Con una caminata simbólica por el casco histórico de Montevideo y un acto de memoria colectiva, se rindió homenaje a las mujeres e infancias indígenas trasladadas forzosamente hasta la capital del país tras la matanza de charrúas en el paso de Salsipuedes en 1831. En ese marco, el activista e integrante del Área Indígena de Derechos Humanos y Políticos Sociales del PIT-CNT, Fernando Vaz, planteó la necesidad de avanzar en políticas de reparación, entre ellas la creación de un cupo laboral para descendientes indígenas, como forma de reconocimiento histórico y justicia social.
Este miércoles 29 de abril se realizó en Montevideo un homenaje a las mujeres y niños indígenas que fueron traídos a pie desde Salsipuedes tras los hechos de 1831. La actividad comenzó a las 16 horas con una caminata desde la Puerta de la Ciudadela hasta el Cuartel de Dragones, y culminó con un acto en la cancha de la liga Guruyú, en la zona de Ciudad Vieja.
Según la historiografía oficial, en el ataque habrían muerto 40 charrúas y 300 habrían sido tomados prisioneros, algunos de los cuales lograron huir.
Fernando Vaz, integrante del Área Indígena de Derechos Humanos y Políticos Sociales del PIT-CNT, explicó al Portal de la central sindical que el homenaje busca “visibilizar una parte de la historia nacional muchas veces silenciada”.
Señaló que el objetivo es que “la ciudadanía conozca los padecimientos de los descendientes del pueblo charrúa” y afirmó que, en ese camino, impulsarán la creación de un cupo laboral obligatorio para la población indígena, en línea con políticas ya existentes para personas afrodescendientes y trans.
Vaz subrayó la importancia simbólica y cultural de la jornada. Según explicó, lo ocurrido en Matanza de Salsipuedes no se limitó al episodio inicial, sino que “continuó con el traslado forzado de mujeres y niños, encadenados, a lo largo del territorio”.
“Muchas mujeres fueron entregadas a estancias durante el trayecto, mientras que los niños fueron derivados a orfanatos. Los últimos contingentes llegaron a Montevideo, donde fueron repartidos en el entorno del Cuartel de Dragones, hoy señalado como sitio de memoria”, recordó.
El dirigente mencionó que estos hechos se inscriben en el proceso iniciado abril de 1831 -bajo el mando de Fructuoso Rivera- y que se extendió en los días posteriores, hasta comienzos de mayo, “cuando las últimas mujeres fueron distribuidas entre familias de la élite”. Indicó que existen registros documentales de la época que dan cuenta de esta situación, recogidos por Eduardo Acosta y Lara en su obra “La Guerra de los Charrúas” y también en obras literarias como “Bernabé, Bernabé” de Tomás de Mattos.
Vaz sostuvo que el proceso histórico posterior implicó la “dispersión de las familias indígenas y la pérdida de registros sobre su destino”.
Afirmó que muchos niños fueron “entregados a instituciones o familias sin dejar huellas documentales claras, en un contexto marcado por el silencio y la invisibilización”. También señaló la responsabilidad del Ejército, en complicidad con sectores de la Iglesia, en estos hechos.
El integrante del PIT-CNT remarcó que el trabajo de memoria es, además, una “herramienta educativa” para las nuevas generaciones. En ese sentido, destacó actividades realizadas en territorio, como la jornada en la escuela rural Vaimaca Perú, donde estudiantes compartieron una proclama sobre los hechos de Salsipuedes, como forma de transmisión intergeneracional de la historia.
Consultado sobre las controversias en torno a la interpretación histórica, Vaz afirmó que “existen posturas que intentan relativizar la responsabilidad de Rivera, a quien sectores del Partido Colorado reivindican como un apaciguador”. Sin embargo, sostuvo que la documentación disponible muestra que “el operativo fue planificado y ejecutado con el objetivo de someter al pueblo charrúa en defensa de los intereses de los estancieros de la época, además de haber sido uno de los primeros dictadores”.
Insistió en la necesidad de que la sociedad “preste atención” a esta parte de la historia y la vincule con las desigualdades actuales.
Señaló que, según estimaciones de algunos censos, la población con ascendencia indígena representa alrededor del 6%, aunque consideró que “esa cifra es mayor debido a subregistros en zonas rurales y sectores periféricos”.
En ese marco, reafirmó la propuesta del PIT-CNT de incluir a la población indígena en políticas de acción afirmativa, como el cupo laboral, como parte de un proceso de reparación histórica.