En el marco de sus medidas de lucha, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) logró este jueves un principio de compromiso por parte de la OPP sobre la habilitación de nuevos ingresos para 2025 y 2026, que incluye la no eliminación de vacantes. Asimismo, el gobierno estaría elaborando una propuesta relacionada a la compensación por guardia y estructura de cargos, todos asuntos que van en la dirección de los reclamos sindicales. 

En el marco del paro nacional convocado por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, Carolina Spilman (SUTEL) y Georgy Martínez (Unión Ferroviaria) reclamaron “ingreso genuino de personal, fin de las tercerizaciones, recuperación salarial, inversión pública, defensa de las empresas estatales y derogación de la ley de certificaciones médicas”. Exigieron una “estrategia nacional de desarrollo con justicia tributaria, soberanía y mirada social”.

La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), tras años de movilización junto a organizaciones sociales y ambientales, valoró como una victoria la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de suspender el proyecto Neptuno. El sindicato reivindicó el esfuerzo colectivo, denunció la persecución sufrida y advirtió que continuará vigilante ante eventuales nuevos intentos de privatización del agua.

"La firma del contrato no es el final sino que se trata de otra etapa que comienza de la lucha en defensa del agua y de la empresa pública". Acaso esa es la síntesis con la que los trabajadores encaran este nuevo escenario que el gobierno herrerista precipitó a pocos días de marcharse.

La Federación de Funcionarios de OSE, FFOSE, celebrará este jueves 31 de octubre los 20 años de la declaración del acceso al agua como derecho humano fundamental, cuando el 64 % de los ciudadanos uruguayos se pronunciaron a favor de la reforma constitucional que otorgó al Estado la responsabilidad exclusiva de la gestión del agua y saneamiento, consagrando mediante el artículo 47 de la Constitución de la República, que el agua "es un recurso natural esencial para la vida", que su acceso así como al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales y que es competencia del Estado garantizar a la población dichos servicios.