Este lunes 11 de agosto, el PIT-CNT ofreció una conferencia de prensa para detallar las características del paro general con movilización convocado para este martes 12, bajo la consigna: “El pueblo primero. Más trabajo y salario. Mejor Uruguay”.

En la instancia participaron el secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López (COFE); la secretaria general adjunta, Alejandra Pereira (FUM); y el secretario de Comunicación y Propaganda, Sergio Sommaruga (SINTEP).

El paro se desarrollará de 9 a 13 horas en prácticamente toda la actividad privada, con excepción de la enseñanza privada y del sector público, que han resuelto una detención de actividades de 24 horas.

En el caso del sector público, el paro será de 24 horas de detención en la mayoría de los organismos. 

El eje unificador de la medida será la movilización, que contará con la participación de todos los gremios públicos y privados, así como delegaciones provenientes de distintos puntos del país. La concentración comenzará a las 10 horas en la explanada de la Universidad de la República. Desde allí, se marchará hacia la Plaza Libertad, donde se realizará un acto con oratoria a cargo del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y de la secretaria general adjunta, Alejandra Pereira.

José Lorenzo López señaló que la consigna de la movilización de este martes 12 establece el marco de acción del movimiento sindical en esta etapa, orientada a lograr una mejor redistribución del ingreso y la riqueza. “Hemos buscado la posibilidad de colocar en el debate algunos temas que están marcando la agenda pública, como la definición de una estrategia nacional para el desarrollo y la erradicación de la pobreza infantil, una situación que constituye una afrenta para el Uruguay”, afirmó.

Agregó que también se ha planteado “la discusión sobre la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial y la mejora de las condiciones de trabajo, en el marco de la negociación de los Consejos de Salarios de la actividad privada”. En este punto, destacó que la definición del PIT-CNT ha sido clara y contundente, que “las pautas para el sector privado son mejores que las del gobierno anterior, pero siguen siendo insuficientes. Y en el sector público, las pautas no son para nada satisfactorias, motivo por el cual han sido rechazadas en forma unánime”.

López aclaró que en el Consejo Superior no participa únicamente la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado(COFE), sino también la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), en representación de los trabajadores de la enseñanza; la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que representa a los trabajadores de las empresas públicas; la Intergremial Universitaria, por los trabajadores universitarios; los judiciales; y los trabajadores del sector municipal, tanto de Montevideo como del interior.

López advirtió que, si no se logran acuerdos, “los conflictos se van a generalizar o profundizar en cada uno de los sectores, o bien a través de definiciones más generales adoptadas por el PIT-CNT”.

Por su parte, Alejandra Pereira, en relación con el Consejo Superior del sector público, recordó que el movimiento sindical lo rechazó en dos oportunidades. Explicó que la expectativa de los trabajadores y trabajadoras era que, si el país crece -como lo proyecta el gobierno-, el salario también aumentara en la misma dirección. “Eso no estuvo arriba de la mesa y, además, tampoco se contempló, como sí ocurrió en el sector privado, un incremento adicional para las franjas más bajas de las trabajadoras y trabajadores con menores ingresos”, señaló.

Imagen

Pereira subrayó que, para los sindicatos que integran el PIT-CNT, la propuesta oficial “no es de recibo”, dado que persisten “situaciones graves” en materia salarial y en las expectativas de los trabajadores. Añadió que tampoco se incluyó una cláusula que asegurara el crecimiento del salario, lo que, según afirmó, se debió al ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno.

“Entendimos que solo garantizar el salario real por cinco años -y con dudas de que eso efectivamente se cumpla- no era suficiente. Creemos que, movilizándonos todos juntos, podemos cambiar lo que hoy está sobre la mesa”, indicó.

Vocación y compromiso 

A su turno, Sergio Sommaruga afirmó que la población conoce “la vocación y el compromiso histórico del movimiento sindical de luchar por una sociedad más justa, más integrada y más solidaria”. Destacó que el PIT-CNT “tiene un compromiso con el Uruguay del futuro, pero eso comienza en el aquí y ahora”. En este presente, sostuvo, “el trabajo y el salario son claves para la sostenibilidad social, la justicia social y el funcionamiento democrático”.

Señaló que ya está en marcha la undécima ronda de los Consejos de Salarios, que en el sector privado impactará inicialmente en la realidad económica de 700.000 familias. “No es una responsabilidad menor para el movimiento sindical afrontar esta circunstancia”, dijo. Explicó que, si bien los lineamientos actuales “son mejores que los precedentes, siguen siendo insuficientes” para cumplir con los objetivos de mejora salarial y laboral planteados incluso por el propio Poder Ejecutivo.

El PIT-CNT, agregó, asume el compromiso de superar esas pautas “para asegurar que no haya pérdida de salario durante los dos años de vigencia de los convenios y que, al finalizar, se consolide el crecimiento del salario real, es decir, que el salario rinda más que el aumento general de los precios y mejore la vida de las familias trabajadoras”.

Sommaruga recordó que incluso en el período de gobierno pasado -entre 2019 y 2024- la economía creció un 6,4%, y que el segundo motor de ese crecimiento fue el consumo interno. “El consumo interno es la gente comprando en la carnicería, en la farmacia, subiendo al ómnibus, es la vida misma. Cuando hay salario y trabajo, la sociedad funciona bien, baja la criminalidad y mejora la calidad de vida. Cuando se pelea por salario, se pelea por una mejor sociedad. Cuando se pelea por trabajo, se pelea por derechos para todos y todas”, sostuvo.

Imagen

En este marco, calificó la movilización del martes como “muy importante” porque “va a dejar en claro, al sistema político en su conjunto -gobierno, oposición- y a los agentes económicos, cuál es la perspectiva del movimiento sindical para afrontar la coyuntura inmediata de cara a la construcción del Uruguay del futuro”.

Entre las prioridades mencionó la necesidad de “definir una estrategia nacional de desarrollo, cambiar la matriz productiva, rediscutir el rol del Estado en la planificación estratégica a la luz de experiencias internacionales exitosas como las de países asiáticos, y modernizar la normativa laboral para incorporar y regular el impacto del influjo tecnológico en las condiciones de trabajo”.

También reiteró la postura del PIT-CNT, expresada el 1º de mayo y trasladada al presidente de la República, Yamandú Orsi, referida a que “no hay más plazo para promesas en relación con la erradicación de la pobreza infantil”. Anunció que en septiembre se presentará públicamente una propuesta concreta para aplicar un impuesto al 1% más rico de la población, destinado exclusivamente a este fin.

Según detalló, se trata de un tributo que alcanzaría a unas 25.000 personas que concentran “8 de cada 10 pesos que hay en los bancos”. La propuesta -que implicaría un punto del Producto Bruto Interno, equivalente a entre 700 y 800 millones de dólares- está siendo elaborada por una comisión interdisciplinaria integrada por economistas como Mauricio de Rosa y Joan Vilá; el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE); especialistas en derecho tributario como Andrés Blanco; académicos como Juan Geymonat; y la economista del Instituto Cuesta Duarte, Alejandra Picco, entre otros.

“Queremos que este impuesto tenga un destino exclusivo, el de erradicar la pobreza infantil. No para otro fin. La gente está cansada de que se proponga algo y después la solución no llegue. Esta medida debe tener una direccionalidad clara”, afirmó. Parte de los recursos obtenidos se destinarían al Sistema Nacional de Cuidados y a acciones del Banco de Previsión Social (BPS) vinculadas a la primera infancia, ayudas extraordinarias para personas en convalecencia y menores en situación de vulnerabilidad.

Sommaruga subrayó que, más allá de esta propuesta, el movimiento sindical exigirá al Poder Ejecutivo y al sistema político que adopten soluciones urgentes. “No hay que esperar a que esta iniciativa se concrete. Hay que actuar ya, porque los niños están sufriendo ahora. No es algo que se pueda dilatar en el tiempo”.

Ingreso a la función pública

Por otro lado, el secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López, valoró positivamente declaraciones recientes del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Miguel Pérez, quien anunció la derogación del decreto 310 del gobierno anterior. Esta norma regulaba el ingreso a la función pública y establecía que de cada tres vacantes solo se cubriera una, lo que, según López, provocó el desmantelamiento de varios servicios públicos. “Ni siquiera esa vacante se llenó en la mayoría de los organismos, generando un vaciamiento de gran parte de los servicios”, recordó.

Imagen

Sin embargo, el dirigente expresó preocupación tras acceder a los lineamientos del equipo económico para la elaboración de los presupuestos de los organismos públicos. “Esos lineamientos establecen que la habilitación de crédito para contrataciones o para la masa salarial será únicamente la correspondiente al crédito ejecutado en 2024”, señaló. A su entender, esto implica que, si bien la derogación del decreto 310 “puede servir hacia el futuro, no permitirá recuperar las vacantes ya generadas”.

López sostuvo que esta postura del Poder Ejecutivo, en materia presupuestal, salarial y de manejo de vacantes, “consolida el ajuste fiscal del gobierno anterior” y advirtió que esta situación “preocupa mucho” al movimiento sindical.

Conflicto en la pesca

En referencia a la decisión de empresarios del sector pesquero -actualmente en conflicto- de realizar un llamado para contratar nuevos trabajadores, el secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, cuestionó la medida y llamó a buscar soluciones mediante el diálogo. “Por sentido común, cuando hay un incendio lo peor que podés hacer es tirar nafta. Hay que tener vocación para solucionar los problemas, no para empeorarlos”, dijo.

Sommaruga advirtió que existen “familias de trabajadores muy angustiadas” y señaló que la pesca enfrenta problemas estructurales, como la subutilización del recurso ictícola, la necesidad de renovar una flota “absolutamente arcaica” y el incumplimiento de normativa nacional e internacional. Recordó, además, que Uruguay tiene compromisos pendientes con la OIT para firmar convenios que mejoren sustancialmente las condiciones laborales del sector.

En este sentido, planteó una propuesta “sin costo económico” para resolver parte del conflicto, como lo es utilizar el convenio vigente con UTU para que estudiantes de patrones de pesca y conductores de barcos realicen prácticas a bordo, asumiendo la suplencia del conductor titular cuando este deba descansar. “Así se logran dos cosas: que los futuros profesionales hagan su práctica y que los pescadores dispongan del tiempo de descanso físico imprescindible”, explicó.

“El movimiento sindical no busca problemas, busca soluciones. Exhortamos a los empresarios a revertir esta medida y a ayudar a resolver un problema que nos afecta a todos”, puntualizó.