Este jueves 23, SUTIGA realizó una conferencia de prensa para informar sobre la situación, que califican como de “extrema precarización laboral” dentro del Estado.

Desde el sindicato señalaron que enfrentan “una situación de extremada precarización del trabajo que se está llevando adelante en el Estado, particularmente en el MIDES, pero que no se restringe solamente a dicho Ministerio”. 

Denunciaron una “continuidad en el no pago de salarios y partidas que se ha perpetuado en el tiempo, generando angustia e incertidumbre en los trabajadores, quienes deben enfrentarse mes a mes a la duda de si cobrarán sus sueldos”.

“Es imposible desarrollar funciones altamente calificadas en condiciones extremadamente precarizadas”, afirmaron, y vincularon esta situación con una lógica de gestión estatal que, desde hace décadas, busca reducir costos a través de la precarización laboral.

En ese marco, valoraron la movilización del sindicato, destacando la reciente marcha desde el MIDES al Ministerio de Economía y Finanzas por su convocatoria y capacidad de visibilizar los reclamos. No obstante, advirtieron que las soluciones puntuales no alcanzan y reclamaron cambios de fondo.

SUTIGA planteó tres medidas urgentes: “poner fin a la persecución sindical por parte de organizaciones de la sociedad civil (OSC), garantizar el pago de salarios mediante un mecanismo que no dependa de esas organizaciones -proponiendo la creación de un fideicomiso- y avanzar hacia el fin de la tercerización en funciones permanentes.

“El Estado debe hacerse cargo de las políticas sociales en su gestión, financiación y en la responsabilidad sobre los trabajadores”, indicó el sindicato. A su entender, “la precarización laboral también impacta en la calidad de los servicios que se brindan a la población”.

Además, vincularon sus reclamos con las resoluciones del último Congreso del PIT-CNT, que impulsan un programa de desprecarización del trabajo.

Cobrar el salario en tiempo y forma

La integrante de la Secretaría de Tercerizados de SUTIGA, Noelia Ramos, detalló la situación del colectivo y cómo continúa el conflicto.

“Somos trabajadores tercerizados, nos contratan ONGs y OSCs que, a su vez, son contratadas por el MIDES para ejecutar políticas sociales”, explicó. Según indicó, la totalidad de los planes y programas del Ministerio están en manos de privados.

Ramos señaló que el conflicto lleva más de un año y que el principal problema son las irregularidades sistemáticas en el pago de salarios. “Desde que comenzó esta administración, e incluso en las anteriores, ha habido irregularidades, y hasta hoy no se ha encontrado un mecanismo que asegure el cobro en fecha”, afirmó.

“Lo más básico para cualquier trabajador es cobrar en tiempo y forma. Tenemos compañeros en condiciones críticas, con más de un mes de salario adeudado, lo que implica un desgaste emocional muy grande”, agregó.

Subrayó que el trabajo se desarrolla con población en situación de extrema vulnerabilidad -personas con discapacidad, patologías psiquiátricas, madres con niños, víctimas de violencia de género y trata de personas-, lo que agrava el impacto de la precariedad laboral.

Ramos indicó que actualmente hay al menos ocho organizaciones con atrasos en los pagos y cuestionó la falta de efectividad de soluciones implementadas, como el sistema de microfinanzas anunciado en diciembre.

En ese sentido, reiteró el reclamo de una solución inmediata que garantice el cobro mensual, como la creación de un fideicomiso. Sin embargo, sostuvo que la solución de fondo es la destercerización de los servicios.

“Las políticas sociales deben estar bajo la órbita pública tanto en su diseño, ejecución, monitoreo y evaluación. No pueden quedar en manos de privados que muchas veces no cumplen con las condiciones o incluso malversan fondos”.

La dirigente sindical también cuestionó la “falta de condiciones laborales adecuadas”, denunciando “irregularidades contractuales, presiones y persecución sindical ante medidas de lucha”.

“Estamos amparándonos en el derecho a la organización sindical, pero recibimos amenazas y presiones constantes”, señaló.

Ramos planteó que el Estado debe asumir integralmente la gestión de las políticas públicas y advirtió que, de lo contrario, los procesos están “destinados al fracaso”. A su entender, las organizaciones tercerizadas no aportan el valor agregado que se les atribuye, sino que se limitan a administrar fondos, muchas veces de forma deficiente.

Asimismo, remarcó que los trabajadores tienen un conocimiento valioso para el diseño de políticas públicas, ya que son quienes intervienen directamente en el territorio.

“Nosotros no somos funcionarios públicos, no tenemos estabilidad laboral y estamos sometidos a condiciones de vulnerabilidad. Necesitamos garantías para poder llevar adelante políticas dirigidas a la población más vulnerable del país”, expresó.

En ese marco, advirtió que la situación social es crítica y va en aumento, por lo que reclamó ser parte de las soluciones.

Reclamos urgentes y propuestas

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El sindicato trabaja en dos ejes: mejorar las condiciones laborales en el corto plazo y avanzar hacia cambios estructurales a mediano y largo plazo.

En lo inmediato, exigen resolver los atrasos salariales, especialmente ante la llegada del invierno, cuando la problemática de personas en situación de calle se agrava. Proponen la implementación de un fideicomiso -similar al del Plan Juntos- que permita separar el pago a las organizaciones del pago directo a los trabajadores.

A mediano plazo, plantean avanzar en la destercerización, especialmente en áreas sensibles como violencia de género y trata de personas, que consideran no deberían estar en manos privadas.

Finalmente, señalaron que, según relevamientos del sindicato, todos los trabajadores han sufrido al menos un atraso salarial durante esta administración, con casos de organizaciones que acumulan hasta 19 incumplimientos en poco más de un año. Estiman que existen unos 500 proyectos tercerizados en el MIDES, que involucran al menos a 2.500 trabajadores, aunque advierten que no hay un registro preciso debido a la propia dinámica de la tercerización.