El pasado 15 de julio, el Parlamento aprobó la designación de la exjueza penal Mariana Mota como nueva integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La propuesta de su nombre surgió a instancias de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, quienes le solicitaron que se postulara. “Para mí fue relevante que las organizaciones sociales como Madres y Familiares propusieran mi nombre para asumir esta responsabilidad. Me compromete a dar lo mejor de mí en una lucha que, lamentablemente, aún está lejos de terminar, como lo es la búsqueda de los desaparecidos”, expresó.

Mota, quien ya había integrado la junta directiva del Instituto Nacional de Derechos Humanos entre 2017 y 2022, es reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

En diálogo con el Portal del PIT-CNT, explicó que su objetivo es fortalecer el papel de la INDDHH tanto en el plano de la búsqueda de los detenidos desaparecidos como en otras áreas que la institución abarca. “Es una institución muy noble en su origen y en su concepción. Se inspira en modelos que funcionan en distintos países con mecanismos similares. Lamentablemente, cuando intervienen intereses político-partidarios, su cometido puede desnaturalizarse. A veces esos intereses externos desvían el verdadero propósito de la institución, que en esencia es muy valioso”, reflexionó.

Adelantó algunos de los ejes de trabajo que guiarán su gestión. “La búsqueda es un tema que me involucra profundamente y en el que quiero trabajar. Pero también quiero contribuir al fortalecimiento del trabajo cotidiano de la institución. Hoy en día, la INDDHH está un poco ausente o no tiene la presencia necesaria en el diálogo con los distintos organismos del Estado. Es fundamental aportar desde la visión de la agenda de derechos y reforzar esa participación. Hay buenos equipos y buenos informes elaborados; la institución debe utilizarse y potenciarse desde dentro”.

También destacó la importancia del vínculo con la sociedad civil. Además del trabajo con Madres y Familiares, Mota ha mantenido una relación fluida con el Observatorio Luz Ibarburu, con sindicatos y diversas organizaciones sociales que desempeñan un rol clave en la construcción del tejido social en materia de derechos humanos. “La institución tiene, por ley, una instancia anual de asamblea con las organizaciones, donde se trabaja sobre distintos ejes temáticos. Ese es un espacio de encuentro valioso, pero no debe ser el único. Hay que incentivar una participación más sostenida en las temáticas que desarrolla la institución. La INDDHH debe ser un canal de ida y vuelta, recibir los aportes y necesidades que las organizaciones captan desde su cercanía con el territorio, y trasladarlos a los organismos departamentales, zonales o nacionales. Eso fortalece tanto a la institución como al vínculo con el Estado”, explicó.

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El peligro del negacionismo y la regresión en derechos

Consultada sobre los embates actuales de las expresiones neofascistas en el mundo, Mota fue contundente: “estamos viviendo una época donde se pretende reescribir la historia, y donde se pierden consensos internacionales fundamentales, como los que establecen la protección de los refugiados según Naciones Unidas”. Recordó la importancia de revisar cómo se gestó la Declaración Universal de Derechos Humanos. “Más allá de los consensos necesarios para su redacción, se llegó a un texto respaldado por la mayoría de las naciones del mundo, que reconocía estándares básicos de respeto a los derechos humanos. Esa conciencia colectiva fue el resultado de luchas y sacrificios. Llegar a esos estándares no fue fácil, y no basta con haberlos conquistado, hay que sostenerlos día a día”.

Para Mota, estamos asistiendo a una degradación progresiva de esos consensos. “Hoy en día, se ignoran recomendaciones de la ONU sobre violaciones graves a los derechos humanos. Se pierde de vista cuánto costó alcanzar esos niveles de protección para una vida digna. Es alarmante ver cómo se los banaliza, se los considera superados o se los reemplaza con otras supuestas prioridades que nunca terminan de definirse, pero que terminan arrasando con los derechos”, denunció.

La exjueza señaló que esta regresión afecta de forma particular a las poblaciones más vulnerables, tales como migrantes, mujeres, infancia, adolescencia, y comunidades LGTBI. “Los negacionismos tienden a presentar una falsa dicotomía entre el progreso y la defensa de derechos. Nos dicen que somos antiprogreso cuando, en realidad, lo que se está haciendo es desmantelar conquistas sociales en beneficio de intereses económicos de unos pocos”, afirmó.

Por otro lado, subrayó que Uruguay, pese a su tamaño, puede tener un rol relevante. “Somos un país pequeño, y nuestras vidas también son pequeñas, pero funcionamos como comunidad. Esa dimensión puede ayudarnos a abordar estos temas con profundidad. Como decía Eduardo Galeano, ‘pequeñas personas en pequeños lugares haciendo pequeñas cosas pueden cambiar el mundo’. Tal vez no incidir en el mundo, pero sí hacer nuestra parte como sociedad”.

Finalmente, hizo un llamado a no bajar la guardia. “Por ahora, en Uruguay, no estamos transitando un negacionismo fuerte, pero hay señales. Y hay que estar muy alerta. La defensa de los derechos humanos no es solo tarea de gobernantes o instituciones, sino también de la ciudadanía, de las comunidades educativas, y de todos los niveles de nuestra sociedad”.