El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, días pasados anunciaron la creación de una Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social. Esta iniciativa se enmarca dentro de una de las propuestas de campaña orientadas a estudiar una reforma integral de la seguridad social, incluyendo el sistema provisional.

La Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que operará en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estará integrada por la OPP, los ministerios de Salud Pública (MSP), Desarrollo Social (MIDES), Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Economía y Finanzas (MEF), así como por el Banco de Previsión Social (BPS). Se prevé la conformación de un plenario en el que estarán representadas otras entidades del Estado, junto con actores sociales como el PIT-CNT, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) y las cámaras empresariales.

En este contexto, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó como “auspiciosa” la instalación de la comisión sobre seguridad social y destacó la importancia de la periodicidad de las reuniones, el método de trabajo y la interacción del Ejecutivo con la sociedad.
Abdala señaló que el movimiento sindical presentará en el diálogo social propuestas basadas en las resoluciones de su Congreso, orientadas a una “transformación integral” de la seguridad social. Insistió en tres medidas clave: reducir la edad de jubilación, mejorar las prestaciones y elevar la jubilación mínima, y eliminar el lucro financiero en el sistema.

Asimismo, subrayó que una reforma integral requiere cambios en el financiamiento de la protección social, ya que considera que el modelo actual es “ineficiente e injusto”. Finalmente, remarcó que, si el gobierno busca una nueva seguridad social, el punto de partida debe ser la redefinición de su financiación.

El financiamiento del sistema de seguridad social

En diálogo con el Portal del PIT-CNT, el integrante del Equipo de Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social (ERT-BPS) y asesor legal del PIT-CNT, Gabriel Salsamendi, explicó cómo se prepara la central sindical para abordar el diálogo social.
"El Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS tiene una larga tradición en el impulso de la instalación de una mesa de diálogo social. Ya lo había planteado durante la administración de Luis Lacalle Pou, luego comenzó a trabajarlo en el marco de la campaña electoral y, este año, con el gobierno de Yamandú Orsi, continúa con distintas instancias de trabajo. En abril, iniciará actividades sobre financiamiento", señaló.

Asimismo, recordó que en el PIT-CNT funciona una comisión encargada de la redacción de un documento sobre seguridad social, que será presentado al Congreso y constituirá la base de la postura de los sindicatos en la instancia de diálogo social.

Salsamendi recordó que los planteos de la central sindical se centran en el financiamiento, que fue el problema en la instancia anterior. "Hay una visión, compartida por algunos economistas, que sostiene que existe un determinado espacio fiscal y que los recursos deben distribuirse dentro del sistema de protección social. Nosotros, desde la central obrera, entendemos que esa es una forma de verlo", señaló.

Asimismo, dijo que otra manera de abordar el problema es preguntarse cuáles son los derechos que deben protegerse y qué fuentes de financiamiento pueden utilizarse para atender esas necesidades sociales. Todo esto, considerando que existe un límite presupuestal, ya que hay otros aspectos que la sociedad también debe atender. “En este debate, también es clave definir qué se entiende por seguridad social y cuáles son los aspectos que debe abarcar”, remarcó.

Salsamendi aclaró que la discusión no se centrará únicamente en el aspecto jubilatorio, sino en una reforma integral de la seguridad social. “Parecería que esta es una idea compartida por el gobierno, según las primeras declaraciones de Rodrigo Arim, quien señaló que se debe analizar todo el sistema”, afirmó.

En cuanto a la postura del movimiento sindical, indicó que el resultado del plebiscito de octubre de 2024 no impide que estos temas no puedan volver a ser debatidos, especialmente el de la edad de jubilación. "El presidente Orsi, cuando era candidato, expresó claramente su intención de restablecer la edad de 60 años para acceder a la jubilación. Es un tema que probablemente vuelva a plantearse o, al menos, da la impresión de que existe la voluntad de legislar en ese sentido", dijo.

En cuanto a otros planteos, como la equiparación de las jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, Salsamendi destacó que el gobierno “también propuso elevar el valor de las prestaciones mínimas al salario mínimo nacional”.

Respecto a otro de los temas incluidos en el plebiscito, la eliminación del lucro financiero de las AFAP, Salsamendi aclaró que la posición del partido de gobierno era contraria. "Es presumible que no lo vayan a plantear y, si surge la discusión, es poco probable que lo acompañen. Por ahora, el debate sobre este tema sigue planteado como históricamente lo ha hecho el movimiento sindical, y no debería sorprender a nadie que el PIT-CNT insista en ello", afirmó.

"Se ha hablado mucho sobre los cambios y modificaciones en la forma de organizar el trabajo, lo que, sin duda, afecta a la seguridad social. Actualmente, existe una corriente a nivel mundial que sostiene que las fuentes de recursos tradicionales -es decir, los aportes de trabajadores y trabajadores- tienen un límite y que los cambios en la organización del trabajo han impactado en ello. En otras palabras, este sistema fue creado en el siglo XIX para las condiciones de esa época. Si todos coinciden en que esas condiciones han cambiado, no parece lógico insistir exclusivamente en mantener las mismas fuentes de financiamiento”, dijo Salsamendi.

Acotó que en esta línea, “se está elaborando una propuesta que apunta a la incorporación de tributos de carácter general para financiar la seguridad social, en lugar de depender únicamente de los aportes de trabajadores y empresarios”.

"Por ejemplo, una idea concreta que se está considerando es la sustitución gradual de los aportes patronales por un impuesto sobre la renta. Esto permitiría reducir lo que se denomina el 'costo laboral' y beneficiaría a quienes emplean más mano de obra. Además, ayudaría a disminuir el incentivo a sustituir el trabajo humano por tecnología, ya que el costo de contratar personal o automatizar tareas sería más equitativo desde el punto de vista económico", remarcó.

El integrante de la representación de los trabajadores en el BPS señaló que Uruguay “ya tiene antecedentes en este sentido, como el financiamiento de la seguridad social a través del IVA”. Sin embargo, se busca “profundizar esta alternativa y encontrar una fuente de financiamiento que no dependa exclusivamente del trabajo formal”.

"Esto cobra especial relevancia debido al significativo aumento del empleo informal. Es necesario encontrar mecanismos para proteger a esas personas sin seguir recargando únicamente a los trabajadores formales. Si reconocemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que esto afecta la seguridad social, no podemos pretender financiar el sistema del siglo XXI con herramientas tributarias del siglo XIX", sentenció.