Hoy reafirmamos que reclamar y manifestarnos por nuestros derechos y contra la privatización de nuestros recursos, no es un crimen.

La criminalización de la protesta no puede ser un mecanismo de coerción en ningún contexto ni para ningún trabajador o trabajadora.

La Fiscalía ha determinado que el caso contra el ex presidente de nuestro sindicato, Federico Kreimerman, y otros compañeros se cerrara y esto no hace más que evidenciar los mecanismos utilizados por la pasada Administración del Gobierno de Coalición de perseguir y acallar a quienes se oponían a sus negocios privatizadores.

Más que nunca reafirmamos, EL AGUA ES DEL PUEBLO y siempre vamos a defenderla.