La crisis pone en cuestión el manejo de los fondos públicos y previsionales depositados en esa entidad. La opacidad sobre las decisiones de colocación, los criterios utilizados y los controles aplicados exige un esclarecimiento completo. La ciudadanía tiene derecho a saber quién decidió el destino de esos recursos, bajo qué condiciones y qué responsabilidades corresponden.

Los fondos previsionales respaldan jubilaciones, prestaciones y derechos construidos durante años de trabajo. Su administración exige garantías estrictas de seguridad, transparencia y control. No pueden quedar expuestos a decisiones condicionadas por intereses particulares o conflictos de interés.

Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores, jubilados y ahorristas afectados. Acompañamos los reclamos de la Mesa de Unidad Sindical Paraguay–CSA de recuperar los recursos comprometidos e investigar las responsabilidades empresariales, políticas y regulatorias. La renuncia de Peña no cierra esta crisis ni sustituye la obligación de rendir cuentas. Su costo no debe recaer sobre la población y la clase trabajadora.

Desde los trabajadores del sistema financiero uruguayo seguimos estos acontecimientos con atención y responsabilidad. Lo ocurrido en Paraguay no debe trasladarse automáticamente a nuestra realidad. Uruguay cuenta con un marco de regulación y supervisión cuya fortaleza debemos preservar.

AEBU considera necesario mantener una vigilancia activa sobre los acontecimientos regionales y brindar información oportuna sobre cualquier exposición relevante para Uruguay. La estabilidad se sostiene con transparencia, regulación exigente y capacidad de prevención.

Defender el ahorro, los fondos públicos y las jubilaciones es defender derechos de toda la sociedad. Para AEBU, un sistema financiero sólido y una banca pública fortalecida son parte de una estrategia nacional de desarrollo al servicio del trabajo y de la ciudadanía.