La Formación en Educación es la única institución terciaria que abarca todo el país, en un proceso de descentralización que, con distintos vaivenes, se fue consolidando a través de los años. Sin embargo, en la última semana los consejeros políticos partidarios Walter Fernández Val, Martina Bailón y Laura Donya han dispuesto medidas que perjudican severamente el funcionamiento de los institutos de formación de docentes y educadores a nivel nacional.

El Consejo de Formación en Educación decidió reducir de forma brutal la cantidad de grupos y cursos que serán impartidos el año próximo afectando la situación laboral de decenas de docentes y la cursada de miles de estudiantes. Esto es un clara violación de la Ley de negociación colectiva, por la cual todo cambio de las condiciones de trabajo, debe pasar por instancias bipartita con el sindicato. Una acción traicionera además, porque lo hicieron mientras negociaban con el sindicato el reglamento de elección de horas y constitución de cargos docentes sin advertir que se iba a cambiar la oferta de trabajo.

En un momento en el que -con razón- se reclama la profesionalización de la docencia, darle carácter universitario a la formación en educación y la descentralización de la oferta educativa, las actuales autoridades decidieron eliminar grupos de trabajo presencial (en el que profesores y estudiantes comparten experiencias cara a cara y en espacio de aula), sustituyéndolos casi en su totalidad por instancias semipresenciales, que mezclan pocas instancias presenciales con la mayoría del trabajo en plataforma. Así eliminan más de 222 grupos de todas las carreras ( más de 8000 horas de clase), perjudicando principalmente a los centros de formación del interior del país.

Se tiende a generar una formación cuya presencialidad va a estar centralizada en Montevideo y con instituciones vacías en el resto del país.

Este recorte presupuestal ocasiona un efecto dominó que impactará con desempleo en todos los subsistemas educativos. Decenas de profesores, no podrán completar su carga horaria de trabajo en esta institución, por lo que se verán obligados a tomar horas en educación media o primaria.

Además de los puestos de trabajo que se pierden, estas medidas afectan el derecho a estudiar de miles de estudiantes. La modalidad semipresencial en algunos cursos fue inicialmente concebida como una forma alternativa de formación, para incluir a estudiantes que por situación familiar o laboral, no podían asistir a las aulas. Las autoridades pretenden transformar una medida excepcional en la regla para toda la formación, reduciendo el trabajo en aula.

La posición de las autoridades del CFE significa un retroceso respecto a políticas de descentralización educativas que creíamos consolidadas y un atropello a la libertad de elección y democratización de la educación pública, sobre todo la educación en el interior, en donde las carreras de profesorado, maestro y profesor técnico, educador social o magisterio son, en muchos casos, la única posibilidad de formación terciaria para miles de jóvenes.

Acá hay responsabilidades políticas que el Codicen de la ANEP deberá respaldar o no, porque más allá de la independencia de los subsistemas se está realizando un recorte que afecta a estudiantes y docentes de toda la educación públicas.

El déficit generado por malas decisiones y peores políticas educativas no puede ser solventado reduciendo las posibilidades de educación a cientos de jóvenes. Se está cortando el hilo por el lugar más fino y se hizo a espaldas de los directamente involucrados.

Hoy se están movilizando estudiantes y docentes de todo el país defendiendo la Formación en Educación frente a este brutal recorte.

Exigimos que las autoridades de la enseñanza den marcha atrás en el descuartizamiento de la Formación en Educación e inicien un cronograma serio y responsable para modificar el Plan 2023