tenemos niveles de violencia alarmantes, y muchos niños internados con efectos negativos para ellos y la sociedad. En un país pequeño, sin guerras ni grandes desplazamientos de población, casi seis de cada diez niños que viven hoy en hogares del INAU están allí por pobreza, no por otro motivo”.

La especialista advirtió que el sistema de protección actual genera múltiples problemas. “Es obsoleto, desarticulado, fragmentado. Hay prestaciones sociales y apoyos a los que las personas no pueden acceder. Los problemas están diagnosticados, incluso tras nuestro ciclo de diálogo con todos los partidos políticos, y se conocen pistas de cómo avanzar. Pero luego los temas dejan de estar en la agenda, y ahora vemos que ocupan nuestra atención debates vergonzosos en el Senado. Un hecho lamentable como éste nos vuelve a sacudir y nos recuerda que necesitamos apoyo. Tal vez sea tarde, quizá se podría haber evitado, pero lo cierto es que debemos atender el sistema de protección de manera urgente e inminente”.

Plataforma Infancias y Adolescencias es una alianza de organizaciones comprometidas con la promoción, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Uruguay. Su acción incluye incidencia pública para posicionar temas prioritarios en la agenda nacional, comunicación estratégica para generar debates y alianzas, y la creación de instancias de formación y capacitación con profesionales, técnicos, organizaciones y prensa. También promueve la acción colectiva en los territorios, con referentes departamentales, y difunde avances en conferencias, charlas y eventos a nivel nacional e internacional.

Combate a la pobreza infantil

Por otro lado, Baleato se refirió a la propuesta del movimiento sindical que junto a la academia están trabajando en un proyecto para gravar con un 1% al 1% más rico de la sociedad, destinando esos recursos a combatir la pobreza infantil. “Desde PIAS estamos a la espera de mantener una reunión con el PIT-CNT para conocer en detalle y en profundidad la propuesta. De todas maneras, nos parece bienvenida, porque pone sobre la mesa la discusión sobre la desigualdad y la necesidad de una redistribución justa. Si bien como Plataforma no tenemos una propuesta económica específica vinculada a la redistribución, consideramos que superar la pobreza monetaria y multidimensional en familias con niños y adolescentes nos obliga a debatir sobre redistribución del ingreso, ya que junto con la pobreza existe la desigualdad”, manifestó Baleato.

Remarcó que actualmente, hay riqueza generada en el país, pero su apropiación es excesivamente desigual. “Muchas personas no llegan a fin de mes ni pueden cubrir sus necesidades básicas, y alrededor de 150.000 niños viven en condiciones críticas. La discusión central es cómo lograr una distribución más equitativa de los recursos disponibles. En ese sentido, nos parece una conversación no solo bienvenida, sino también urgente y necesaria”.